Puente desvió fondos destinados a software de seguridad ferroviaria como el LZB para pagar el Verano Joven

El Ministerio de Transportes, encabezado hasta el pasado martes por Óscar Puente, también usó fondos destinados a software y ordenadores para poder sufragar el Verano Joven. Lo hizo en los dos años inmediatamente anteriores a los dos accidentes ferroviarios en apenas nueve meses que han dejado 115 fallecidos. Precisamente, fue un error en la sincronización entre los dispositivos que controlan el sistema de seguridad LZB lo que provocó el fallo que desencadenó la tragedia de Urda (Toledo) en la que murieron 69 personas.

El Gobierno creó el Verano Joven en 2023 para ofrecer descuentos de hasta el 90% en viajes estivales en tren y bus para personas de menos de 30 años. El coste del Verano Joven para las arcas estatales ha oscilado entre los 120 y 130 millones de euros en sus primeros 4 años de vigencia.

El Gobierno, sin embargo, lleva desde 2023 sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, la financiación de estas ayudas se tuvo que hacer con modificaciones presupuestarias. En 2023 y 2026 se hizo a través de un crédito extraordinario, es decir, el incremento de una partida de forma puntual para la que no había fondos previstos. Sin embargo, en 2024 y 2025 la las arcas se cargaron de dinero a través de transferencias de crédito. Esto último implica mover el dinero de una partida, restándole el presupuesto a esa, para pagar otra con fines diferentes.

Asegurar el «funcionamiento del servicio»

Para ello, los fondos se detrajeron del dinero destinado a la «inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios». En 2024, se retiraron de dos partidas con esa misma referencia 110.998,31 euros y 522.526,30 euros. En 2025, se quitaron otros 223.963,65 euros. En total, el Gobierno redistribuyó un total de 857.488,26 euros destinados a ese fin en apenas dos años.

Ese gasto está destinado a la sustitución de una serie de bienes ya existentes, bien sea porque estén «deteriorados», para aumentar la eficacia de las necesidades derivadas de la prestación del servicio. También reponer los bienes afectos al servicio que hayan devenido inútiles para la prestación del mismo como consecuencia de su uso normal.

En este caso, se trata de gastos para el mantenimiento de edificios, maquinaria, mobiliario y también para el «equipamiento para procesos de información». En este caso, este gasto se extiende a la «adquisición de equipos de proceso de datos, unidades centrales, dispositivos auxiliares de memoria, monitores, impresoras, unidades para la tramitación y recepción de información, así como la adquisición o el desarrollo de utilidades o aportaciones para la explotación de dichos equipos, sistemas operativos, aportaciones de gestión de bases de datos y cualesquiera otra clase de equipos informáticos y software».

Precisamente, la empresa pública Ineco, dependiente de Transportes, presentó a Adif un proyecto en el que apremiaba a instalar el sistema ERTMS en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Y advertía que el LZB y ASFA, que no sirvieron para evitar el accidente de Urda (Toledo), estaban «próximos al final de su vida útil por obsolescencia, para los que es difícil actualmente encontrar repuestos, y adaptando los sistemas auxiliares (energía, detectores, etc.)».

No es la única partida en la que se metió mano para llenar de dinero la bolsa del Verano Joven. En 2025, el Gobierno llegó a sufragarlo casi al completo con 80 millones que el año anterior iban a parar a ayudas a las comunidades autónomas «para medidas sociales y mejora de la calidad en los servicios de transporte público». Y otros 25 millones para este mismo fin para subvenciones a «entidades locales».

Dimisión de Puente

El Verano Joven llegó este año a 1,5 millones de viajeros, que han realizado 6,5 millones de trayectos, según el Ministerio de Transportes. Sin embargo, no se detalló de dónde había salido el dinero para sufragar los más de 110 millones de euros que cuesta a pesar de no contar con Presupuestos desde 2023.

La ausencia de cuentas públicas ha afectado a diferentes parcelas del Gobierno. Tanto es así que el ex ministro Puente llegó a decir en el Congreso, cuando le recriminaron la falta de inversión en mantenimiento: «He tratado de llevar lo que tengo al límite». «No tengo más, tenemos un presupuesto que, como ven, desde el año 2023 no ha cambiado», lamentaba en su última intervención como titular de Transportes. Por tanto, tuvo que sacar fondos de otras partidas para sufragar su Verano Joven.

Puente dimitió al final de aquella comparecencia a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso tras la tragedia de Urda. «Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos», reconoció. Y aseguró que dejar el cargo era «una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas» después de dos tragedias ferroviarias en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) que han dejado 115 fallecidos.