Sánchez se niega a entregar los documentos oficiales pactados con Torra sobre el indulto a los golpistas

La Declaración de Pedralbes pactada entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, y Quim Torra, presidente de la Generalitat, abrió una de las mayores polémicas de los últimos tiempos. El Gobierno de España aceptó negociar con un relator y en igualdad con la Generalitat el futuro de Cataluña y el trato a los golpistas del 1-O. El separatista desveló, tras la reunión de diciembre de 2018, que uno de los puntos incluidos en el pacto de negociación era, efectivamente, el indulto a los golpistas. Pero, además, todo ello sin que hubiera cotejo de actas o documentos oficiales del Ejecutivo.

Ahora, tras más de seis meses transcurridos desde aquel encuentro, Sánchez se niega a entregar los documentos oficiales del Gobierno con el reflejo de lo ocurrido en aquellas reuniones en Barcelona. Y se niega a ello, a pesar de la exigencia legal del Consejo de Transparencia, órgano que ya le ha reclamado la documentación exacta de lo ocurrido.

La citada reunión, llevada a cabo entre representantes del Gobierno de Sánchez y de la Generalitat en Barcelona a partir del 20 de diciembre, fue uno de los hechos que acabó provocando el adelanto electoral del 28-A. Sánchez aceptó una negociación con los separatistas en la que Torra directamente exigió el indulto para los dirigentes en prisión preventiva y lo hizo, además, por medio de una fórmula eufemística dejando a las claras el objetivo final de esas reuniones.

El separatista y presidente de la Generalitat comunicó públicamente los puntos abordados en el encuentro. Y, concretamente, en el punto seis se señalaba claramente que “la vía judicial tiene que quedar atrás”. Es decir, cerrar el juicio del ‘procés’ de la forma que sea y dar paso a una negociación política. O, lo que es lo mismo, búsqueda de un indulto.

Tras esa filtración, la maquinaria para pedir explicaciones al Ejecutivo de Sánchez por parte de la oposición se puso en marcha, liderada por el PP y Ciudadanos, pero hubo la callada por respuesta. Ni un sólo documento se hizo público para esclarecer hasta qué punto se había mezclado el Gobierno en negociar una humillación a la Justicia de este calibre.

Sin embargo, una reclamación cursada ante el Consejo de Transparencia siguió su curso y el pasado 28 de enero se admitió la exigencia al Ejecutivo de “copia del documento con 21 puntos, propuesta de acuerdo democrático, entregado por el presidente de la Generalitat D. Quim Torra al Presidente del Gobierno D. Pedro Sánchez en la reunión mantenida el pasado 20 de diciembre”.
 Una exigencia que fue trasladada al Gobierno y en la que el organismo ha tenido que concluir que Sánchez mantiene una opacidad total.

“Con fecha 1 de marzo de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno a través de la Unidad de Información de Transparencia competente y al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Dicho requerimiento fue reiterado el 2 de abril. A pesar de que consta en el expediente el conocimiento por comparecencia de la apertura del indicado trámite de alegaciones, la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno no ha atendido el mismo”, señala el Consejo de Transparencia.

Además, el dictamen del organismo es rotundo. “En cuanto al fondo del asunto, ha de recordarse que la información solicitada es el documento que el Presidente autonómico catalán entregó al Presidente del Gobierno de España en su reunión del pasado 20 de diciembre de 2018 en Barcelona y que contiene 21 puntos o peticiones”. Y califica también de insostenible “la posición de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de no responder la solicitud de información ni los requerimientos de alegaciones efectuados por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno”.

“Se trata de información a cuyo acceso no cabe la aplicación, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ni de la Administración, que tampoco lo ha alegado, ninguna causa de inadmisión o límite, por lo que podemos concluir que se trata de información pública en el sentido del art. 13 de la LTAIBG cuyo acceso ha de ser garantizado en aplicación de la concepción amplia y de escasos límites que debe reconocerse al derecho de acceso regulado en la LTAIBG tal y como ha sido interpretado por este Consejo de Trasparencia y Buen Gobierno y los propios Tribunales de Justicia”, prosigue el documento.

Por todo ello, el Consejo insta con fecha 23 de mayo “a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno” a que remita “copia del documento con 21 puntos, propuesta de acuerdo democrático, entregado por el presidente de la Generalitat D. Quim Torra al Presidente del Gobierno D. Pedro Sánchez en la reunión mantenida el pasado 20 de diciembre”.