El Supremo admite los primeros recursos que exigen indemnizaciones millonarias por los estados de alarma

El Tribunal Supremo está analizado cerca de 20 reclamaciones de indemnizaciones al Estado por los cierres de negocios a raíz de los estados de alarma declarados ilegales por el Tribunal Constitucional. Tal como ha podido saber OKDIARIO, se han registrado más de 9.000 expedientes de posible responsabilidad patrimonial de la Administración pública por sus decisiones en la pandemia del covid. De todos esos expedientes, 1.000 han llegado al alto tribunal, 700 han sido admitidos a trámite y casi 20 ya están siendo objeto de análisis para dictar sentencia.

Los confinamientos ilegales impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez van a provocar previsiblemente un agujero de grandes dimensiones en las cuentas públicas. Aunque la casuística es muy amplia –desde grandes empresas a pymes, pasando por autónomos e incluso entes públicos–, se tratará de establecer un corpus que agilice la tramitación de los miles de peticiones. Algunos recursos que han llegado al Supremo no tendrán recorrido; sin embargo, otros sí serán estudiados con detalle.

OKDIARIO ha contactado con Vanessa Fernández, abogada del despacho HispaColex y representante legal del Hotel Palace Alhambra de Granada. Reclaman 417.316,70 euros al Estado por el primer confinamiento, que tuvo lugar de marzo a mayo de 2020. El hotel tuvo que cerrar y esto provocó importantes pérdidas. Tras conocer que el Tribunal Constitucional declaraba ilegal los decretos de los estados de alarma, no dudaron en reclamar ante el alto tribunal lo que consideran justo.

La letrada indica que han sido muy prudentes a la hora de calcular las indemnizaciones que reclaman, porque reconocen que el «efecto pandemia» existía y la clientela hubiera mermado incluso sin estados de alarma. También han tenido en cuenta que recibieron pírricas ayudas del Gobierno por el cese temporal de la actividad. Sin embargo, consideran que la ley les ampara para reclamar casi medio millón de euros.

El Constitucional abre la puerta

Aunque la Abogacía del Estado, lejos de aceptar que la chapuza legal justifica el pago de indemnizaciones gubernamentales, considera que la causa mayor de una pandemia mundial impide el pago de esas compensaciones. En todo caso, la abogada consultada y el resto de recurrentes defienden que hubo falta de previsión del Gobierno, porque ya desde diciembre llegaban informaciones de China para actuar y mitigar la pandemia. Además, en enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió alarmas que fueron desoídas. El Gobierno del PSOE y Podemos retrasaron todo lo posible la toma de decisiones. Fue el 14 de marzo, cuando ya no había otra opción que el cerrojazo masivo, cuando se aprobó el primero de los controvertidos estados de alarma. Recuerdan que el Tribunal Constitucional dejó abierta la puerta a reclamaciones patrimoniales.

Además del citado hotel, empresas de ocio, del juego y de la restauración han acudido a sendas vistas ante un tribunal de la Sala Tercera del Supremo, la que estudia asuntos de lo contencioso-administrativo.

La clave pasa por el artículo 3.2 de la ley que regula el estado de alarma, de 1981. Esta norma indica que «quienes como consecuencia de la aplicación de los actos adoptados durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes». La Abogacía del Estado insiste en que estábamos ante una causa mayor y que «se tomaron las medidas que se consideraron adecuadas con la información que se tenía». «No se puede exigir que, con lo que se ha sabido dos años después, se juzgue qué medidas deberían de haberse tomado», argumentan.

Critican al citado hotel de Granada por entrar a pedir indemnizaciones en base a los estados de alarma irregulares porque no abrieron el primer día que se les permitió. Afean el hecho de estar cerrados hasta el 1 de junio, cuando el Gobierno aprobó la reapertura de la hostelería a partir del 11 de mayo.

Lateral pide 1,5 millones

Por su parte, el grupo de restauración Lateral pide un millón y medio de euros. En respuesta a esta empresa, la Abogacía del Estado mantiene que «no es cierto» que los estados de alarma conllevaran el cierre total de la restauración. Así, ha recordado que llegó a permitirse la recogida de alimentos en el establecimiento y, posteriormente, se permitió el consumo en las terrazas. Todo apunta a que el Gobierno de Sánchez en algunos casos se tendrá que rascar el bolsillo y resarcir a los empresarios que vieron sus negocios hundidos temporalmente.