Tribunal Supremo

El Supremo tumbará las denuncias por la inacción de los políticos con la DANA: «Tendría que ser palmaria»

Fuentes jurídicas indican a OKDIARIO que los recursos y las medidas cautelarísimas no tienen recorrido

Supremo DANA, denuncias

El Tribunal Supremo va a tumbar las denuncias interpuestas por la inacción de los dirigentes políticos con la tragedia de la DANA en Valencia. Fuentes jurídicas avanzan que no ven recorrido a estas acciones, ya que un juez sólo podría entrar en casos así si la inactividad ante una catástrofe de estas características fuera «palmaria». En este momento las diferentes administraciones han realizado acciones que pueden haber sido más o menos acertadas, pero han existido.

Tal y como ocurrió con los recursos en los que se pedía indemnizaciones económicas por la gestión de la pandemia del coronavirus, el Supremo previsiblemente tumbará los recursos interpuestos en relación con la DANA que ha golpeado la Comunidad Valenciana. Aunque es posible que la llegada del Ejército para buscar desaparecidos y reparar las calles o las medidas sanitarias llegaran tarde, lo cierto es que son decisiones que sí se han tomado. Es por ello que el Supremo prevé señalar la deliberación de admitir a trámite esos recursos por lo contencioso-administrativo para la próxima semana o la siguiente. En todo caso, a priori no ven factible la interposición de medidas cautelarísimas para obligar al Gobierno de España o a la Generalitat de Valencia a cambiar su proceder.

La interpretación que hacen desde altas instancias judiciales es que una persona cuando sale de casa sabiendo que está produciéndose una tormenta de consideración no es consciente de que puede perder la vida, pero sí que está corriendo un riesgo. Es por ello que no pueden pedir a la Administración responsabilidades porque, por ejemplo, el SMS de alerta llegase tarde.

Por otra parte, estas voces alertan de que muchas casas en España están construidas en vaguadas, en los lechos de los ríos, y es conocido que eso conlleva un peligro. Es por ello que se ha legislado para evitar nuevas construcciones en esas zonas inundables. El problema está en qué hacer con las viviendas ya levantadas en esas zonas. Una de las soluciones sería poner sensores de movimiento en todos los barrancos de tierra susceptibles de derrumbarse para conseguir una alerta temprana de desalojo o de ponerse a salvo en las zonas superiores de las edificaciones.

Por otro lado, el Supremo analiza de forma frecuente los recursos contra los planes hidrológicos que aprueba el Gobierno de España a través de las confederaciones hidrográficas. Sin embargo, de nuevo, las fuentes jurídicas pulsadas no ven que se puedan pedir responsabilidades por esa vía. Los planes se recurren en los tribunales habitualmente por asociaciones ecologistas que, por ejemplo, critican los caudales mínimos exigidos en los ríos. Consideran que a veces no se garantiza la preservación de las especies animales y vegetales. Se impugnan detalles concretos de los planes y, en algunos casos, se aceptan los argumentos expresados y, en otros, no. En todo caso, tras eso entran en vigor esos planes hidrológicos y adquieren firmeza.

Recuento de fallecidos

Por otra parte, en relación con la DANA valenciana, la Justicia ha entrado de lleno en el asunto de la contabilización de los fallecidos, ya que cada vez que se registra un muerto se tiene que levantar un cadáver con la intervención judicial. Fuentes del Centro de Integración de Datos (CID) que se ha formado para la ocasión consultadas por OKDIARIO indican que hay 199 fallecidos, 145 de los cuales de personas identificadas. Por tanto, hay 54 restos mortales pendientes de identificar.

El Centro de Integración de Datos tiene como función reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones. Para ello, un real decreto de 2009 contempla formularios a rellenar por la autoridad judicial competente. Se trata de un órgano que se creó también para tragedias como la del tren Alvia en Santiago de Compostela, el accidente aéreo de la Base Aérea de Los Llanos o el del vuelo 5022 Spanair.


El Centro de Integración de Datos (CID) está formado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías autonómicas, cada una «como aglutinante de las actividades propias de las instituciones implicadas, donde convergerán todos los resultados finales propios de cada institución». Existe un responsable que se encarga de que se realice una coordinación y comunicación operativa entre las instituciones. En la Oficina forense facilita personal del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses con un responsable del mismo, quien coordinará los trabajos de identificación propios de dicho Instituto.

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