El Supremo examina si Sánchez debe indemnizar a los propietarios por limitar el precio del alquiler

El Tribunal Supremo asumirá las demandas contra el tope de las subidas alquiler del 2% impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez. El Alto Tribunal, como desvela OKDIARIO, ha dictado un auto que determina su competencia para conocer las reclamaciones por responsabilidad patrimonial contra el Estado derivadas del límite del 2% a la subida de los alquileres, establecido por el Real Decreto del Ejecutivo de PSOE y Sumar.

La decisión surge tras una cuestión de competencia planteada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 1 en relación a la demanda presentada por un particular que reclamaba daños y perjuicios por la aplicación de dicha limitación.

En su resolución, fechada el 30 de octubre de 2024, el Alto Tribunal establece que, al tratarse de una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, cuya resolución corresponde al Consejo de Ministros, la competencia para revisar estos casos, según establece la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recae en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en lugar de a la Audiencia Nacional.

Esta decisión sienta un precedente importante, ya que centraliza en el Supremo todas las posibles reclamaciones que puedan presentarse por parte de propietarios afectados por la limitación a las subidas del alquiler. El caso concreto será tramitado por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

La resolución cuenta con el respaldo tanto del Ministerio Fiscal como de la Abogacía del Estado, que coincidieron en sus informes sobre la competencia del Tribunal Supremo para conocer estos asuntos.

Este auto, en el que Pablo Lucas –presidente de la Sala de lo Contencioso– ha ejercido como ponente, puede tener importantes implicaciones para futuros litigios relacionados con las medidas de control de precios en el mercado del alquiler, al establecer claramente la vía procesal para las reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Estado por esta normativa.

Los expertos en derecho inmobiliario señalan que esta decisión podría tener un efecto significativo en el mercado del alquiler y en futuras políticas de control de precios. La posibilidad de que el Tribunal Supremo imponga indemnizaciones al Estado en determinados casos de alquileres abre un nuevo frente al Gobierno. Los jueces de ese órgano han tumbado todas las peticiones de daños por la gestión del Covid-19. También se espera que ocurra así con las demandas tras la DANA de Valencia. Otro caso son los expedientes por los gravámenes por el impuesto municipal sobre la plusvalía. En estos últimos casos, tras unas sentencia del Tribunal Constitucional sí se están fallando sentencias a favor de los afectados.

Ahora, se abre un periodo de al menos un año en el que el Supremo tendrá que estudiar los diferentes criterios para determinar si cabe sentenciar a favor de las compensaciones solicitadas. Tras ello se fijarán en el calendario una fecha para la primera deliberación sobre ese pleito contra el Gobierno. Se desconoce la identidad del particular que ha abierto el primer caso. Pidió al Gobierno una cantidad y por la vía del silencio administrativo entendió que el Ejecutivo descartaba abonar lo que consideraba de justicia. Es por ello que ha terminado en los tribunales. Acudió a la Audiencia Nacional y una magistrada derivó el caso al Supremo, que acepta su competencia.

El auto también reviste especial importancia en el contexto actual del mercado inmobiliario español, caracterizado por las altas tensiones entre los derechos de los propietarios y las políticas públicas de acceso a la vivienda. La limitación del 2% en las subidas del alquiler fue una de las medidas más controvertidas del paquete de medidas anticrisis, y esta resolución abre la puerta a su revisión judicial desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial del Estado.

La decisión del Supremo también podría tener implicaciones para futuras regulaciones del mercado del alquiler, ya que establece un marco claro para la evaluación judicial de las medidas que afecten a los derechos económicos de los propietarios. Los juristas destacan que esto podría influir en el diseño de futuras políticas de vivienda, al establecer un precedente sobre la posibilidad de reclamar compensaciones cuando las medidas legislativas afecten significativamente a los rendimientos de las propiedades en alquiler.

La resolución final podría sentar jurisprudencia sobre la responsabilidad del Estado en la regulación del mercado del alquiler, un tema de creciente relevancia en la política económica y social española.