Puigdemont sopesa con la cúpula de Junts presentarse en España el último día de campaña

El ex president, líder de Junts y candidato de nuevo a la Presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, sopesa presentarse en España el próximo viernes, el último día de la campaña electoral catalana. Fugado en el extranjero desde la fallida declaración de independencia de Cataluña que encabezó en octubre de 2017, sobre él sigue pesando una orden de detención en nuestro país, emitida por el Tribunal Supremo. Pero con la Ley de Amnistía encarando la recta final de su tramitación en el Senado, en el entorno de Junts valoran un horizonte procesal favorable -«in dubio pro reo», recuerdan- para el actual candidato a presidir la Generalitat.

«Lo está sopesando», aseguran a OKDIARIO fuentes de Junts cercanas a Puigdemont. Está analizando el escenario al que se enfrentaría, y todo depende de que considere que los pros son mayores que los contras. Entre los pros destaca el protagonismo que adquiriría no sólo entre los suyos, los convencidos de Junts, sino en general en el caladero de votos del independentismo a menos de 48 horas de que se abran los colegios electorales de Cataluña. Sería un golpe de efecto frente a sus competidores, particularmente la ERC de Pere Aragonés.

Hasta ahora, el entorno de Puigdemont daba por imposible que el ex president fugado regresara a España antes de que estuviera promulgada la Ley de Amnistía. Pero ahora, con las elecciones a la vista y esos pros que baraja el candidato de Junts a la Generalitat, las coordenadas han cambiado.

El juez que instruye la causa por los delitos del procés que se le imputan a Puigdemont mantiene abierta una pieza separada por aquella sedición contra quienes se fugaron, con el ex president como principal encausado. Eso significa que las fuerzas de seguridad tienen la obligación judicial de detener a Puigdemont en cuanto esté localizado en suelo español. Y, si regresa el viernes, no se ocultará. Precisamente, su vuelta a España busca un golpe de efecto y será, también, un evidente órdago al Gobierno de Pedro Sánchez.

Entre los contras, el más obvio: la posible detención a la que se enfrenta. Pero esto también lo interpreta como un punto a su favor con las urnas a la vuelta de la esquina, para presentarse ante el electorado independentista como un inmolado por la causa de lo que el secesionismo llama nación catalana. Además, hay sectores que dan por hecho que esa detención no conllevaría su encarcelamiento sino que se quedaría en una puesta a disposición del magistrado Llarena, que es muy probable que lo dejara en libertad tras comunicarle que está procesado por los hechos que se le imputan. Más aún cuando la Ley de Amnistía, aunque todavía no está en vigor, hace semanas que quedó aprobada por el Congreso y ahora sigue su curso en el Senado, Cámara ésta en la que el PP tiene mayoría para vetar el texto. Pero esto, previsiblemente, sólo retrasará unas semanas su aprobación definitiva, una vez que sea devuelta al Congreso.

Órdago a Pedro Sánchez

Para Pedro Sánchez, en cualquier caso, será un problema. ¿Cabe la posibilidad de que el presidente, a través del Ministerio del Interior, incumpla la orden de detención? Es una hipótesis que entra más en el terreno de la ficción que en el de lo probable. Fundamentalmente, porque sería un acto de rebelión, en la práctica, frente al Poder Judicial. Además, las órdenes de los jueces no las ejecutan las fuerzas de seguridad en su condición de cuerpos ligados a la Administración sino en su condición de policía judicial. Y si no cumplen incurren en desobediencia.

De cualquier forma, la presencia de Puigdemont antes de estar aprobada la Ley de Amnistía sería un órdago para Sánchez, una declaración de fuerza del ex president que pondría políticamente contra las cuerdas al Gobierno socialcomunista y, en el plano electoral, al candidato del PSC, Salvador Illa. Esa declaración de fuerza surtiría efecto no sólo en ese momento sino en el futuro inmediato, en la negociación del necesario pacto para la formación del nuevo gobierno de la Generalitat.

Calendario institucional

Otro factor que Puigdemont está teniendo en cuenta mientras medita si se presenta o no en España el próximo viernes, coincidiendo con el cierre de la campaña electoral, es una obviedad temporal: si no vuelve ahora, en todo caso puede verse forzado a tener que regresar antes de que esté promulgada la Ley de Amnistía. Y, puesto a hacerlo en esas condiciones, políticamente le resultaría más rentable hacerlo en vísperas de las elecciones.

El PSOE y sus socios siguen pisando el acelerador para acortar los plazos y van a intentar que, tras ser vetado por el Senado, el proyecto de ley regrese al Congreso y lo valide definitivamente a finales de mayo. Pero para eso hace falta que no se tuerza el calendario. Si se prolonga el trámite, si se desdibuja ese horizonte ideal que buscan la izquierda y los independentistas, Puigdemont obligatoriamente va a tener que presentarse ante el Parlament, como mucho, a primeros de junio. Y es que los plazos de constitución del nuevo Legislativo catalán son impepinables.

Una vez celebradas las elecciones, el próximo domingo, se pone en marcha el reloj: el 7 de junio es la fecha límite para la constitución del nuevo Parlamento de Cataluña emanado de estas urnas. A partir de ahí, quien ocupe la Presidencia de la Cámara autonómica tiene diez días de plazo para proponer el candidato a presidente de la Generalitat, tras completar la tradicional ronda de consultas con los distintos partidos que hayan obtenido representación parlamentaria. Es decir, como máximo el 17 de junio tiene que haber candidato, e inmediatamente se celebrará el pleno de investidura. Técnicamente, podría tener lugar la misma semana en la que se notifique el nombre del candidato.