Sánchez e Iglesias ‘resucitan’ otra vez a Franco: quieren la Fundación ilegalizada dentro de un año

El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha fijado entre sus prioridades para la nueva legislatura el impulso a la Ley de Memoria Histórica y, con ello, propuestas como la ilegalización de fundaciones o la recuperación del Pazo de Meirás. El Ejecutivo pretende acelerar la tramitación de estas iniciativas con el el aval del Congreso, recuperando una Proposición de Ley que ya registró en la legislatura fallida y que forma parte de las cuatro primeras presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, lo que avanza la intención de que se tramite lo antes posible. El Ejecutivo contaría, de entrada, con la mayoría parlamentaria suficiente en la Cámara.

La iniciativa recupera cuestiones tan polémicas como la ilegalización de fundaciones que, según se explica en el enunciado, «públicamente inciten directa o indirectamente al odio o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil española y el franquismo por su condición de tales». Una cita lo bastante ambigua como para albergar, por ejemplo, a la Fundación Francisco Franco, como es intención del Ejecutivo. Para ello, el Gobierno tendrá que promover la modificación de la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, además de la Ley de Fundaciones.

Más de un año

La ilegalización de la Fundación Franco siempre ha figurado en los planes de Sánchez, aunque el Ejecutivo admitió lo complejo del proceso, condicionado siempre a las «modificaciones legales oportunas». 

No obstante, que el Gobierno impulse ahora la reforma de la Memoria Histórica no significa que ese marco legal esté disponible en breve. De hecho, el propio Ejecutivo se da, al menos, el plazo de un año para iniciar las correspondientes modificaciones.

Multas de 100.000 €

La Proposición de Ley recoge también el nuevo régimen de sanciones, con multas de hasta 100.000 euros para infracciones muy graves. En éstas se incluye, por ejemplo, «el traslado de los restos de víctimas de la Guerra Civil española o la dictadura sin la autorización administrativa correspondiente», «la destrucción de fosas de víctimas de la Guerra Civil española y la dictadura» o «la destrucción o menoscabo de lugares declarados como Lugar de Memoria Histórica».

También se sancionará como tal «la falta de adopción de las medidas necesarias para impedir o poner fin a la realización, en espacios abiertos al público, de actos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración del golpe militar de 1936, de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil española, de la dictadura franquista, o del dictador Francisco Franco por parte del titular o responsable del espacio donde se desarrollen dichos actos».

La multa podrá complementarse con «sanciones accesorias» como el cierre de locales y establecimientos públicos, por un período de seis meses y un día a dos años, «donde se realicen actos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración del golpe militar de 1936, de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil española, de la dictadura franquista, o del dictador Francisco Franco». Los sancionados perderán también, durante un plazo de cinco años, la posibilidad de recibir subvenciones en materia de Memoria Histórica.

El Consejo de la Memoria

La Proposición socialista crea un nuevo ente público, el Consejo de la Memoria, cuya presidencia corresponderá a Carmen Calvo.

El órgano estará compuesto, además de por representantes de la Administración y Comunidades Autónomas, por expertos y miembros de asociaciones de Memoria Histórica.

El Consejo tendrá facultad para realizar un seguimiento de las políticas de Memoria Histórica e «informar» de las propuestas de «disposiciones reglamentarias» relacionadas con el desarrollo de la ley.