Puigdemont no quiere someter la independencia a votación: teme que algunos de los suyos la rechace

La posibilidad de que Carles Puigdemont anuncie una declaración unilateral de independencia en el Parlament, el próximo viernes, gana enteros tanto en el seno del Govern como en el de la oposición catalana. La declaración iría acompañada, sostienen las fuentes consultadas, por la convocatoria de unas elecciones de tipo ‘constituyente’, en el intento de frenar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El Gobierno advierte, no obstante, de que no se evitará su activación si la convocatoria electoral va precedida de una declaración de independencia.

La táctica está aún por definir, y se aclarará en los próximos días, claves en los siguientes pasos del procés. Tampoco está decidido el contenido de ese pleno, ni siquiera el formato de una eventual declaración de independencia y, sobre todo, una cuestión que centra las discusiones a puerta cerrada del Govern y sus socios: si esa declaración tiene que votarse o no.

Mientras que la CUP descarta la votación, ya que considera que los resultados del referéndum ilegal del 1-0 legitiman por sí mismos esa proclamación, otros sectores creen que la votación parlamentaria añade un plus de legitimidad. El motivo de resistencia es el temor a una ‘rebelión’ de los diputados menos proclives a la ruptura definitiva: la desobediencia en la disciplina de voto llevaría la declaración al fracaso, una opción posible con solo cinco ‘bajas’ de última hora.

JxSí y la CUP anunciaron el martes que estaban ultimando la proclamación de la independencia de Cataluña para hacerla efectiva «en los próximos días» ante la posibilidad de que el Gobierno central aplicase el 155.

Los grupos independentistas no detallaron ni cuándo ni cómo estudiaban hacerlo para evitar «la represión política» del Estado. Puigdemont, en su segunda carta al Gobierno-el jueves-afirmó que podría hacerse con una votación en el Parlament. La declaración se dio por inminente una vez activado el 155. Incluso, desde el Govern se pidió a los diputados que estuviesen localizables el fin de semana por la posibilidad de un pleno convocado in extremis.

Incluso la CUP admite la República ‘imposible’

La declaración de independencia tiene mucho más de movimiento simbólico que real, y así se reconoce incluso en los círculos de la CUP, la formación que con más ahínco ha presionado a Puigdemont para que la proclame.

En un artículo escrito por Abel Caldera, de Endavant -una de las organizaciones que la componen- se considera que «la declaración de independencia era la consecuencia lógica del mandato del 1 de octubre» pero también se admite que «esta declaración se podía matizar con una estrategia de negociación».

«¿Negociación para qué? O para implementar los resultados o para convocar un referéndum acordado y reconocido también por el estado español. En ambos casos, sin embargo, la suspensión debería haber sido condicionada a esta aceptación. Es decir «declaramos la independencia y sólo estaremos dispuestos a estudiar la suspensión si es para negociar la convocatoria de un referéndum acordado», sugiere.

El autor añade que «uno de los principales argumentos de los contrarios a proclamar ya la República es el hecho de que esta República, dicen, no se podrá hacer efectiva».

«Incluso en una situación en que tuviéramos al 100% garantizada la imposibilidad de hacer efectiva la república, su proclamación es un hecho positivo para la estrategia independentista. En la situación actual es preferible ser un país explícitamente ocupado tras una declaración de independencia que no se ha podido implementar -con policía comandada por el Estado y un gobierno puesto a dedo por el Estado-, que no continuar con la situación de autonomía intervenida de facto y la derrota desmovilizadora que supondría el desvanecimiento del mandato del 1 de octubre», prosigue.

En ese sentido, cree que «una República proclamada y suprimida por la fuerza del Estado es un potente horizonte político perenne».»Ahora ya, sin más margen de tiempo, o se proclama la República o se abre el camino a un nuevo encaje con el Estado -sea cual sea-. Es posiblemente una cuestión de días, o de dos semanas como mucho», concluye.