El separatismo se envalentona con la Ley Celaá y amenaza ante la ONU a los partidos que defienden el español

El independentismo ha cogido fuerza de la Ley Celaá para impulsar sus ambiciones de imposición del catalán, marginando el español. La Plataforma per la Llengua, la llamada ‘ONG del catalán’, aprovechó un reciente foro organizado por Naciones Unidas para advertir a quienes defienden el castellano. La asociación reclamó al organismo internacional que inste a España a actuar contra aquellos que, en su opinión, «promueven el discurso del odio» contra la lengua catalana, especialmente «partidos políticos» que, consideran, emplean ese discurso contra la «inmersión lingüística».

En una breve intervención, el presidente de la Plataforma, Òscar Escuder, expuso el objetivo de su asociación para promover la lengua autonómica, enfocando su mensaje hacia la supuesta «discriminación lingüística» que sufren los catalanoparlantes. Escuder incidió en el «discurso del odio»  promovido a través de los medios sociales y en la función de la Plataforma para «ayudar a las víctimas». «El objetivo es que todos los discriminados se sientan acompañados y sepan que no están solos», añadió. Aseguró que, desde 2011, la organización ha recibido casi 6.000 denuncias por esa presunta discriminación por el uso de la lengua.

Uso en los patios

El independentismo ha encontrado una aliada en la nueva ley educativa, que elimina el carácter oficial y vehicular del castellano al incorporar una enmienda pactada entre PSOE, Podemos y ERC e impulsada precisamente por la Plataforma per la Llengua.

La ley de la ministra Isabel Celaá otorga así el poder a las comunidades autónomas para decidir qué contenidos se imparten en la lengua común de todos los españoles.

«Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable», se enuncia en el texto.

Aunque se señala que «al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente», el Estado no dispondrá mecanismos para garantizarlo, sino que serán las correspondientes administraciones educativas las que apliquen los «instrumentos de control» que consideren. Además, corresponderá a los centros «impulsar las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas».

La ‘ONG del catalán’ ya celebró la aprobación de dicha ley y, en un comunicado, consideró avalada su intención de extender la imposición del catalán más allá de las aulas, en espacios como el patio o el comedor escolar.

«Teniendo en cuenta que la mayoría de los alumnos termina la escolarización con déficits en la expresión escrita y, sobre todo, oral, en catalán, entendemos que esta nueva legislación obliga a los gobiernos autonómicos a asumir el objetivo de la plena capacitación en catalán de todo el alumnado», expresó la organización en una nota.

«Por lo tanto», añade, «para resolver esta anomalía, sería urgente que los gobiernos apliquen medidas para garantizar la adquisición de esas competencias de manera satisfactoria». ¿La solución? «Este nuevo texto permitiría trabajar estos aspectos también fuera de las horas estrictamente lectivas y en las aulas, como podría ser dinamizar actividades en catalán en espacios que forman parte del proceso educativo, como el patio o el comedor escolar, así como las actividades extraescolares y deportivas».

Para la asociación, «es necesario que los alumnos dispongan de ambientes reales de práctica de la oralidad de la lengua catalana» ya que, consideran, eso «aumenta la confianza para utilizarla».

Catalán en Aragón

Por otro lado, consideran que «las cifras de competencias lingüísticas en catalán son preocupantes en todos los territorios de habla catalana». Por ello, se encuentran legitimados para reforzar la enseñanza del catalán en lo que denominan «Países catalanes», entre los que se incluye la Comunidad valenciana, Baleares y parte de Aragón.

Para ello, piden más recursos y planes que «velen para que el catalán sea una herramienta de cohesión social», así como «asegurar el cumplimiento de la inmersión lingüística entre el profesorado y sobre todo, ordenar a la inspección educativa tolerancia cero con el incumplimiento de los proyectos lingüísticos» de cada centro. Asimismo, señalan como «imprescindible» abordar la «metodología de la inmersión en la formación de los docentes» y que todo ello «vaya en consonancia con el resto de la comunidad educativa», en la que incluyen a las familias, administración o entidades del entorno en el que se ubica el centro.

La Plataforma per la Llengua, cabe recordar, saltó a la polémica cuando se supo que envió «espías» a 50 de centros educativos para comprobar el uso que los  alumnos hacían del catalán.

Como admitió la propia asociación, y reveló OKDIARIO, miembros de esta asociación acudieron a los colegios con la excusa de llevar a cabo una «actividad lúdica» en el patio, pero en realidad buscaban recabar datos sobre el idioma empleado por los chavales. Para ello, hablaban en inglés al profesor que dirigía la actividad, y observaba a los jóvenes en un rincón «para tratar de averiguar la lengua habitual de relación entre ellos durante el recreo».