El PSOE impuso en Extremadura el pin parental que ahora tacha de “radical”

Los socialistas braman ahora contra el llamado ‘pin parental’. Pero lo cierto es que lo acaban de imponer en Extremadura, por la vía de los hechos consumados y sin tramitación parlamentaria. El Gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara adoptó la medida en el mes de octubre del año pasado a través de un mandato de la Inspección educativa de la comunidad autónoma.

En una comunicación interna a la que ha tenido acceso OKDIARIO, se señala que “es obligatorio que el profesor responsable y coordinador de la actividad solicite a las familias autorización (adjunta) de consentimiento de asistencia a dicha actividad aunque ésta se realice dentro del centro y en horario lectivo”. Es decir, todo un ‘pin parental’ y encima sin tramitarlo legislativamente.

El escrito que hoy publica este diario muestra cómo el ‘pin parental’ ha sido usado de forma totalmente reciente por los socialistas. Los mismos que aseguran ahora que ese mecanismo de control para los padres es totalmente radical. Es más: este ‘pin parental’ ha sido aplicado en Extremadura, donde el socialista Fernández Vara gobierna de la mano de Podemos, los mismos que aseguran que la medida adoptada en Murcia a propuesta de Vox es fascista.

La comunicación fue trasladada a los centros educativos el 16 de octubre de 2019, procedente de la Inspección del área de Educación. En esa circular se señalaba que “desde el Servicio de Inspección se nos informa que para solicitar la realización de actividad (charla / ponencia / taller o similar) por parte del personal ajeno al Centro, es obligatorio que el profesor responsable y coordinador de la actividad solicite a las familias autorización (adjunta) de consentimiento de asistencia a dicha actividad aunque ésta se realice dentro del centro y en horario lectivo”.

El PSOE impuso en Extremadura el pin parental que ahora tacha de “radical”
El comunicado iba a más y recalcaba que “el profesor responsable de la actividad custodiará dichas autorizaciones durante todo el curso escolar, con el fin de evitar el propio docente responsabilidades legales de asistencia del alumnado a dicha actividad”.

Por último, el mensaje interno informaba a los centros educativos que “se adjunta copia digitalizada de la autorización de consentimiento para la realización de actividades dentro del Centro”. Es decir, todo un ‘pin parental’.

Casualmente esa medida fue activada justo antes de que la organización HazteOir decidiese reclamar lo mismo. Lo hizo menos de dos semanas después. Y en ese momento, el Gobierno regional socialista decidió dar la versión contraria sobre el ‘pin parental’ para no permitir que fueran otros los que se beneficiaran de ese mecanismo de defensa de los derechos de los padres en materia educativa.

Una nota del 28 de octubre de 2019 de la Consejería de Educación señaló lo siguiente:

“Estimado/a Director/a:
Con motivo de la campaña que la organización HazteOir.org está dirigiendo masivamente a los centros educativos de esta Comunidad Autónoma y en la que insta a las familias a solicitar la implantación de un requisito de solicitud de información previa y consentimiento parental expreso para autorizar la realización en los centros escolares de determinadas actividades educativas o la inasistencia de sus hijos a ellas (trámite conocido como ‘Pin Parental’), desde la Secretaría General de Educación se hacen las siguientes observaciones:

Todas las actividades formativas sobre coeducación, educación afectivo-sexual, identidad o expresión de género, modelos de familia o cualesquiera otra temática de educación en valores que el centro contemple en su Programación General Anual (PGA) –documento planificador de carácter público cuya aprobación corresponde a la Dirección y su evaluación, al Consejo Escolar– no deberán someterse a ningún consentimiento expreso previo por parte de las familias, puesto que la competencia para aplicar y desarrollar el currículo la tienen, en virtud del artículo 129.b) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Claustro y los equipos docentes, a salvo siempre su discrecionalidad técnica y el respeto al ordenamiento jurídico vigente”.

Es decir, que el ‘pin parental’ valía para lo que ellos determinaban y no para el resto. Hay que recordar que el ataque de la izquierda al pin ha sido absoluto. La delegada del Gobierno para la Violencia de Género y diputada de Podemos, Victoria Rosell, ha planteado incluso la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Murcia para impedir que Vox, cuyo apoyo fue decisivo para la formación del Gobierno regional, introduzca el ‘pin parental’. Considera la ex magistrada que la medida propuesta por la formación de Abascal en Murcia vulnera la ley y, por lo tanto, cabe la posibilidad de suspender la autonomía para obligar al Ejecutivo regional –en manos de PP y Ciudadanos– a retirar la aplicación de la medida concebida para que los padres puedan decidir sobre los contenidos extracurriculares que sus hijos reciben en las escuelas.

Y la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, por su parte, ha asegurado que «no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres». La socialista lanzaba su afirmación en el marco de las críticas del Gobierno a la aplicación del ‘pin parental’ por parte del Ejecutivo de Murcia, a propuesta de Vox. Pero, pese a todo ello, lo cierto es que los propios socialistas han usado ya esta medida.

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