La Seguridad Social limita las bajas por riesgo de Covid de las embarazadas

CSIF acaba de trasladar su protesta al Gobierno por las denuncias de que este organismo ha limitado la protección frente al Covid hasta la semana 24 de embarazo

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, confirma la prolongación de los ERTE
José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Carlos Cuesta

La Seguridad Social sigue dando muestras de que la liquidez escasea y de que su forma de solventar la falta de fondos es recortar coberturas y prestaciones. En este caso, nada menos que a las madres durante el embarazo y por el Covid.

CSIF acaba de trasladar su protesta oficial al Gobierno por la lluvia de denuncias de mujeres desvelando que este organismo ha limitado la protección frente al Covid hasta la semana 24 de embarazo.

En todo ese periodo restringe la consideración de baja (incapacidad laboral transitoria) por el riesgo de contagio de coronavirus para la embarazada y el bebé. Con la aplicación del estado de alarma en España, la normativa de protección a las embarazadas exigió que, o la empresa amoldaba el puesto de trabajo para garantizar la plena protección frente al virus, o la Seguridad Social garantizaba -y financiaba- la baja de las madres durante el embarazo o parte de él.

Ahora, las denuncias recogidas por el sindicato CSIF demuestran que este organismo dependiente del Gobierno ha cancelado esa cobertura de la Seguridad Social a las madres en pleno embarazo.

CSIF ha reclamado ya a la Seguridad Social que restablezca la máxima protección al embarazo por los riesgos asociados al Covid-19. El sindicato destaca que «la Seguridad Social ha cambiado el criterio y restringe el derecho a la incapacidad temporal hasta alcanzar la semana 24».

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, se ha dirigido ya al Ministerio que lidera José Luis Escrivá para que reconozca de nuevo «el derecho a la incapacidad laboral transitoria a las mujeres embarazadas por los riesgos asociados por la exposición al Covid-19».

Desde el sindicato explican a OKDIARIO que «este derecho se incluyó en el primer estado de alarma. Sin embargo, CSIF ha tenido conocimiento, a partir de quejas de trabajadoras, de que sólo se considera riesgo en el embarazo a partir de la semana 24 de gestación, a pesar de que las embarazadas se reconocen entre los principales grupos vulnerables por parte del Ministerio de Sanidad».

Por ello, el sindicato pide «que se declare el riesgo en el embarazo a las trabajadoras desde el inicio de la gestación para que, o bien se le reconozca la baja laboral sin pérdida retributiva o bien se adapte su puesto».

Con el fin de garantizar la máxima protección tanto a la gestante como al feto, desde CSIF se subraya «la necesidad de que las mujeres embarazadas pasen a situación de incapacidad laboral transitoria y se considere, a todos los efectos, incapacidad por contingencia profesional».

Efectivamente, el ‘Documento de Información Científica-Técnica Enfermedad por coronavirus, Covid-19’ del Ministerio de Sanidad (actualizado a fecha 12 de noviembre 2020) señala que «las mujeres embarazadas tuvieron 3 veces más riesgo de ingresar en UCI que las no embarazadas y 1, 7 veces mayor riesgo de morir».

Ese documento añade que «se observó en mujeres embarazadas con Covid-19 una probabilidad 3 veces mayor de parto pretérmino y 2 veces mayor de cesárea que las embarazadas no Covid-19». «En conclusión, actualmente se considera que el embarazo es una situación de mayor riesgo de complicaciones del curso clínico de Covid-19, y también constituye un mayor riesgo para el propio curso del embarazo. Si bien la prematuridad es más frecuente, el curso clínico del Covid en neonatos tiene un pronóstico bueno», concluye el informe del propio Ministerio de Sanidad.
Pero, pese a ello, la Seguridad Social ha decidido recortar su protección en plena segunda ola del coronavirus.

Accidentes laborales

No se trata del único golpe de la Seguridad Social en las últimas semanas. Los nuevos criterios de la Seguridad Social para determinar lo que se considera accidente de trabajo por motivo de contagio por Covid también han excluido al personal sanitario ajeno a las funciones puramente médicas o de enfermería. De este modo, los celadores, administrativos, o el personal de limpieza o de cocina han quedado fuera de la protección.

El sindicato CSIF no está dispuesto a permitir esta discriminación en el trato a los distintos profesionales que operan en el ámbito sanitario y ha exigido igualmente al Ministerio que rectifique e incorpore a todos los profesionales expuestos al contagio con el virus.

Se trata de otro mazazo a la cobertura social del personal sanitario que se enfrenta día a día al coronavirus. La clave de esta discriminación se encuentra en los nuevos criterios de la Seguridad Social para calificar los accidentes de trabajo por Covid. Y es que los requisitos han excluido a los celadores, al personal administrativo, al de limpieza, o cocina, entre otros, tal y como ha publicado OKDIARIO.

El sindicato CSIF ha remitido también una carta dirigida al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la que califica de «ilícitos y discriminatorios» estos criterios de exclusión de trabajadores.

La argumentación jurídica de CSIF señala que este personal, encargado de la prestación de servicios en los centros sanitarios o socio-sanitarios, está también protegido conforme a lo establecido por la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 28/2020.

CSIF «exige que la Seguridad Social considere como accidente de trabajo los contagios por Covid sufridos por todo el personal de los centros sanitarios o socio-sanitarios (residencias), sin excepciones», señala la formación y su carta.

Junto a estos colectivos, la norma ha excluido igualmente a otros profesionales que prestan servicios sanitarios y socio-sanitarios en otros ámbitos profesionales o laborales. Se trata de los encargados de esas mismas funciones en centros de menores, instituciones penitenciarias, servicios de prevención, ambulancias, etc. y que también están expuestos a diario al virus por sus obligaciones laborales.

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