Sánchez ya no engaña ni a las víctimas del franquismo: «Deje de prometer, debería darle vergüenza»

Mientras el Gobierno se dispone a agitar de nuevo la bandera de la Memoria Histórica, algo habitual en su estrategia de marketing, las víctimas exigen a Sánchez que deje de prometer y cumpla con los compromisos que anunció ya cuando estaba recién llegado a La Moncloa, vía moción de censura.

«Cuando se gobierna con Podemos y se es poder ejecutivo las declaraciones de intenciones no son suficientes. No queremos ley, queremos que el Gobierno atienda a las familias y se responsabilice de buscar a los desaparecidos. Y que lo haga ya para que deje de morir gente esperando». Es la crítica respuesta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) al comunicado que, este domingo, emitía el PSOE con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Nueva ley

En esa nota, los socialistas avanzan que el Gobierno presentará próximamente una nueva ley de memoria democrática, que supondrá, afirman, un paso adelante en «la legítima demanda de los ciudadanos y ciudadanas que ignoran el paradero de sus familiares», en lo que hace referencia a las fosas comunes, para que puedan darles digna sepultura.

Cabe recordar que en 2018 el Gobierno ya anunció que asumiría directamente la búsqueda de los desaparecidos. Sin embargo, esa tarea ha seguido recayendo principalmente en las asociaciones y familiares.

Muy críticos, desde esta asociación instan a PSOE y Podemos «a dejar de prometer qué hará cuando apruebe una ley, porque Pedro Sánchez lleva dos años siendo presidente del Gobierno, tiempo suficiente para haber llevado a cabo decenas de exhumaciones, haber recibido en el Palacio de la Moncloa, de manera pública y notoria a una representación de las familias de las personas desaparecidas y dejar así de hablar de lo que hará en futuro, un tiempo verbal que los hijos e hijas de los desaparecidos no pueden conjugar cuando llevan más de cuarenta años de democracia esperando a que las repare el Estado», señalan.

«Déjese de palabras»

Destacan, asimismo, que el colectivo inició las exhumaciones científicas de desaparecidos republicanos en 2000 «y que ha llevado a cabo más de 200 actuaciones».

Por ello, reclaman al Ejecutivo socialcomunista que se «deje de palabras y promesas legislativas» y le piden que abra «mañana mismo» una oficina «para atender a las familias», algo, precisan, «para lo que no es necesario ningún debate parlamentario».

“A cualquier Gobierno democrático se le debería caer la cara de vergüenza cuando un colectivo como el nuestro que no tiene ni una sede propia para atender a las familias ha llevado a cabo muchísima más reparación que todo un Estado”, señalan.

«Incomprensible»

«A la asociación para la recuperación de la memoria histórica nos resulta incomprensible que dos partidos que en sus programas decían apoyar la recuperación de la memoria hayan dejado morir condecorado al torturador José Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, y esté dejando morir siendo insignificantes para el Estado a miles de familiares que han sufrido el delito de terrorismo más grave que se puede cometer contra un ser humano; detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver para multiplicar el sufrimiento de sus seres queridos», apuntan en un comunicado.

Insisten: «No queremos más palabras, no queremos discusiones parlamentarias que pueden generar rentabilidad partidista pero no solucionan los problemas de las víctimas de la dictadura, queremos que el Gobierno ejerza lo que es; un poder ejecutivo. ¿Alguien imagina que el Estado no atendiera a las víctimas del terrorismo en el tiempo en que sufrieron atentados y no existía una ley específica?».

Otoño crítico

El Gobierno pretende recurrir de nuevo a las promesas de Memoria Histórica -como ya hizo con la exhumación de Franco- para afrontar un otoño convulso, marcado por la crisis sanitaria y económica de la pandemia. A ello se suman las continuas crisis en el seno de la coalición, la dificultad para sacar adelante los Presupuestos Generales, unas posibles elecciones en Cataluña y las implicaciones judiciales de Podemos, con el caso Dina-Iglesias y el de la presunta ‘caja B’.

Una operación cosmética que el Ejecutivo ya se ha encargado de poner en marcha. La nueva ley, como explicó hace unos días la vicepresidenta Carmen Calvo, permitiría la creación de fondos para reabrir fosas, un banco de ADN para las víctimas del franquismo y la “resignificación del Valle de los Caídos”. Promesas, todas ellas, que los socialistas alimentan desde hace más de dos años.

Según el PSOE, la nueva ley que quiere aprobar el Ejecutivo incorporará «nuevos objetivos, que, en la línea de las recomendaciones de distintos organismos internacionales en materia de derechos humanos, atenderá la legítima demanda de los ciudadanos y ciudadanas que ignoran el paradero de sus familiares, la mayoría en fosas comunes, para que puedan darles digna sepultura».

La ley incluirá puntos controvertidos, ya que persigue ilegalizar a la Fundación Franco mediante una modificación de la Ley de Fundaciones y del derecho de asociación. También se sancionará, con hasta 100.000 euros, la apología de la dictadura.