Ataque frontal del PP a la amnistía: el Senado planteará un conflicto institucional con el Congreso

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este martes que su formación elevará a la Mesa de la Cámara Alta, en la que tienen mayoría absoluta, un escrito en el que plantea un conflicto institucional con el Congreso de los Diputados por la proposición de Ley de Amnistía, tal y como recomienda el informe de los letrados visto este martes.

Así lo ha adelantado Alicia García en su intervención durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Senado, después de que el informe de los letrados del Senado hablara del planteamiento de un conflicto entre órganos constitucionales como una de las posibles vías para «suspender» la tramitación de la proposición de Ley de Amnistía y llegar hasta el Tribunal Constitucional. La otra es la suspensión vía recurso de amparo ante el máximo garante de la Carta Magna.

En cualquier caso, fuentes populares precisan que el primero paso para plantear este conflicto de competencias con la Cámara Baja será llevarlo al pleno del Senado para requerir formalmente al Congreso de los Diputados la retirada de la proposición de Ley de Amnistía pactada por Pedro Sánchez con los independentistas catalanes, recoge Ep. El PP tiene mayoría absoluta en el Senado.

Desde entonces, estas mismas fuentes explican que el Congreso tendrá un plazo máximo de respuesta de 30 días. Si no lo hace o su respuesta es negativa, el siguiente paso sería llevar al Tribunal Constitucional el conflicto de competencia.

La portavoz de los populares ha justificado este planteamiento de conflicto de competencias en uno de los textuales del informe de los letrados del Senado, según el cual esta proposición de Ley de Amnistía supone una «reforma encubierta de la Constitución», que no se ha tramitado de esa manera en el Congreso de los Diputados.

«Le aseguro que el Partido Popular defenderá por encima de todo, las facultades de esta Cámara y los derechos de todos los españoles, porque no solo está en juego la capacidad del Senado, sino la defensa del Estado de Derecho y el cumplimiento de la Constitución», ha lanzado en su interpelación al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Procedimiento

En concreto, en su informe de 69 páginas, los letrados del Senado explican el procedimiento, que viene marcado por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y comenzaría con la presentación del escrito de planeamiento del conflicto por un grupo parlamentario o veinticinco senadores en texto escrito debidamente motivado (según artículo 188 del Reglamento del Senado). Acto seguido, debe producirse acuerdo del pleno del Senado para la aprobación del planteamiento del conflicto. Aquí el PP no tendría problemas al disponer de mayoría absoluta. Tras ello, la Cámara Alta formularía un requerimiento al Congreso de los Diputados para que revoque su decisión sobre la amnistía.

«Este requerimiento debe trasladarse a dicho órgano en el plazo de un mes desde la entrada en el Senado del texto», apuntan los letrados. De este modo, si la proposición de ley orgánica suscrita por el PSOE con los separatistas catalanes entró en el Senado el pasado 15 de marzo, el PP de Alberto Núñez Feijóo tendría de plazo hasta el 15 de abril para formular el citado requerimiento al Congreso.

Sobre ello, hay diversos modos de hacerlo, detallan los letrados. «Uno es solicitar al Congreso la retirada de la proposición, lo que es posible en virtud del artículo 129.2 de su reglamento, que establece que, una vez tomada en consideración, la retirada de la proposición de ley se puede hacer sólo si la acepta el pleno de la Cámara. Otro, es solicitar (al Congreso) que anule todo lo actuado desde la admisión a trámite de la iniciativa, o alternativamente, desde la segunda vuelta del dictamen a la Comisión. Cualquier anulación debería incluir la anulación de la segunda votación en la Comisión, la segunda votación en el pleno y la remisión del texto al Senado», subrayan los letrados.

Si el Congreso, en el plazo de un mes, no rectifica o comunica que actúe legítimamente en el ejercicio de sus funciones constitucionales, «queda ya abierta la vía para la presentación, en el plazo de un mes, del escrito de planteamiento de conflicto ante el Tribunal Constitucional. Por la Mesa, sin necesidad ya de Pleno, se acorará esta presentación, una vez se constate el presupuesto de hecho anterior», exponen los servicios jurídicos de la Cámara Alta.

Si bien el planteamiento del conflicto no paraliza la tramitación de la ley de amnistía en el Senado, los letrados sostienen que se podría solicitar al Tribunal Constitucional -aunque la LOTC no lo prevé- la medida cautelar de suspensión «por si, excepcionalmente, la admite ponderando las circunstancias urgentes y extraordinarias que concurren, que determinan, de no adoptarse la misma», un perjuicio irreparable para las atribuciones que la Constitución confiere a la Cámara Alta.