El CNI vio peligrar la investigación al ‘Tsunami’ separatista tras desvelarla Sánchez a Piqueras en T5

“Pero ¿qué hace el presidente?”. Así reaccionaron los agentes del Centro Nacional de Inteligencia, según relatan a OKDIARIO altos funcionarios de la seguridad del Estado, mientras seguían en directo la entrevista de Pedro Piqueras al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en octubre de 2019. En ese encuentro televisivo, en horario de máxima audiencia, Sánchez desveló que «los servicios de Inteligencia» estaban trabajando -como admitió Paz Esteban- para demostrar si existían «vínculos entre los responsables políticos y algunas plataformas», como el autodenominado Tsunami Democràtic, que llamaban «a la agitación y la violencia» durante los disturbios en Barcelona tras conocerse la sentencia del 1-O. “Puso en peligro la investigación”, aseguran a este periódico fuentes cercanas a las pesquisas.

Al igual que hizo recientemente cuando reveló a la Rusia de Vladímir Putin la ubicación y el nombre del buque militar que trasladaba armas a Ucrania, Sánchez también ha tenido otros graves patinazos al no guardar con discreción los detalles de investigaciones en marcha. Así ocurrió aquel 28 de octubre de 2019 en el que el presidente se sometió, en directo, a las preguntas de Piqueras.

Las mismas fuentes recuerdan que el presidente tuvo conocimiento de “esos datos confidenciales, que se encontraban bajo secreto de sumario, debido a su condición de responsable del Ejecutivo”. Por tanto, añaden, “debía haber guardado cierta cautela” a la hora de hablar de esas operaciones en marcha, absolutamente secretas en ese momento. De hecho, son las mismas que ahora le han costado el puesto a la ex directora del CNI, Paz Esteban.

A día de hoy, los agentes del Centro aún recuerdan aquella grave pifia del presidente. La misma que ahora desmiente su coartada de que no conocía el espionaje a los separatistas -entre ellos, a Pere Aragonés-. En aquel momento, la revelación en prime time fue muy grave: estuvo a punto de dar al traste con todo el operativo que montó el CNI para probar las conexiones entre la cúpula del Govern catalán y los esbirros CDR que en aquel momento quemaban las calles por orden de un etéreo Tsunami Democràtic que se ocultaba tras un grupo de Telegram encriptado y al que sólo se podía acceder por invitación.

Es más, la revelación de Sánchez no hizo más que complicarles las cosas a los agentes del CNI que condujeron aquellas operaciones. El aviso del presidente llevó a los investigadores a mantener más celo con el uso de sus comunicaciones. Por aquellas fechas, los grupos del Tsunami se hicieron aún más impermeables.

La investigación se encontraba bajo secreto de sumario, sin embargo, los agentes del CNI informaron a Sánchez de que los líderes independentistas estaban siendo investigados por uno de los delitos más graves contemplado en el Código Penal, el de terrorismo. La única condición que le impusieron fue guardar una absoluta discreción al respecto. Un mínimo desliz podría en peligro no sólo la investigación sino también a los agentes encubiertos que estaban detrás de ella.

Sánchez se saltó esta norma en la primera entrevista que concedió a Telecinco. «No puedo adelantar ninguna cuestión. Lo que sí le puedo garantizar es que los servicios de Inteligencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están detrás de esta cuestión», afirmó el presidente titubeando.

Bajo secreto de sumario

Sánchez afirmó en aquella entrevista en Telecinco que existían «distintas líneas de investigación» en la causa del Tsunami, la plataforma separatista y violenta que organizó los disturbios en Cataluña tras conocerse la sentencia del 1-O e investigada en la Audiencia Nacional por un presunto delito de terrorismo. La primera vía, explicó, estaba relacionada con «los más de 200 detenidos» en aquellas semanas. «No va a haber ningún delito que quede impune», avisó Sánchez, y añadió: «Esto es una de las máximas que ha repetido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el Gobierno de España la va a aplicar».

En segundo lugar, continuó, se investigaban también «los actos vandálicos y cortes en infraestructuras estratégicas, como por ejemplo en la AP-7» y «la responsabilidad administrativa y eventualmente penal» que de las mismas podían derivarse. Y, por último, la otra cuestión –esgrimió– era «ver si existen vínculos entre responsables políticos y algunas plataformas que llaman a la agitación y a la violencia». Este último dato hizo peligrar la causa que abrió el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.