Sánchez dará pleno poder a Hacienda para investigar las SICAV de las mayores fortunas de España

Pedro Sánchez se ha lanzado de nuevo a la caza de las Sociedades de Inversión de Capital Variable, las más que famosas SICAV: una fórmula societaria con la que las mayores fortunas españolas han gestionado sus ahorros durante décadas. El presidente del Gobierno en funciones quiere otorgar poderes plenos a la Agencia Tributaria para inspeccionar este tipo de sociedades, en caso de que los hombres de Hacienda consideren que incumplen los requisitos de la ley de sociedades de inversión en materia de ahorro colectivo.

Las propuestas trasladadas por el PSOE a Podemos destacan el siguiente compromiso: “Ejerceremos un mayor control sobre las SICAV, de modo que la Agencia Tributaria pueda regularizar fiscalmente aquellos casos en los que no se cumplan los requisitos que establece la normativa financiera”.
Esos requisitos a los que hace referencia de manera velada son los que intentan determinar si la SICAV gestiona ahorro colectivo o si por el contrario es simplemente una simulación para gestionar exclusivamente el patrimonio de una o muy pocas personas.

La norma determina que, en caso de que realmente se trate de ahorro colectivo –abierto a un volumen elevado de personas–, el tipo de tributación en el Impuesto de Sociedades de las SICAV es del 1%, el mismo del que se benefician los fondos de inversión. Pero, en caso de que se llegue a la conclusión de que no se trata de inversión colectiva sino de que es el camuflaje de una o muy pocas grandes fortunas, el tipo de tributación pasa a ser el general del 25% en el Impuesto de Sociedades.

El análisis de la CNMV

La determinación de si se trata de un camuflaje o no ha sido hasta el momento una función compartida entre la Agencia Tributaria y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El regulador español ha sido, hasta el momento, más comprensivo en el análisis de esta situación. Y por eso Pedro Sánchez quiere que los poderes recaigan en exclusiva sobre Hacienda.

Tanto el Gobierno del PSOE como Podemos han esgrimido en numerosas ocasiones el argumento de que los “ricos” se benefician de una fiscalidad privilegiada. Y que ellos estaban dispuestos a acabar con esta situación. Una de las múltiples medidas planteadas consiste en modificar el régimen fiscal de las SICAV en España, bajo el argumento de que este instrumento permite a las grandes fortunas disfrutar de una tributación privilegiada, diferente a la del resto de la población.

Hoy por hoy existen poco más de 400.000 accionistas que mantienen cerca de 2.900 SICAV en España, un tipo de inversión que suma un patrimonio cercano a los 30.000 millones de euros.

La legislación actual exige un mínimo de 100 accionistas y un capital de 2,4 millones de euros para constituir una sociedad de capital variable, sus acciones cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y, por tanto, están disponibles para cualquier pequeño inversor desde apenas 10 ó 20 euros en muchos casos.

Este esquema es similar al de otros países europeos salvo por una gran diferencia: la mayoría de SICAV que operan en la zona euro tributan al 0% y sin necesidad de una cantidad mínima de accionistas, pudiendo crearse, además, con un capital inicial mucho más reducido.