La UE advirtió a España del riesgo de caer en la censura si ponía a la Policía a combatir los bulos

La Unión Europea advirtió a todos los países miembros, incluida España, que deberían extremar las precauciones para no sobrepasar ciertos límites en su lucha contra la desinformación y los bulos.

Un informe de expertos calificó de «malas prácticas» y «contraproducentes» aquellas medidas que supusieran «censura» (incluso la «bien intencionada») de la opinión pública. También alertó de las consecuencias de la «vigilancia online» por parte del Estado y de poner la «censura en manos de compañías privadas». Una imagen en la que podrían encajar algunos de los últimos movimientos del Gobierno de Pedro Sánchez.

En la última semana han sido varios los gestos del Gobierno de Pedro Sánchez que insinúan un recorte a la libertad de información y expresión. La ministra de Educación, Isabel Celáa, advirtió en TVE que «no podemos aceptar que haya mensajes negativos». El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de José Félix Tezanos preguntó a los ciudadanos si es necesario limitar el derecho a la información para acabar con la desinformación. El general José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, anunció que se están monitorizando las redes para «minimizar el clima contrario al Gobierno». Todas ellas son medidas que, de llevarse a cabo supondrían en la práctica la aplicación de la censura, la peor receta para luchar contra la desinformación según la Unión Europea.

En enero de 2018, la Comisión Europea encargó un estudio a un «grupo de expertos de alto nivel» denominado HLEG para que analizasen el fenómeno de la desinformación y las noticias falsas. Se les planteó que propusiesen un plan de respuesta conjunta para todos los países de la Unión. En abril de ese mismo año, el resultado de esos trabajos vio la luz a través de un informe  titulado «Una aproximación multidisciplinar a la desinformación».

El panel de expertos, formado por 39 miembros y dirigido por la profesora Madeleine de Cock, de la European University Institute’s School of Transnational Governance, concluyó que la lucha contra la desinformación incluía una serie de desafíos para los gobiernos, ya que si las recetas para contrarrestar los bulos suponían el uso de alguna «mala práctica», estas tendrían un efecto contrario al deseado. Se volverían en contra de los gobiernos.

«Censura y vigilancia online»

En esas «malas prácticas», que los expertos mencionan en la página 16 del documento que está sobre estas líneas, se habla específicamente de la «censura» y la «vigilancia online» por parte del Estado, como la monitorización de redes sociales anunciada por Interior y encargada a agentes de Policía Nacional y Guardia Civil.

Éstas, explican, pueden resultar medidas «contraproducentes». El recurso a estas técnicas puede provocar que se «deslegitimice la respuesta contra la desinformación» creando a corto y largo plazo una narrativa del «nosotros contra ellos» (gobierno contra ciudadanos).

Además, explica el documento, «debe prestarse atención a la falta de transparencia y a la privatización de la censura delegándola en entidades específicas o compañías privadas».

«Soluciones simplistas»

En resumen, el panel de expertos advierte a la Comisión Europea y por tanto a todos los países miembros de la Unión que deben tomar «soluciones simplistas». «Cualquier forma de censura sea pública o privada debe ser claramente evitada», insiste el informe.

Sobre la protección de los derechos fundamentales, el estudio recuerda a los gobiernos europeos que la «censura bien intencionada no está justificada ni es eficiente» (página 32) y supone un gran riesgo para la autoridades públicas: «La reacción pública a la censura se volverá en contra, y los partidos en el poder podrán ser percibidos como manipuladores de las noticias en su beneficio».

De Tezanos a Celáa

Desde que el Gobierno decretó el estado de alarma, una de las órdenes que se trasmitió desde Interior a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue que estuviesen vigilantes para detectar ejercicios de «desinformación» en las redes con el objetivo de «minimizar» sus efectos. Para ello debería «extremarse la vigilancia y monitorización de las redes sociales».

A principios del mes de abril, cuando el estado de alarma y el confinamiento cumplía dos semanas, era el Ministerio de Justicia el que daba un paso adelante y hablaba de dotar al Estado de mecanismos para castigar penalmente la difusión de «bulos». Medidas encaminadas a que quienes contribuyeran a su propagación, en palabras del ministro Juan Carlos Campo, «no se vayan de rositas».

Pero lo más alarmante en este sentido llegó con el ya conocido como ‘CIS de la censura’, el barómetro oficial que preguntaba por si era necesario limitar la libertad de información para acabar con los bulos y la desinformación. El Gobierno matizó esta pregunta en días posteriores, pero nunca llegó a censurarla. El clima de opinión contrario a estas medidas se agravó cuando el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general Santiago, advirtió en rueda de prensa que la monitorización de las redes buscaba evitar el estrés social y «minimizar el clima contrario al Gobierno». Palabras que 48 horas después matizaría alegando que se refería a instituciones del Estado.

La última en sumarse a este carrusel de declaraciones ha sido la ministra Celáa, que en una entrevista en ‘Los desayunos de TVE’ aseguró que desde el Gobierno «no podemos aceptar que haya mensajes negativos, mensajes falsos en definitiva, que transmiten a la ciudadanía consecuencias que luego pueden alterar su salud y que además van en contra de lo que significan los criterios científicos y la integridad de las instituciones públicas». Habló ambiguamente, sin embargo, de «mensajes negativos» y no sólo de aquellos «falsos», dejando de nuevo la puerta abierta a interpretaciones.