Puigdemont regó con 8 millones a liberados de sindicatos radicales que apoyan a los violentos CDR

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Varias decenas de manifestantes, convocados por los Comités de Defensa de la Repúiblica (CDR). protestando por la visita del rey Felipe a Barcelona para la entrega de despachos a los jueces (Foto: Efe)

La Generalitat de Cataluña pagó algo más de 8 millones de euros en 2017 a los liberados de los sindicatos más afines al proceso separatista, los cuales han ido nutriendo y prestando cobertura a los autodenominados ‘Comités de Defensa de la República’ (CDR), el brazo civil del independentismo radical tras tomar el testigo de la ANC y Òmnium Cultural.

Según datos oficiales del Portal de Transparencia del Gobierno catalán, los liberados de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Coordinadora Obrera Sindical (COS), la Intersindical-Confederación Sindical Catalana (I-CSC) y la Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC) ingresaron del erario público un total de 8.144.143,35 euros para las 205.415 horas que dedicaron a tareas de representación sindical en organismos de la Administración catalana.

En el caso de estos sindicatos, algunos de ellos de ideología anarquista, tales funciones de representación han estado entrelazadas con acciones de propaganda independentista. Por ejemplo, en este 1 de mayo, se manifestaron con lemas del tipo «La República será obrera, o no será». Los pagos a estos liberados se efectuaron coincidiendo con la estancia de Carles Puigdemont en el poder y con la aplicación del artículo 155, que dejó la Consejería de Gobernación, Administración Pública y Vivienda en manos de la secretaria general del departamento, Meritxell Masó, integrante del PDeCAT.

Dentro de estos sindicatos que sustentan las estructuras de los CDR, fue la Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC) la que sumó el mayor número de horas para sus liberados, con 166.284. En concreto, estos afiliados a la IAC recibieron un total de 6.702.755 euros. En este recuento se incluye personal de la Administración técnica y laboral de la Generalitat, docentes no universitarios, personal estatutario de instituciones sanitarias e integrantes de la Administración de Justicia.

Los CDR han sustituido a la ANC y Òmnium como brazo del independentismo para dominar la calle

Estos sindicatos fueron, por ejemplo, los que convocaron la huelga del 3 de octubre en Cataluña, dos días después del referéndum separatista del 1-O declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Así, CGT, IAC, Intersindical-CSC y COS pusieron sus servicios jurídicos a disposición de los violentos CDR, agitadores de los paros, y llegaron a decir que esta huelga se planteaba como una movilización «no estrictamente sindical sino ciudadana».

También estuvieron detrás de la huelga general del 8 de noviembre convocada con el marchamo oficial de protestar ante la «regresión de derechos sociales» y la «precariedad laboral» en Cataluña, pero que, en realidad, fue utilizada por los CDR para reavivar el proceso secesionista, paralizar la comunidad y exigir la libertad del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete ex consellers -acusados todos ellos dos delitos de rebelión, sedición y malversación-, y la del ex presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

«Superar la Monarquía»

En su valoración de la huelga del 8-N, la Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC) destacó el papel «central» jugado por «la movilización popular, organizada alrededor de los CDR». En esta línea, el sindicato subrayó que «sólo la autoorganización y el impulso de un sindicalismo alternativo y combativo podrán dar una respuesta a la altura de la grave agresión que están viviendo las clases trabajadoras de este país y sus instituciones».

«Como sindicato pensamos que hay que poner las necesidades de las clases populares en general y de la clase trabajadora en particular en el centro de la lucha por la República. Si no es así, será imposible superar la Monarquía», sentenció dicha intersindical. La IAC está liderada por Carles Sastre, un ex miembro de la organización terrorista Terra Lliure que fue condenado a 48 años de prisión —cumplió 11— por el asesinato del empresario José María Bultó, presidente de la empresa química S.A. Cros.

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