El PSOE denunció un ataque a los «derechos humanos» en la piñata de Ferraz que no ve en Tsunami

La enmienda sobre terrorismo pactada entre el PSOE y sus socios para blindar en la Ley de Amnistía a los miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) y a Tsunami Democràtic establece, a ojos del Gobierno, dos tipos de terrorismo: el que viola los derechos humanos y el que no. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defiende que el Gobierno no ha cruzado una línea roja con este acuerdo porque, a su juicio, el terrorismo sigue exceptuado de la amnistía «cuando haya una violación grave de derechos humanos», sugiriendo así que hay casos en los que esa violación no se produce. Una argumentación que choca, por ejemplo, con lo que el PSOE manifiesta en la denuncia que, hace dos semanas, presentó ante la Fiscalía por un posible «delito de odio» en la piñata que representaba a Pedro Sánchez que fue apaleada en la protesta de Nochevieja ante la sede principal del partido, en la calle Ferraz de Madrid. En el extenso escrito, los socialistas fundamentan su acusación alegando que «el discurso generador de odio y discriminación no tiene amparo ni cobertura en los derechos constitucionales de libertad de expresión y libertad ideológica o de conciencia» y, ello, «con fundamento en los textos internacionales ratificados por España, así como en las recomendaciones emanadas de organismos internacionales de defensa de derechos humanos y de los que el Estado español es miembro».

La polémica enmienda acordada por el PSOE con Junts y ERC -y apoyada por Sumar, Bildu, PNV y Podemos- concreta que los delitos de terrorismo quedarán excluidos de la Ley de Amnistía «siempre y cuando» la intención de los acusados fuese generar «violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario»; es decir, «siempre y cuando» hubiese una clara intención de matar o torturar.

Con ello, se pretende amnistiar a los 12 miembros de los CDR y a los 10 encausados por los disturbios promovidos por Tsunami Democràtic, entre ellos, el ex presidente catalán Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira.

La investigación sobre Tsunami que sigue el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón considera que debe determinarse si el fallecimiento de un ciudadano francés en el marco de la ocupación de El Prat es imputable a los promotores de esta plataforma separatista, que impulsó graves disturbios en Cataluña.

Sin embargo, la enmienda aprobada este martes recoge la amnistía incluso aunque se produzcan fallecidos, siempre que los investigados o encausados no tuvieran intención de matar o torturar. El ciudadano francés falleció en el hospital tras sufrir un infarto en el Aeropuerto de Barcelona, después de caminar cuatro kilómetros para alcanzar la infraestructura aeroportuaria, bloqueada por las concentraciones impulsadas por Tsunami.

«Derechos humanos»

Una de las principales polémicas radica en la diferenciación que se promueve desde Moncloa entre un terrorismo que violaría los derechos humanos y otro que no.

El texto original de la Ley de Amnistía impedía su aplicación en cualquier delito por terrorismo si había sentencia firme. Con el nuevo redactado, la existencia o no de sentencia será indiferente. Según Bolaños, los parámetros que se utilizan para que los tribunales valoren si se excluye o no el delito de terrorismo de la Amnistía no será si existe o no sentencia firme sino «si se adecua a la directiva europea y al Convenio Europeo de Derechos Humanos», es decir si se trata de una violación grave de esas normas. Desde el Gobierno se alega que la ley original generaba «inseguridad jurídica» y que, de esta forma, se pretende adaptarla «a los mejores estándares europeos», es decir la directiva europea sobre terrorismo y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

No obstante, ambos documentos contradicen lo manifestado por el Gobierno y el PSOE para justificar su modificación sobre el terrorismo. De hecho, la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 15 de marzo, relativa a la lucha contra el terrorismo es clara: «Los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y el disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en los que se basa la Unión». Y «también representan uno de los ataques más graves contra la democracia y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros y en los que se fundamenta la Unión».