Sánchez ha desahuciado a 40 militares de forma exprés en 2023 mientras blinda a los okupas en su ley

Tres rentas impagadas. Ese es el margen que el Gobierno da a los militares que residen en viviendas públicas, adjudicadas por su condición castrense, antes de iniciar el expediente de desahucio. Un protocolo exprés que difiere mucho de las nuevas garantías que establece la Ley de Vivienda impulsada por Pedro Sánchez y Podemos, que marca un plazo de dos años para desalojar a okupas y blinda a aquellos considerados en «situación de vulnerabilidad». En lo que va de 2023, además, el Gobierno ha procedido al desalojo de 40 militares que residían en «alojamientos logísticos» de titularidad oficial.

Si un militar no paga una mensualidad de la vivienda pública que tiene asignada, su caso pasa directamente a la Agencia Tributaria para que se le pueda aplicar un embargo a la nómina por esa cantidad -más intereses-. Pero si suma 3 meses, la norma es clara: se da inicio al expediente de desahucio.

Así lo establecen las normas de funcionamiento del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), el organismo público que gestiona el suelo militar y las miles de viviendas de titularidad oficial destinadas a profesionales de las Fuerzas Armadas con las que cuenta el Estado.

«La falta de pago de canon de uso o servicios repercutibles correspondientes a tres mensualidades es causa de resolución del contrato de cesión de uso, dando lugar a la posible apertura de expediente de desahucio por impago», advierte el INVIED en sus cláusulas.

Blindaje okupa

Mientras, la nueva Ley de Vivienda de Pedro Sánchez, que el Congreso ha aprobado este jueves, impedirá echar a okupas que cobren 1.800 euros al mes y que deban destinar a pagar el alquiler y suministros (agua, luz, gas, teléfono…) el 30% de sus ingresos totales. En concreto, la normativa establece que «el tribunal para apreciar la situación de vulnerabilidad económica podrá considerar el hecho de que el importe de la renta, si se trata de un juicio de desahucio por falta de pago, más el de los suministros de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones suponga más del 30% los ingresos de la unidad familiar y que el conjunto de dichos ingresos no alcance, con carácter general, el límite de 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM)». En 2023, el IPREM se fija en 600 euros al mes, por lo tanto, se establece un límite de 1.800 euros mensuales.

De esta manera, los okupas que ingresen dicha cantidad y sus gastos por alquiler -independientemente de si los pagan o no-, electricidad, gas, agua y telecomunicaciones superen los 540 euros (30% de los ingresos) serán considerados vulnerables; y los propietarios no podrán echarlos de sus viviendas.

No obstante, la ley establece que esta cifra de ingresos puede ser mayor en función de la situación del okupa. La normativa incluye que el límite mencionado se incrementará en 0,3 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. Esto supone 180 euros más al mes por cada descendiente. También establece que el aumento por hijo a cargo será de 0,35 veces el IPREM en el caso de unidad familiar monoparental o hijo con discapacidad igual o superior al 33%. Así, a los 1.800 euros mensuales mencionados se podrán sumar 198 euros más, en este último caso.

«Desahuciados»

El anuncio de Sánchez de un plan de 20.000 viviendas en suelo militar de Madrid ha provocado resquemor entre los miembros de las Fuerzas Armadas, que recuerdan ese doble rasero del Ejecutivo con el personal castrense en temas de vivienda.

«No sólo no hay dinero para la mejora de las retribuciones del personal militar, sino que las condiciones empeoran para muchos de ellos, por lo menos en el Ejército de Tierra, ya que son desalojados de los alojamientos logísticos que ocupaban o deben esperar meses y meses en lista de espera para poder ocuparlos», aseguran desde la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME).

«Mientras el Gobierno anuncia que se van a construir viviendas en terrenos de Defensa, se olvida de algo tan primordial como la situación de los militares que por vicisitudes de la profesión militar deben ir destinados de manera obligatoria a otras ciudades diferentes de donde residen, muchos de ellos teniendo que dejar a su familia en la antigua residencia, con los costos económicos que ello conlleva», explican.

«Militares de tropa, muchos de ellos con un sueldo neto casi equiparable al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se encuentran con que son desahuciados o no se les da alojamiento en ciudades como, por ejemplo, Madrid o Valencia».