Sánchez consuma la cesión de las costas al Gobierno vasco: próximo paso, los cuarteles de Loyola

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado el traspaso de la gestión del litoral al País Vasco mediante un Real Decreto aprobado el pasado 23 de diciembre y que entrará en vigor el 1 de abril de 2025. Esta transferencia, largamente reivindicada por los políticos vascos del PNV y Bildu, permitirá al País Vasco gestionar de forma directa las autorizaciones y concesiones en el dominio público marítimo-terrestre, agilizando proyectos estratégicos como la reconversión de los cuarteles de Loyola en San Sebastián.

La consejera autonómica de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, destacó recientemente la importancia de este traspaso para acelerar proyectos pendientes. «Si la competencia del litoral estuviese en Euskadi, la solución a los cuarteles de Loiola sería más rápida», dijo en agosto la consejera, haciendo referencia al proyecto que pretende construir 1.500 viviendas, de las cuales el 40% serán públicas. Para ello hay que desahuciar a cerca de 60 familias de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El acuerdo de transferencia de competencias de costas, alcanzado en la Comisión Mixta de Transferencias el 16 de diciembre de 2024, contempla el traspaso de funciones relacionadas con la gestión de autorizaciones de uso temporal en playas, concesiones demaniales y la vigilancia del dominio público marítimo-terrestre. La transferencia incluye también la capacidad de planificación, elaboración y aprobación de proyectos que no sean de interés general, lo que preocupa sobremanera a las fuentes consultadas por OKDIARIO conocedoras del caso de Loyola.

El coste total anual asociado al traspaso asciende a 4,29 millones de euros, según detalla el Boletín Oficial del Estado. Además, se transferirá por única vez una cantidad adicional de 218.876 euros públicos. El acuerdo incluye el traspaso de personal, con 14 funcionarios y personal laboral que pasarán a depender de la administración vasca, así como tres vehículos oficiales.

No obstante, el Estado mantiene ciertas competencias reservadas, como la fijación del importe de los cánones por la utilización del dominio público marítimo-terrestre y su recaudación. También conserva la potestad sancionadora en aspectos no relacionados con el incumplimiento de las autorizaciones y concesiones gestionadas por la comunidad autónoma.

Para garantizar la coordinación entre administraciones, se creará una Comisión de Seguimiento de composición paritaria, con tres representantes de cada administración. Esta comisión se reunirá al menos una vez al año y servirá para resolver posibles conflictos y discrepancias en la gestión.

El traspaso se fundamenta en el artículo 10.31 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que establece la competencia exclusiva de la comunidad autónoma en materia de ordenación del territorio y del litoral. La transferencia asegura que respeta el marco constitucional, que establece que la zona marítimo-terrestre, las playas y el mar territorial son bienes de dominio público estatal.

La gestión del litoral se suma a otras transferencias pendientes que el Gobierno vasco espera completar en los próximos meses gracias a su buena sintonía con el Ejecutivo de Pedro Sánchez que, por el contrario, discrimina a otras muchas comunidades autónomas. La citada consejera vasca afirmó el acuerdo para la puesta en marcha de la Comisión Bilateral antes de noviembre, «un órgano primordial que nos va a permitir reunirnos con más asiduidad para darle velocidad al traspaso de las transferencias».

El traspaso de esta competencia permitirá al País Vasco, dice, tener mayor capacidad de decisión en proyectos estratégicos relacionados con el litoral, especialmente en materia de vivienda y desarrollo urbano. La consejera subraya la importancia de poder tomar decisiones desde el País Vasco para dar respuesta a las necesidades del territorio, especialmente en lo referente a la crisis habitacional.

Así, la gestión del litoral vasco inicia una nueva etapa con la transferencia de competencias del Estado al País Vasco y, por su parte, el viceconsejero de Sostenibilidad Ambiental, Josu Bilbao, ha asegurado que servirá para luchar contra el cambio climático. En lugar de reconocer que es para facilitar los pelotazos urbanísticos como los de Loyola, el alto cargo vasco trata de vender que estamos ante un Ejecutivo autonómico verde. En un congreso celebrado en Irún, Josu Bilbao destacó también en este contexto un estudio en marcha sobre el potencial de absorción de carbono de los hábitats marinos, marismas y praderas marinas (carbono azul).