Torra arrancó a Sánchez un referéndum no vinculante a cambio del apoyo a los presupuestos

“Queremos hacer una valoración muy positiva de la reunión de ayer”, decía hoy la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, sobre el encuentro entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra. En el Govern también hay satisfacción, aunque no plena. Según ha podido saber OKDIARIO, antes de discutirse si la foto a seis debía ser de pie o sentados, ambos gobiernos hicieron un intercambio de cesiones en cuestiones de gran relevancia.

Los independentistas arrancaron al Gobierno un compromiso para la celebración de un referéndum no vinculante con “seguridad jurídica”. Esta expresión recogida en el comunicado conjunto de los dos ejecutivos (en el que no aparecía la palabra Constitución) es clave para permitir un referéndum de autodeterminación aunque no sea vinculante. La Carta Magna consagra la indivisibilidad de la nación española, pero la “seguridad jurídica” sí permite un referéndum si no tiene carácter vinculante y que no afecta a la unidad territorial.

La seguridad jurídica a un referéndum no vinculante la proporcionaría la ley catalana de referéndums, aprobada por el Parlament de Cataluña y recurrida al Tribunal Constitucional por el anterior gobierno de Rajoy.

El referéndum pactado, no vinculante, permitiría preguntar a los catalanes por la república y la independencia. La consulta en sí misma no sería inconstitucional. Sí lo serían la aplicación de los resultados en el caso de que fueran contrarios a la legalidad vigente.

El precio de los Presupuestos

A cambio de este referéndum pactado y no vinculante, el Gobierno de Pedro Sánchez logra el apoyo de los partidos independentistas a los Presupuestos Generales del Estado, lo que le permitirá acabar la legislatura y encarar con garantías unas nuevas elecciones para revalidar su sillón en La Moncloa.

Además, la aprobación de los Presupuestos siempre sería antes de la celebración del referéndum no vinculante, cuestión que se tiene que encauzar en las reuniones “políticas” a las que se han emplazado los vicepresidentes junto a otros miembros de cada gobierno.

El hecho de que las cuentas se aprueben antes, además, podría provocar que Sánchez incumpliera luego su compromiso con los independentistas, dejándoles en mala posición con las bases del separatismo, que les acusarían de haberse vendido y dejado engañar y no le pasaría coste electoral al PSOE. Además, consideran que en unas nuevas elecciones a Sánchez no le harán falta los votos de los separatistas.