PSOE y Sumar vetan que el Defensor del Pueblo se pronuncie sobre la amnistía pese a las 200 quejas recibidas

PSOE y Sumar han vetado que el Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo, se pronuncie en el Congreso de los Diputados sobre la Ley de Amnistía pese a las 200 quejas recibidas por esta institución. Otra marrullería más de los partidos del Gobierno de Pedro Sánchez incluso cuando la controvertida norma ya ha llegado al Boletín Oficial del Estado. Según fuentes parlamentarias consultadas por OKDIARIO, los representantes del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso rechazaron una iniciativa del PP que pedía la comparecencia de Gabilondo en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo de las Cortes para que expresara su posición respecto a Ley de Amnistía y diera cuenta de las quejas ciudadanas que habían llegado al organismo.

Los socialcomunistas, que sustentan el Ejecutivo, recurrieron a su mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara Baja y esgrimieron que está vigente el «plazo para la presentación de recursos» (son tres meses desde la publicación de la ley), por lo que manifestaron que no había lugar a una comparecencia ahora», apuntaron las mismas fuentes. Por su parte, los representantes del PP en la Mesa del Congreso respondieron a PSOE y Sumar que existe precedente de comparecencia del Defensor del Pueblo sobre una iniciativa legislativa luego recurrida, según indicaron las fuentes parlamentarias. De esta manera, los socialcomunistas han impuesto de nuevo su rodillo para que no se debata en el Congreso sobre la Ley de Amnistía que les mantiene en el poder, pues forma parte del acuerdo de investidura que Pedro Sánchez selló con los independentistas catalanes de ERC y Junts.

Se da, además, la circunstancia de que el propio Gabilondo dijo el pasado marzo que hasta que la Ley de Amnistía no fuese aprobada, no podía pronunciarse. Sin embargo, ahora que ya ha llegado al BOE -lo hizo en su publicación del 11 de junio de 2024-, PSOE y Sumar boicotean su comparecencia pese a la petición del Partido Popular.

Gabilondo admitió en marzo que la institución ha recibido quejas relativas a la Ley de Amnistía, si bien recalcó que no haría ninguna valoración sobre la misma hasta su aprobación definitiva, recalcando que el Defensor del Pueblo «no puede ni debe hacer incidencia política» durante la tramitación de una norma legislativa.

Además, en aquella rueda de prensa tras hacer entrega a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, de la memoria de la institución correspondiente al año 2023, Gabilondo comentó que al órgano constitucional no sólo habían llegado quejas sobre la amnistía a los encausados por el procés, sino también sobre los pactos con formaciones independentistas suscritos para garantizar la investidura del presidente Pedro Sánchez. La amnistía forma parte de estos pactos.

«Sería injusto decir que algunos ciudadanos nos escriben para desahogarse», declaró Gabilondo, precisando que los autores de esas quejas expresan su «disconformidad social, política» o incluso «emocional» con esta medida de gracia. «Unos argumentan más y otros menos, pero tienen cariz político, que es muy respetable, pero nosotros no podemos dirimir sobre posiciones políticas», apuntó, según Ep.

Junto a ello, el ex ministro de Educación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero relató que a estas personas no se les da un «portazo», sino que se les contesta explicándoles los motivos por los que sus quejas no pueden ser aceptadas. El propio Gabilondo respondió en abril en comisión a la diputada del PP María Eugenia Carballedo que «sobre la amnistía hay 200 quejas con matices diversos: unos (ciudadanos) se refieren a los pactos, otros a la ley, y hay muchos que quieren ser amnistiados».

Tribunal Constitucional

En relación a las peticiones para que el Defensor del Pueblo recurra la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional, como las registradas por una asociación llamada Impulso Ciudadano y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, Gabilondo insistió en marzo en que la institución que preside no ha de pronunciarse sobre una norma cuando no ha finalizado su tramitación parlamentaria, porque «no puede ni debe intervenir ni interferir en los procesos de elaboración de las leyes», añadió.

«La institución trabaja sin interferir en los cauces institucionales por donde se deben canalizar las discrepancias ni en la órbita legítima de actuación de los poderes que la Constitución regula. Procura no interferir en las normas legales mientras se estudian y debaten en las Cortes Generales», apostilló, citando aquí a Joaquín Ruiz Giménez, ex ministro de Franco, fundador del partido Izquierda Democrática y primer Defensor del Pueblo, quien en 1983 «sentó las bases sobre cómo debe actuar la institución ante una iniciativa legislativa», agregó Gabilondo.