Sánchez tampoco cumple con los juzgados de violencia contra la mujer: «En 2025 llega el colapso total»

Los juzgados especializados en violencia contra las mujeres afronta una crisis sin precedentes ante el aumento de competencias previsto para julio de 2025, sin que el Gobierno de Pedro Sánchez haya aprobado los recursos necesarios para afrontarlo. La nueva Ley de Eficiencia atribuirá a estos juzgados el conocimiento de casos adicionales de delitos contra la libertad sexual, impago de pensiones y trata de personas, una sobrecarga que amenaza con paralizar su funcionamiento. El Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE) y Yolanda Díaz (Sumar) aunque abandera la lucha contra la violencia machista está provocando el «colapso total» en los jueces que llevan en el día a día estos asuntos de gran delicadeza.

Jueces consultados por OKDIARIO alertan sobre la necesidad urgente de más medios para evitar «el colapso total» de estos órganos judiciales. Aunque apoyan la especialización en materia de violencia sobre la mujer, que consideran «indispensable», insisten en que debe ir acompañada de una dotación adecuada de recursos humanos y materiales.

«El incremento de asuntos que van a conocer los juzgados y las secciones de las Audiencias especializadas no puede ser asumido con las mismas personas y con los mismos medios de que se disponía, si lo que se pretende es que la respuesta judicial sea eficaz y de calidad», señalan.

Los expertos del sector advierten que la situación es especialmente crítica en las grandes ciudades, donde se estima que sería necesario triplicar el número actual de juzgados para hacer frente a la nueva carga de trabajo. Un sólo caso de trata, por su complejidad, puede paralizar la actividad normal del juzgado durante semanas o meses, afectando gravemente a la tramitación del resto de causas.

Fuga de jueces

El problema, tal como explican varias fuentes judiciales consultadas, se agrava por una serie de factores que están provocando la fuga de personal experimentado. Entre ellos destaca la falta de reconocimiento de antigüedad para los jueces que ejercen en estos juzgados, lo que limita significativamente su desarrollo profesional. Esta situación está llevando a que magistrados y otro personal cualificado abandonen progresivamente estos órganos especializados.

«Se acaban de cargar todo por no hacer el mínimo esfuerzo para solucionar un problema absurdo, pero que podía originar un abandono masivo si no se solucionaba. Y no se ha solucionado», afean. Así mismo, estos expertos advierten que la salida de profesionales experimentados afectará tanto a jueces como a letrados de la Administración de Justicia y funcionarios.

Los profesionales del sector están desaconsejando activamente solicitar traslados a estos juzgados. «Quedaréis bloqueados, no se os computará antigüedad y esos juzgados se van a convertir en un infierno desde julio, por la carga de asuntos», lamenta un experto en Derecho.

Pese a los intentos de algunos grupos parlamentarios por solucionar esta situación a través de enmiendas en las Cortes, las medidas necesarias no han prosperado. Esto, lamentan, provoca el cierre de la puerta a una posible solución a corto plazo.

La situación contrasta con el discurso oficial de las autoridades del Gobierno socialista, que continúan «presumiendo de nuestro sistema de protección judicial», según critican fuentes del sector. La realidad, sin embargo, es que el sistema se encuentra al borde del colapso por la falta de medios y personal.

El Real Decreto anunciado a bombo y platillo por Félix Bolaños ya está suponiendo una concentración de competencias en los juzgados especializados en detrimento de los juzgados mixtos con competencias en violencia sobre la mujer. Esta reorganización, sumada a las nuevas atribuciones previstas para 2025, amenaza con saturar definitivamente el sistema.

«Quienes defendemos un servicio público de justicia de calidad, no podemos estar más de acuerdo en que el conocimiento de los procedimientos en materia de violencia sobre la mujer debe corresponder a los juzgados y tribunales que se componen de personas con formación especializada en la materia», pero recalcan que estos órganos deben estar «dotados de los medios necesarios para dar una respuesta eficaz y eficiente», indican jueces próximos a la izquierda.