El PSOE exige que Teso presida el Supremo y el CGPJ y el PP quiere el puesto para uno de los suyos

Las negociaciones avanzan para el cierre del pacto del Poder Judicial entre el PSOE y el PP. Pero los escollos surgen en el camino. Los socialistas han reiterado su petición de que sea la magistrada Pilar Teso la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo. Y en esa negociación han topado con el deseo de los ‘populares’ de que la cabeza del Poder Judicial sea designada por los hombres de Pablo Casado.

Fuentes consultadas por OKDIARIO han confirmado que los equipos negociadores de Pedro Sánchez han insistido en su propuesta inicial de convertir a Teso en la cabeza visible del Alto Tribunal y del órgano de Gobierno de los jueces (el CGPJ). El PSOE quiere que sea ella la persona que sustituya al actual presidente, Carlos Lesmes. Sin embargo, los de Pablo Casado han trasladado al PSOE su rechazo a esta magistrada.

La razón final de este rechazo del PP, de hecho, tiene menos que ver con la misma figura de Pilar Teso que con el esquema de negociación definido por las filas populares. Y es que desde el PP se sigue defendiendo la designación por ellos de la cabeza del Supremo.

El choque de intereses ha llevado al PSOE, de hecho, a barajar otras bazas. Entre ellas destaca la de Clara Martínez de Careaga, la primera magistrada de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Ella ha ascendido hasta ser vocal del CGPJ, presidenta de la omisión de Igualdad de este organismo, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y también de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

El nombre de Pilar Teso comenzó a sonar como favorita en el mundo judicial a finales de año. Su nombre lleva meses sobre la mesa de negociaciones, pero su perfil no cautiva al PP. Socialistas y populares buscan un nombre de consenso para presidir el CGPJ y, por tanto, el Tribunal Supremo.

Magistrada del Tribunal Supremo desde 2008, Pilar Teso ingresó en la Carrera Judicial en 1985 y es especialista de lo Contencioso-Administrativo desde 1989. Ha ocupado destinos en los juzgados de Parla (Madrid), Barcelona, Collado-Villalba (Madrid) y Madrid. Y tras ascender a magistrada ha ejercido en el Juzgado de lo Social número 2 de Cáceres (1988-1989), en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (1989-1997), en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (1997-2000) y en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (2000-2008) antes de su nombramiento como magistrada del Alto Tribunal.

Requisito: ser mujer

La figura de Pilar Teso, además, cumple otro requisito establecido a priori por el PSOE: que la elegida fuese mujer, lo que sería un hecho inédito -y aprovechable mediáticamente por los socialistas- en este organismo. Sería la primera vez, en sus casi 38 años de historia, que una mujer presidiera el Consejo General del Poder Judicial. Por ello, el caso de Teso como candidata cuenta, además, con otro apoyo importante: el de Pedro Sánchez, que apuesta por una presencia femenina en el órgano de gobierno de los jueces.

El PP no tiene problema en esa cuestión. Pero sí en que la figura final del pacto del Poder Judicial demuestre que no se ha tratado de una cesión, sino de una negociación que garantiza que el PSOE se apropia de la Justicia.
Los hombres de Casado siguen defendiendo que su objetivo final es volver al modelo de elección de jueces por los propios jueces, tal y como lo define la Constitución. Y tal y como operó hasta que los socialistas alteraron esa forma de elección con la Ley Orgánica de 1985.

Por ello, desde el PP se defiende que el cargo de presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo debe ser designado por ellos, de forma que quede claro que no ha habido una cesión ante el PSOE sino una negociación de igual a igual.

PSOE y PP pretenden tener cerrado el acuerdo antes del próximo jueves 25 de febrero. De hecho el Gobierno de Sánchez quiere anunciar este acuerdo este mismo miércoles. Para ello, las dos fuerzas políticas han acelerado el ritmo en las negociaciones. Ambas formaciones ya han elaborado sus respectivas listas con los nombres favoritos a vocales del CGPJ.

Los socialistas y el PP han consensuado los tres nombres de los magistrados del Supremo que, por ley, deben ocupar un puesto en el nuevo Consejo. Por el momento los tres jueces que suenan con más fuerza son José Antonio Montero, Inés Huerta y Ángel Ramón Arozamena. Los dos primeros propuestos por los populares y, el último, por los socialistas.

José Antonio Montero. Es magistrado del Tribunal Supremo desde 2009. Ingresó en la Carrera Judicial en 1984 y tuvo su primer destino en Sanlúcar la Mayor (Sevilla). En 1988 se convirtió en magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla), donde permaneció hasta su nombramiento para el Alto Tribunal. Desde entonces, ha estado destinado en la Sección Segunda, que se ocupa de los asuntos en materia de Derecho Tributario.

Inés Huerta. Es magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desde febrero de 2014. Ingresó en la carrera judicial en junio de 1979. Tras su paso por distintos Juzgados, ascendió a magistrada en julio de 1991, siendo destinada a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde permaneció hasta que fue nombrada para el Alto Tribunal.

Ángel Ramón Arozamena. Es magistrado del Supremo desde 2015. Ingresó en la Carrera Judicial en 1985 y ejerció como juez en los juzgados de distrito de Cornellá (Barcelona) y Arganda del Rey (Madrid) y como magistrado especialista de lo Contencioso-Administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (1990-1996). Entre 1996 y 2007 fue magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y entre 2009 y 2015 magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Fuera de la Carrera Judicial, ha ocupado los puestos de vocal asesor del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (1986-1990) durante el mandato de Felipe González. También ha desempeñado el cargo de director general de Relaciones con la Administración de Justicia (2007-2009) con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.