Sánchez quiere sacar anticipadamente del listado de delincuentes sexuales a los abusadores más jóvenes

El Gobierno quiere rebajar el impacto de las condenas para los abusadores sexuales más jóvenes. No planea una rebaja de la pena, pero sí una reducción del número de años que permanece el nombre del delincuente sexual en el listado oficial. El plan ha logrado ya la luz verde del Ejecutivo, que prepara un Real Decreto para cancelar los antecedentes penales de forma anticipada en el caso de los menores que cometan este tipo de delitos.

La reforma se pretende lanzar por medio de un Real Decreto por el que se modifique el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre. Y en ese cambio introducir lo que ya se denomina en Moncloa como una nueva regulación de Registro Central de Delincuentes Sexuales.

El objetivo del Gobierno es, fundamentalmente, “modificar los plazos de cancelación de inscripción de antecedentes sexuales de los infractores menores de edad”. El argumento sobre el que trabajan los equipos de juristas del Gobierno es que consideran “desproporcionado en ciertos casos el único plazo de 10 años previsto actualmente”.

Se plantea reducir el tiempo que permanece el nombre del delincuente sexual en el listado oficial

La idea no es alterar ese plazo general de los 10 años para la cancelación en los supuestos más graves. Pero sí rebajarlo para menores de edad o casos más leves. En los 10 años sí quedarían incluidos la práctica totalidad de los delitos con víctimas menores de edad, pero “se gradúa el resto de plazos, adoptando una fórmula híbrida, que combina la gravedad de los delitos cometidos, las medidas impuestas en consecuencia, y los plazos y requisitos que exige el artículo 136 del Código Penal para obtener la cancelación de los antecedentes penales”, como admite ya en su documentación el propio Gobierno.

“Los referidos plazos comenzarán a contar desde el día en que el menor hubiera alcanzado la mayoría de edad y siempre que las medidas judicialmente impuestas hayan sido ejecutadas en su plenitud o hayan prescrito”, añade la pretendida reforma.

La medida llama la atención porque los delitos sexuales no parecen ir en línea descendente, sino lo contrario. El Ministerio de Igualdad, dirigido por la podemita Irene Montero, de hecho no ha frenado el repunte de las agresiones sexuales y los delitos contra la libertad sexual: las violaciones se han incrementado un 15,2% durante los primeros seis meses del año 2021 en comparación con los dos primeros trimestres de 2019.

Cogiendo como referencia el año 2019, último año antes de que se desatara la pandemia del coronavirus y el Gobierno de Pedro Sánchez decretara el confinamiento domiciliario forzado, la estadística muestra un ascenso desde un total de 829 violaciones a 955 del mismo periodo de 2021, un 15,2% más, según los datos publicados por el Ministerio del Interior en su Informe sobre Criminalidad. Las 955 agresiones sexuales de ese periodo en 2021, además, son un 30,6% superiores a las de ese semestre de 2020.

En general y en ese mismo periodo, los delitos contra la libertad e intimidad sexual en general no mejoran. En el año 2019 se produjeron un total de 7.258, mientras que en 2021 se produjeron 7.898 en el citado semestre. Es decir, que el incremento general alcanza el 8,8%. Obviamente en el año del confinamiento, este tipo de delitos se redujo hasta los 5.958.