Sánchez exigirá que los profesores aprendan y enseñen en los colegios su versión de la Guerra Civil

Nuevo mandato socialista, y nueva vuelta de tuerca a la Ley de Memoria Histórica. Pedro Sánchez no sólo pretende lanzar un plan de exhumación masivo en todas las comunidades autónomas en esta legislatura. Además, quiere incluir en el sistema educativo español el conocimiento obligatorio de “la historia democrática española”, como lo denominan ya los socialistas.

Sánchez lo quiere en dos direcciones: en el alumnado y en el profesorado. Porque pretende exigir el aprendizaje de su versión de la Guerra Civil y de la República a los niños y a los profesores que lo enseñen. De modo que los docentes tendrán que avalar su conocimiento de la versión oficial de la Guerra Civil.

La propuesta aún se encuentra en fase de concreción. Pero resulta difícil pensar que los profesores puedan dar clase de esta asignatura sin haber pasado algún tipo de control, exactamente igual que ocurre con el resto de materias. Y, desde luego, lo que está claro es que los libros de texto tendrán que plasmar la versión oficial, la que impulsa y exigen el PSOE y sus socios.

De este modo, el profesor que quiera enseñar otra versión tendrá que optar por callarse, o no ser profesor de “la historia democrática española”. Y los niños tendrán que optar igualmente por otras dos posibilidades: o contestar como quieren los defensores de la memoria histórica, o suspender la asignatura.

No se trata del primer planteamiento de los socialistas para invadir las aulas con sus verdades históricas oficiales y únicas. Asturias, de hecho, ya tiene su propia ley para imponer una «verdad histórica incontrovertible» sobre la guerra civil y el franquismo. Se aprobó con los votos del PSOE, Podemos, IU y Ciudadanos. Y la normativa impondrá a los alumnos de la ESO y Bachillerato una nueva asignatura cuyo contenido será previamente destilado por un autodenominado ‘Consejo de la Memoria Democrática’ en el que no participarán historiadores.

A imagen y semejanza de otras leyes de memoria histórica impulsadas por la izquierda política en España, la norma asturiana crea una ‘comisión de la verdad’ (denominada en este caso Consejo de la Memoria Democrática) que está integrada por partidos, políticos, las denominadas ‘entidades memorialistas’, pero en el que no figurarán, curiosamente, historiadores.
Por encima del Consejo se encuentra el ‘Instituto de la Memoria Democrática’, que “desarrollará las funciones establecidas en la ley” y dependerá jerárquicamente de la Consejería del gobierno regional que se ocupe de la materia.

De tal forma que el contenido de lo que la ley denomina como “memoria democrática” estará en manos de políticos y la asignatura, además, estará incluida en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato.

La Junta de Extremadura que preside el socialista Guillermo Fernández Vara también ha dado otro paso en esta misma dirección y ha aprobado los trámites necesarios para formar a profesores en “la Verdad histórica” del franquismo. Según el PSOE de Vara, para superar el “pacto de silencio” que supuso la ley de amnistía sobre la que se fraguó el consenso constitucional del 78.