Sánchez abre la puerta a que el Estado indemnice a 18 golpistas espiados con mandato judicial

La comisión de investigación sobre la Operación Cataluña registrada por Junts y PNV en el Congreso de los Diputados, fruto del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, abre la puerta a que el Estado indemnice a 18 golpistas espiados legalmente por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Legalmente, porque esos espionajes se llevaron a cabo con mandato judicial.

En concreto, el texto de la solicitud de creación de dicha comisión, dirigida a airear casos de lawfare (guerra judicial) y al control parlamentario de los jueces, señala que uno de los objetivos de estos trabajos será «proponer y plantear medidas de restitución y compensación para todas las personas afectadas por las investigaciones irregulares o ilegales». Los socios soberanistas de Sánchez califican de «víctimas» a estos golpistas, vinculados a los violentos CRD y Tsunami Democràtic.

De los 65 independentistas catalanes y vascos que conformaron la lista de presuntos infectados con los programas informáticos Pegasus o Candiru, según indicó el laboratorio informático canadiense Citizen Labs en el año 2022, la entonces directora del CNI, Paz Esteban, admitió que la Inteligencia española sólo investigó -con mandato judicial- a 18 separatistas vinculados a la causa de Tsunami Democràtic.

Esteban así lo expresó a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados, sin especificar qué métodos fueron empleados. Eso sí, remarcó que todas estas actuaciones se efectuaron bajo tutela judicial y con previa autorización. De hecho, Esteban aportó en la Comisión de Secretos Oficiales de la Cámara baja el expediente que motivó la investigación a esos 18 individuos durante el procés.

El director del CNI está obligado por ley a solicitar al magistrado correspondiente del Tribunal Supremo la autorización para realizar un CIR (Control Integral de Relaciones) en domicilios o interceptar las comunicaciones. El magistrado titular del Supremo que controlaba al CNI cuando en 2019 se activó el programa Pegasus era Pablo Lucas, actual presidente en funciones de la Sala Tercera del Alto Tribunal y un profesional muy próximo a la ex vicepresidenta primera del Gobierno y hoy diputada del PSOE, Carmen Calvo, tal y como publicó OKDIARIO.

Esos 18 fueron Pere Aragonés, actual presidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC; Jordi Sánchez, ex secretario general de Junts per Catalunya; Carles Riera, diputado de la CUP; Elisenda Paluzie, ex presidenta de la ANC; Marcel Mauri y Jordi Bosch de Borja, miembros de Ómnium Cultural; Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont; Joan Matamala, empresario y amigo del ex presidente de la Generalitat; Josep Lluís Alay, jefe de su Oficina en Waterloo; Xavier Vendrell, empresario, ex conseller de ERC y jefe de Tsunami Democràtic; Elsa Artadi, ex vicepresidenta de Junts; Albert Batet, presidente del grupo de Junts en el Parlament; David Bonvehí, último presidente del PDECat; Marc Solsona, actual alcalde de Mollerussa; Sergi Miquel Gutiérrez, publicista y colaborador de Puigdemont; y Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives, empresarios de tecnología afines al independentismo.

Exigen los «contratos» de Pegasus

Asimismo, otro de los propósitos de esta comisión de investigación, cuya puesta en marcha saldrá adelante con el voto favorable del PSOE de Pedro Sánchez, consiste en «conocer los contratos, gastos y procedimientos de contratación por el presunto desarrollo y/o compra del software denominado Pegasus, u otras herramientas utilizadas presuntamente para espiar por parte de estamentos oficiales».

De igual modo, el escrito registrado por Junts y PNV -se requieren al menos dos grupos parlamentarios proponentes para solicitar una comisión de investigación- recoge que la comisión se encargará de «investigar todas aquellas iniciativas que se hayan podido llevar a término desde las instituciones del Estado con el objetivo de perseguir la disidencia política».

Los separatistas catalanes y los nacionalistas vascos plantean, además, que la comisión de investigación tenga una duración de seis meses desde su constitución, con posibilidad de prórroga. Y recuerdan que, conforme al artículo 76.1 de la Constitución, la Mesa del Congreso podrá «dar traslado al Ministerio Fiscal de las conclusiones de la comisión para que realice las acciones que sean procedentes».

El acuerdo suscrito entre PSOE y Junts dice que «las conclusiones de las comisiones de investigación se tendrán en cuenta en la aplicación de la Ley de Amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».

Sánchez fue informado por el CNI

OKDIARIO publicó también en plena polémica por el caso Pegasus que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, supo desde 2018 -al llegar al poder- por el propio responsable entonces de los servicios secretos, Félix Sanz Roldán, que el CNI investigaba a los separatistas bajo tutela judicial. Sánchez fue informado de las líneas de acción que tenía en marcha en esos momentos el Centro Nacional de Inteligencia. «De las líneas, no de los métodos», explicaron a este periódico fuentes de la Inteligencia española. También el teléfono móvil del jefe del Ejecutivo -y de varios ministros- fue infectado por Pegasus entre octubre de 2020 y diciembre de 2021, barajándose aquí una injerencia extranjera.