Un «tal Toni» y la indisoluble relación entre los sobres y el delito de malversación

Facturas anuladas. Así justifican los responsables de la empresa de mensajería Unipost -en sus declaraciones de ayer y hoy ante el Tribunal Supremo en el juicio del 1-O- la inexistencia del gasto más importante que las investigaciones y registros de la Guardia Civil atribuyen a la Generalitat para la celebración del referéndum ilegal y en el que se apoya la Justicia para enjuiciar el delito de malversación.

Casi un millón de euros, novecientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta y uno para ser más exactos, que según los testigos fueron anulados el mismo día de su expedición y no figuran como cobrados, «en ningún caso». Casi un millón de euros que se distribuyeron en cinco facturas por algo menos de 200.000 euros cada una, para no llamar la atención, emitidas con fecha 7 de septiembre de 2017, a las Consejerías de Cultura; Vicepresidencia; Salud, Trabajo y Asuntos Sociales; y, Presidencia de la Generalitat.

Sin embargo, esos documentos de pago, que rezaban en su apartado de observaciones: «Acuerdo marco servicios postales» fueron el resultado de un trabajo encargado por el Govern a la empresa privada para la distribución certificada de los sobres y las papeletas que llenaban algunas de las urnas, incluso antes de su llegada a los centros de votación habilitados, durante el 1 de octubre. Según los investigadores y la tesis sostenida por Fiscalía y Abogacía del Estado, en sus escritos de acusación, la mera emisión de los mismos prueba, como mínimo, que «las notas de entrega fueron emitidas y registradas con sello de salida en cada uno de los cinco departamentos» correspondientes. Algo que ahora tanto los fiscales como la abogada pública tratan de acreditar ante el tribunal.

Casi un millón de euros en cinco facturas emitidas, por servicios postales, a diversas Consejerías de la Generalitat y anuladas en el mismo día de su emisión

Desde la empresa, y a través de sus antiguos trabajadores, explican que las facturas se anularon el mismo día de su expedición y que ni figuran cobradas, ni compensadas por otros conceptos, ni tampoco se incluyeron en la contabilidad de créditos de dudoso cobro, ni se procedió en ningún caso a su reclamación. Por imposible que parezca, una empresa privada en cuya nave de Tarrasa se requisaron, el 19 de septiembre del 2017, 45.000 notificaciones de las mesas electorales previstas para la votación durante la jornada del 1-O, trabajó «gratis total» para la Generalitat de Cataluña.

O quizás resulta que dichos pagos estuviese previsto retomarlos una vez declarado el nuevo estado catalán, en forma de república independiente, tal y como consta reflejado en un documento del Benemérito Instituto Armado, que implica al ex secretario de Economía de la Generalitat, y actual vicepresidente del Govern, Pere Aragonès. Dicho informe atribuye a Aragonès la encomienda de vertebrar varios proyectos estructurales clave para dicha situación: la sostenibilidad económica (o lo que vendría a ser un modelo de financiación y gasto equivalente con los Presupuestos Generales) y tres nuevas instituciones (banco central, autoridad catalana de inversión y autoridad catalana de la competencia).

Sea como fuere, y pendiente de acreditar el delito de malversación protagonista esta jornada, en base al resto de la práctica de las pruebas documentales y periciales, se ha desmarcado sensiblemente de lo dicho por sus predecesores, la responsable de recursos humanos de la empresa Artyplan. La testigo ha admitido que su empresa recibió encargos para el referéndum del 1 de octubre de 2017, si bien una vez se personaron los agentes de la Benemérita en la imprenta de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), se decidió «que el trabajo no se seguía adelante» e incluso advirtió, días después, al resto de los empleados, vía mail, que, «dado el momento en que vivimos», no se imprimiera nada relativo al «referéndum», aunque ya hubo material impreso con anterioridad.

En Artyplan se imprimieron sobres y papeletas para el 1-O pero se ordenó paralizar la producción tras el primer registro de la Guardia Civil, días antes del referéndum ilegal

Nada como un registro de la Guardia Civil, el 15 de septiembre de 2017, para que se ordenase frenar en Artyplan la impresión de un encargo de carteles relacionados con el 1-O, valorado en más de 17.000 euros, y de la que figuraba como contacto Òmnium Cultural, cliente «desde hace muchísimos años». Eso sí, para el que no constaba ni hoja de entrega, ni albarán, algo muy poco habitual. Y que más parece tener que ver con la intención de clandestinidad que con una práctica comercial real.

Todos los acusados, ahora los testigos e incluso los peritos contables que están por llegar, aportarán sus versiones para que el tribunal pueda dictaminar si existió o no delito de malversación. Así las cosas, no es la primera vez en el juicio que responsables de empresas privadas hablan de «abonos y facturas negativas» entorno al 1-O, y pagos inexistentes de la Generalitat. Compromisos de pagos con cargo a fondos públicos que, aunque sea en el marco de convenios, contratos anteriores o pactos verbales, para la Fiscalía constituyen un evidente delito de malversación.

Recordemos cómo unas semanas atrás era el propio fiscal, Jaime Moreno, quien mostraba su sorpresa mayúscula cuando Ferrán Burriel, directivo de la agencia Nothingad Comunicación, aseguraba que renunció a cobrar lo que le debía la administración catalana por la difusión, on-line, de un anuncio sobre el registro de residentes. «Ochenta mil euros. Tirados. Yo no los tengo todos los días pero si los pierdo me da algo», decía Moreno con un tono irónico comprensible para cualquier simple mortal.

Un «tal Toni» y testigos en contradicción

Cuando todo parecía condenado en esta jornada al ostracismo y el tedio narrativo vuelve a escena «un tal Toni». Lo resucita el testigo Enric Vidal, diseñador gráfico autónomo, quien asegura haber recibido una llamada del susodicho individuo, como ya narró en términos similares un testigo anterior, para que «redimensione» un cartel correspondiente a la campaña publicitaria «de las vías del tren», con el logo de la Generalitat, que se utilizó desde el Govern como propaganda para la participación en el referéndum del 1-O. Y lo hizo para que, a su vez, enviase a imprimir dicho trabajo a tres empresas distintas: Marc Martí, Artyplan y Global Solutions.

Con dicho «Toni» se intercambia Vidal un número de teléfono móvil, que en su momento facilitó a la Guardia Civil para su investigación, y que el fiscal enuncia al testigo pero que dice no reconocer. Se reunieron el «tal Toni» y él en el Hotel Colón para el intercambio de un USB con el material que debía utilizar para el trabajo solicitado. No se conocían previamente, ni tenía referencias sobre el individuo en cuestión, pero aún así aceptó. Pese a que a la batería de preguntas que formula el fiscal afirma el testigo: desconocer el origen real del encargo, el destino final del mismo, el presupuesto asociado, el importe asignado a su realización o el modo y método de pago.

Un «tal Toni» encargó trabajos al testigo Enric Vidal, diseñador gráfico autónomo, sin conocerle de nada y sin que éste ni pregunte por el pago, ni cobre nunca por las gestiones a realizar

El testigo -que en un momento afirma «supuso» a posteriori que el misterioso contacto era Antonio Molons- hizo un trabajo para un cliente que no conocía y con el que, además, nunca acordó una fecha de entrega, ni a quién facturar el mismo, ni suscribió factura proforma, ni orden de encargo o similar. Y para el que además, sin facturar ni cobrar jamás por ello, llevó un encargo de impresión «equitativamente» distribuido entre 3 empresas que tampoco le preguntaron, jamás, por quién lo iba a pagar. «No hay más preguntas señoría», concluye el fiscal.

Lo mejor estaría por llegar tras la abierta contradicción de Enric Vidal que se manifiesta en la declaración del testigo posterior. El director comercial de Artyplan, Enrique Marty, desdice completamente lo explicado por su predecesor. Según Marty, fue el propio Vidal  quien le dijo que: «Aitor Sempere, con el que había trabajado antes, llamó de parte de Òmnium Cultural», cliente histórico de Artyplan, desde 2004, para pedirle un presupuesto muy urgente por un volumen considerable. «Me dijo que era relacionado con el referéndum y me cantó por teléfono las cantidades», añade Marty.

Y abunda sobre este extremo, comprometiendo a Enric Vidal que asegura le confirmó que «pagaría la Generalitat» y que se dividían los trabajos entre tres empresas «para minimizar riesgos ante una intervención policial y judicial». Más madera para el tribunal.

Cifras de escándalo

José Oriol González, actual CEO de la empresa Buzoneo Directo S.L., iba a ser el primero en testificar este martes pero una vez sentado frente al tribunal ha comunicado su intención de no declarar por estar inmerso en otra causa judicial y la vista oral ha comenzado con Rosa María Sans, responsable de la mercantil Artyplan S. L..

La empresa especializada en servicios de impresión habría intervenido, según sospecha la Fiscalía en su escrito de solicitud de práctica de pruebas en la creación de 400.000 dípticos, 26.000 folletos y 30.000 carteles, y sería una de las tres sociedades a las que el Departamento de Presidencia de la Generalitat encargó la confección del material con el que empapelar las calles catalanas, en las semanas previas al referéndum, según datos la Guardia Civil: con dinero público y a través de la intermediación de Òmnium Cultural.