La UE no pidió a Sánchez suprimir la sedición: «Es competencia de cada Estado»

La excusa de la «europeización» que esgrime el Gobierno para fulminar el delito de sedición del Código Penal se desmonta con el hecho de que Bruselas nunca ha instado a Pedro Sánchez a acometer dicha reforma. De hecho, la propia Comisión Europea se llegó a pronunciar sobre este argumento falaz cuando, en 2020, la entonces vicepresidenta Carmen Calvo señaló que «Europa manda un mensaje» para reformar la sedición. «Las posibles reformas del Código Penal son competencia de los Estados miembros. No ha habido recomendaciones de la Comisión en este caso, es una competencia de los Estados miembros», rechazó el portavoz de Justicia, Christian Wiegand. Preguntadas sobre este mismo asunto, fuentes comunitarias señalan ahora que no existes nuevos comentarios al respecto.

El Ejecutivo ha venido insistiendo en la necesidad de «armonizar» el delito de sedición con el de otros países europeos para vender esta nueva cesión a los golpistas. Pero la realidad es que ni las instituciones comunitarias han enviado ningún mensaje al Gobierno, ni tampoco existe entre los países del entorno una definición común para la sedición. De hecho, delitos homologables se castigan con mayores penas que en España. En Alemania, por ejemplo, la «alta traición» por atacar a la República Federal o intentar cambiar el orden constitucional lleva aparejada un mínimo de 10 años y hasta la cadena perpetua. Igual que en Francia, donde se contempla esta máxima condena para quienes socaven la integridad territorial del país. En Italia, las condenas son de 12 años de cárcel para quienes promuevan la independencia. Y en Portugal, llegan hasta 20. Con la reforma de Sánchez, la sedición desaparece y se configura un nuevo delito, el «desorden público agravado», que castiga con apenas cinco años de cárcel los actos como el referéndum ilegal del 1-O.

En su argumentación, el Gobierno esgrime que se pretende «acercar la legislación penal española a la de los países de nuestro entorno» y defiende que «en otros ordenamientos es difícil encontrar un delito específico que pueda identificarse con este delito de sedición».

Por ello, recoge la iniciativa registrada en el Congreso, «a la vista de la regulación que de estos comportamientos llevan a cabo los países con los que España comparte tradición jurídica» resulta «imprescindible revisar el tratamiento que el Código Penal viene realizando de los delitos contra el orden público».

«Las penas asociadas a este nuevo tipo penal se sitúan en los contornos de las jurisdicciones europeas de nuestro entorno», prosigue el Ejecutivo, para quien «España incorpora así un modelo de protección avanzada del orden público ante estos riesgos muy similar al de países europeos, con los que comparte valores jurídicos y con los que aspira a una plena homologación». El Gobierno se mide a los códigos penales de Alemania, Francia, Italia, Suiza, Bélgica o Portugal, obviando que en estos casos las penas son más altas.

Treta

De hecho, el Gobierno ha recurrido a una treta parlamentaria, insertando la supresión de la sedición en una proposición de ley en la que también va un conglomerado de transposiciones de normas europeas, a fin de otorgarle ese pretendido sesgo de «europeización».

PSOE y Podemos manipulan de nuevo el contexto europeo al señalar que «la presencia en nuestro ordenamiento de tipos penales inexistentes en la mayoría de los Estados integrantes de la Unión Europea, o la vigencia de penas desproporcionadas en relación a las que se aplican en los países vecinos, resulta altamente disfuncional en lo relativo al funcionamiento de la cooperación judicial y de seguridad».

«¿Preferimos la Cataluña de 2022 o la de 2017? Hemos garantizado el respeto escrupuloso de la Constitución en Cataluña. Tenemos que continuar dando pasos. Tenemos que homologar en el Código Penal el delito de sedición», trató de justificar Pedro Sánchez el pasado jueves, cuando avanzó la iniciativa en una entrevista televisada. Ahora, la intención del Gobierno es acelerar los plazos al máximo para que esa modificación del Código Penal esté lista antes de final de año. Para ello, se saltará los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial y reducirá también la tramitación parlamentaria. El movimiento del Ejecutivo ha sido aplaudido por el separatismo. El líder de ERC, Oriol Junqueras, se ha jactado de que la derogación es «un gran éxito».