El torticero uso del lenguaje de Junqueras: ni es Mandela ni un secuestrado para pedir su «liberación»

Junqueras
El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.

Oriol Junqueras ha pedido a través de su abogado su «inmediata liberación» tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre su inmunidad como eurodiputado. Un uso del lenguaje que evidencia, una vez más, cómo retorcerlo en pos de la causa independentista.

El ex vicepresidente de la Generalitat ni es Nelson Mandela ni el capitán de un barco apresado por piratas somalíes. Junqueras no puede pedir su «liberación» porque se trata de un término que implica que se le retiene contra su voluntad sin motivo o con malas intenciones. A tenor de la sentencia del Tribunal Supremo, el líder de ERC en prisión es un delincuente condenado por sedición y malversación que está en la cárcel como resultado de haberse saltado la ley. Por eso, oriol Junqueras no se podía rebajar a pedir su «puesta en libertad«. Porque asumir esos términos implicaría estar a la altura de un violador, de un estafador o de cualquier otro preso común.

Desde el inicio del golpe independentista el manejo del lenguaje por parte de los líderes separatistas ha sido crucial. Primero calificaron de proceso o ‘procés’ lo que viene a ser un golpe de Estado, o sedición según la Abogacía del Estado y la sentencia final del Supremo. Pero los independentistas catalanes debían vender que lo que estaba sucediendo formaba parte de una serie de fases que desembocarían literalmente en la independencia de Cataluña.

Una vez que la maquinaria del Estado y la justicia comenzaron a jugar su papel, entraron en escena nuevos términos para tergiversar la realidad y, sobre todo, para tratar de engañar más allá de nuestras fronteras a aquellos que se quisieran adherir a la causa independentista. Ni Carles Puigdemont es un «exiliado», por mucho que Bélgica trague otorgando ese tipo de estatus; ni Junqueras, Romeva, Rull, Forcadell, Turull y los ‘Jordis’ son «presos políticos«.

El primero no es más que un prófugo, un fuera de la ley que ha utilizado la huída como vía de escape para no responder por sus actos ilegales ante los tribunales. Y los segundos, no han sido encarcelados en un Gulag o en una cárcel venezolana de Maduro por sus ideas políticas. Todos ellos, como ha quedado demostrado en la sentencia del 1-O se han saltado la legalidad y han querido doblegar el Estado de Derecho.

El último término acuñado por los golpistas y que Pedro Sánchez ya ha hecho propio es el de «conflicto político». Cuando una parte se salta la legalidad vigente, el «conflicto político» no existe. Y los independentistas catalanes no son los primeros en trasladar ese mensaje para hacer pasar por una mera cuestión política el intento de quebrantar la instituciones y dividir a Cataluña. «Conflicto político» era también, según ETA y su brazo político HB, lo que sucedía en el País Vasco y la excusa para que los pistoleros del tiro en la nuca cometieran más de 800 asesinatos en toda España. No se trataba de una disputa entre dos partidos, no. Se trataba de una banda terrorista que asesinaba y unas víctimas que morían por no comulgar con la imposición de los independentista.

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