Sánchez presumió de negociar con Aragonés para lograr «un país unido» mientras le espiaba por los CDR

Pedro Sánchez conocía en plenas negociaciones para su investidura el espionaje al líder de ERC, Pere Aragonés, por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como «coordinador» de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR). Pese a investigarse esa conexión, con indudables repercusiones para la seguridad del Estado -los CDR están procesados por terrorismo-, Sánchez alabó el «diálogo» y el «pacto» con los separatistas para lograr «un país unido». «Se lo debemos a nuestros hijos y a nuestros nietos», celebró el líder socialista durante su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados, el 4 de enero de 2020, consciente de las investigaciones.

En dicha intervención, Sánchez destacó la urgencia de «retomar el diálogo» con el separatismo para «superar el conflicto político» en Cataluña, dejando atrás «la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y española».

«Así que, lo que propongo a esta Cámara, señorías, es recomenzar. Necesitamos recomenzar, retomar nuestro diálogo político en el momento en el que los caminos se separaron y las razones y los argumentos dejaron de escucharse. Retomar el diálogo en el punto en el que los agravios comenzaron a acumularse. Retomar, en definitiva, la senda de la política, dejando atrás la judicialización del conflicto», apuntó el entonces candidato socialista.

Espionaje

Sánchez, incluso, consideró que «es nuestra obligación y nuestro deber porque se lo debemos a nuestros hijos y a nuestros nietos, que merecen vivir en un país unido en su diversidad, no fracturado y confrontado». Y opinó que «la ley por sí sola tampoco basta, la ley es la condición, el diálogo es el camino». «Si queremos comenzar a trabajar honestamente, partamos ya de esas dos premisas: abramos un diálogo honesto, amparado por la seguridad que otorga nuestro marco legal», ofreció al independentismo, pese a conocer el espionaje por los CDR.

Sólo dos días antes, el 2 de enero, el Gobierno había firmado con ERC el acuerdo para garantizarse los votos de esa formación para la investidura, en el que se hablaba abiertamente del «reconocimiento del conflicto político» y se anunciaba la creación de una «mesa de diálogo», cuyos acuerdos serían sometidos a referéndum. Se iniciaba así un marco de colaboración entre el Gobierno y el independentismo, convertido ya en aliado preferente para el PSOE.

En la querella que presentó contra la ex directora del CNI, Paz Esteban, y el grupo israelí NSO -comercializador del programa espía Pegasus-, Pere Aragonés señalaba tres ataques a su móvil, entre los días 4,5 y 13 de enero de 2020. La primera fecha coincide exactamente con el discurso de investidura de Sánchez en el Congreso de los Diputados, cuando Sánchez celebraba la necesidad de pactar con los independentistas.

El CNI solicitó al Tribunal Supremo el aval para espiar a Aragonés con un software instalado en su teléfono móvil, entre julio de 2018 y marzo de 2020. Los servicios de Inteligencia ampararon la petición de espionaje en sus sospechas de que el vicepresidente de la Generalitat ejercía «en la clandestinidad» labores de coordinación de los CDR, al margen de su papel institucional, según consta en los autos que autorizaron el uso de Pegasus en el dispositivo del líder de ERC y que este jueves fueron facilitados por el Gobierno al juez que investiga el caso.

El Gobierno conocía desde finales de 2019 la razón por la que se espiaba a Aragonés. Los servicios secretos, siguiendo el protocolo establecido, informaron convenientemente al presidente de cuál era argumento para espiar al dirigente separatista. En octubre de ese año, cabe recordar, estallaron en Cataluña las protestas por la sentencia del procés impulsadas por los CDR y Tsunami Democràtic, algunas de las cuales, derivaron en violentos disturbios, con centenares de policías heridos.

De hecho, el propio Sánchez, como recordó este periódico, llegó a revelar en una entrevista en Telecinco, el 28 de octubre de 2019, que «los servicios de Inteligencia» estaban trabajando para demostrar si existían «vínculos entre los responsables políticos y algunas plataformas» que llamaban «a la agitación y la violencia». Sánchez afirmó ya entonces que existían «distintas líneas de investigación» y advirtió que no habría delito que quedase «impune». Aquella revelación provocó malestar en el CNI, que vio peligrar las investigaciones.