Rajoy blindó el cuartel de Loyola como clave para la Defensa Nacional un día antes de su moción de censura

De manera completamente inesperada y con una decisión que ha caído como un jarro de agua fría en la cúpula militar española, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido entregar al nacionalismo vasco los terrenos del cuartel de Loyola en San Sebastián (Guipúzcoa) como contrapartida al apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado. Unas instalaciones que fueron clave durante décadas en la lucha contra ETA y que están consideradas como zonas de interés para la Defensa Nacional desde 2018. Esa declaración se hizo efectiva el 30 de mayo de ese año, 24 horas antes de que comenzase en el Congreso la moción de censura contra el entonces presidente, Mariano Rajoy, y que acabaría aupando a Sánchez a la Moncloa. Ahora, por decisión del PSOE, el Ejército deberá abandonarlas en 2021.

Tras otorgarle varias victorias electoralistas a la proetarra EH Bildu, Sánchez ha complacido al PNV con una propia que llevaba décadas persiguiendo: el cierre y desmantelamiento de uno de los cuarteles militares más representativos y estratégicos de cuantos aún quedan en el País Vasco. Y lo ha hecho pese a la oposición manifiesta de las propias Fuerzas Armadas, donde las instalaciones tienen estatus de zona de interés para la Defensa Nacional.

24 horas antes de la moción

Fue el Gobierno de Rajoy el que elevó el estatus estratégico de este enclave militar, bordeado por el río Urumea y con unas condiciones geográficas privilegiadas de cara a su protección, a zona de interés para la Defensa Nacional el 30 de mayo de 2018. Ese día, el Boletín Oficial del Estado publicaba la decisión del Ejecutivo del PP y entraba en vigor esa nueva calificación. Una categoría que contempla el artículo 149 de la Constitución, y que en la práctica sirve para blindar este tipo de bases clave para los intereses del Estado ante posibles injerencias por parte de administraciones autonómicas o locales.

«En las zonas declaradas se considerarán prioritarios los intereses de la Defensa Nacional», advertía el Real Decreto publicado aquel 30 de mayo de 2018. Se incluía en el BOE la referencia cartográfica de los 30 puntos de coordenadas que delimitan las 17 hectáreas del cuartel de Loyola, así como también las de otra instalación: el Campo de Maniobras y Tiro de Jaizquibel, también en Guipúzcoa.

Sólo 24 horas después, en el Congreso de los Diputados daría comienzo la primera sesión de debate sobre la moción de censura presentada por el grupo parlamentario socialista, encabezado por Pedro Sánchez. El 1 de junio, día de la votación, la moción salió adelante con el apoyo aritmético clave del PNV. Los nacionalistas vascos, que habían llegado a múltiples acuerdos con el PP durante esa legislatura, fueron la llave a Moncloa para Sánchez.

Loyola, obsesión del PNV

Las ambiciones soberanistas del PNV llevaban ya años detrás de la cesión de estos terrenos militares, que alojaban hasta ahora a unos 400 efectivos del Regimiento de Infantería Tercio Viejo de Sicilia 67, que entre sus últimas misiones cuenta un despliegue en Irak en este 2020.

Las instalaciones habían perdido cierto peso para la estrategia militar las Fuerzas Armadas en la última década, ya que la derrota de ETA relevó su papel a un segundo plano. Sin embargo, continuaban siendo consideras «de vital importancia», tal y como las definió la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro -ex número 2 del CNI- en el Congreso hace tan sólo dos semanas.

Según explican fuentes militares bien posicionadas a OKDIARIO, la decisión de blindar como de interés para la Defensa Nacional al cuartel de Loyola fue muy bien recibida por parte de la cúpula militar, consciente de esas ambiciones del PNV. Se consideró que, gracias a este estatus, el futuro de la base quedaba asegurado ante posibles cambios de proyecto político.

Esa declaración otorga el poder al Ministerio de Defensa, según su artículo 2.B, a «someter a la autorización previa (de Defensa) la transmisión de la propiedad, así como la constitución, transmisión y modificación de cualquier derecho real sobre la misma, con independencia de la nacionalidad o naturaleza de los otorgantes». Es decir, Defensa tendría la última palabra sobre cualquier cesión de terreno -por encima de Moncloa incluso-, y decisiones de este calado «no suelen tomarse sin consensuarlas con el Estado Mayor» de las Fuerzas Armadas, explican estas fuentes.

A por Bardenas

Este tipo de declaración de interés para la Defensa Nacional también ha servido para blindar otras instalaciones que están en la diana del independentismo. Por ejemplo, el polígono de tiro de Bardenas Reales, un terreno estratégico para la OTAN y el Ejército del Aire español situado en Navarra y que desde hace años EH Bildu insiste en cerrar y entregar su propiedad a la Comunidad Foral. Esa figura legal protegía a estos enclaves precisamente, al menos hasta ahora, de este tipo de aspiraciones políticas.

El pacto entre Sánchez y el PNV para la cesión de las 17 hectáreas de terreno fue anunciado por el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, después de que los nacionalistas hayan protestado insistentemente por la creciente sintonía entre el PSOE y EH Bildu. Su principal rival electoral.

Defensa, por su parte, ha asegurado que las Fuerzas Armadas continuarán presentes en San Sebastián. Su presencia «no es negociable», ha asegurado Margarita Robles. Sin embargo, fuentes militares próximas a este proyecto aseguran que no hay de momento ninguna alternativa para ubicar a ese regimiento de infantería desahuciado.