Sentencia del 1-O

Trece años para Junqueras por dar un golpe de Estado y 33 para Bárcenas por blanqueo

El ex vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC encabezó, según la sentencia del Supremo, "la cúspide" de la estructura institucional ideada para materializar "el proceso sedicioso".

99 años de cárcel para los golpistas: 13 años para Junqueras, 11 años y medio para Forcadell y 9 para ‘los Jordis’

Trece años para Junqueras por dar un golpe de Estado y 33 para Bárcenas por blanqueo
Junqueras Bárcenas

La sentencia del ‘procés’ ha condenado al ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras, a una pena de 13 años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargo público, como autor de un delito de sedición por el golpe contra la Constitución en 2017.

La Sala de lo Penal del Supremo ha entendido probado que Junqueras fue el máximo responsable de la estructura institucional orquestada por el Govern de Carles Puigdemont y «puesta al servicio del proceso sedicioso».

Pese a que las penas impuestas por el Alto Tribunal se han situado en el grado máximo de las previstas para los culpables del golpe de Estado  sedicioso en Cataluña -tal y como avanzó OKDIARIO- la entidad de las mismas sorprende, por escasa, si se comparan con las atribuidas a los procesados en otras macrocausas vinculadas a tramas societarias y delitos de corrupción económica.

Caso Gürtel

La Audiencia Nacional condenó al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a 51 años y 11 meses de prisión -por encabezar las actividades de la red orquestada para la financiación irregular del Partido Popular, entre los años 1999 y 2005- y a su mano derecha, Pablo Crespo, a 37 años y medio por la misma causa.

Además, sentenció al ex tesorero de la formación Luis Bárcenas a 33 años y 4 meses de cárcel – y 44 millones de euros de multa- por beneficiarse y beneficiar a terceros de la ‘caja B’ del PP; y, al ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, y al ex consejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, a 37, 5 años y 31 años de prisión, respectivamente.

Sobre la propia mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, recayeron 15 años de privación de libertad.

Caso Malaya

El ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella, bajo los mandatos de Jesús Gil, Julián Muñoz y Marisol Yagüe, y presunto cerebro de la trama corrupta, Juan Antonio Roca -inicialmente condenado a 11 años de prisión y una multa de casi 250 millones de euros- veía agravado su castigo ante el Supremo hasta los 17 años de cárcel.

Roca fue encontrado culpable de idear y gestionar una estructura de la que se beneficiaban promotores malagueños que podían construir ‘a la carta’ en suelo convenientemente recalificado por el Consistorio, en función de las ‘mordidas’ que pagaran.

Caso Banesto 

Mario Conde fue condenado a 20 años de cárcel por el ‘caso Banesto’. El Tribunal Supremo consideró acreditado que se produjo un fraude contable superior a los 3.000 millones de euros -que provocó un ‘agujero’ de 3.636 millones en las cuentas del banco- y sentenció la causa, el 29 de julio de 2002, tras diez años de procedimiento judicial desde que saltase a la luz el escándalo financiero por el que el Banco de España intervino la entidad, hasta entonces presidida por Conde.

Caso GAL

Tampoco llama menos la atención que, en su día, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenase al ex ministro socialista de Interior del Gobierno de Felipe González, José Barrionuevo y al entonces ex director general de la Seguridad del Estado, Rafael Vera a 10 años de prisión, cada uno, como culpables del secuestro del etarra Segundo Marey, en Francia. Ambos recibieron, también, un castigo adicional por malversación.

La condena de ambos fue acordada por 7 de los 11 jueces que integraron el tribunal. Los otros 4 emitieron votos particulares de absolución por falta de pruebas.

Hoy, los líderes de las entidades separatistas catalanas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, han sido sentenciados a 9 años de cárcel por promover las concentraciones violentas del 20-S, de los afines al ‘procés’, durante los registros policiales, ordenados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la sede de la Consejería de Hacienda de la Generalitat.

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