El PP también pide garantías a Sánchez de que no indultará a Puigdemont para negociar el CGPJ

«Las puertas están cerradas, pero no con calle». Así ha definido el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, el estado de la negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez para la renovación del CGPJ y el Tribunal Constitucional. Y es que los populares están dispuestos a volverse a sentar con el Ejecutivo para el desbloqueo del Poder Judicial siempre y cuando el Ejecutivo se comprometa no sólo a no rebajar el delito de sedición, sino también a no beneficiar al fugado Carles Puigdemont, por ejemplo mediante la figura del indulto.

Las palabras del ex presidente de la Generalitat de Cataluña en su carta del domingo han servido a Génova para confirmar que estaban en lo cierto cuando suspendieron la negociación del CGPJ el pasado jueves ante un Pedro Sánchez dispuesto a pactar más privilegios para quienes «no hace tanto se sublevaron contra la democracia».

Puigdemont reveló el 30 de octubre en una carta que en estos años ha recibido visitas de miembros del PSOE para generarle «expectativas de un buen trato, vía reforma del código penal y un indulto siempre y cuando accediera a comparecer ante el Supremo». «Seguro que Pedro Sánchez sabe de qué hablo», añadió en la misiva.

De este modo, fuentes del PP sostienen que Sánchez ya no sólo tiene que ofrecer garantías de no rebajar las penas del delito de sedición, sino también de que no indultará a Puigdemont, fugado en Bélgica tras orquestar el golpe de Estado en Cataluña torno al 1-O de 2017.

En Génova, según las mismas fuentes, consideran que tanto la reforma del delito de sedición como el indulto son dos figuras que el Gobierno socialcomunista podría aplicar al ex presidente de la Generalitat. «El mismo Sánchez que prometía que traería a Puigdemont de vuelta a España para ponerlo a disposición de la justicia, va a Bruselas a ofrecerle indultos y cambiar la ley para reducir la pena», denuncian tales fuentes del PP, recordando la promesa de Sánchez en la campaña de las últimas elecciones generales.

El 5 de noviembre de 2019, durante el debate electoral televisado de los comicios del 10-N, Sánchez criticó al entonces líder de la oposición, Pablo Casado, que fue con un Gobierno del PP con el que el ex president se marchó del país: «A usted, se le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la Justicia española».

A la reforma del delito de sedición, el propio ex president se ha referido en su carta para subrayar que las «soluciones personales» no resolverán su «exilio», rechazando abiertamente que se le incluya en las negociaciones entre el Gobierno y ERC sobre esta reforma del Código Penal en plena tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. Mientras Esquerra rechazó presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas, Junts sí lo hizo.

Respecto al posible indulto, el fundador de Junts per Catalunya ha afirmado que «no he buscado de qué manera pasaría menos tiempo en una prisión española, ni he esperado para mi los beneficios que se aplican otros», en una clara alusión a la medida de gracia que Sánchez concedió el 22 de junio de 2021 a sus compañeros del Gobierno catalán golpista.

La reacción del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la carta del domingo de Puigdemont, fue toda una declaración de intenciones: «Pedro Sánchez prefiere agasajar al independentismo que acordar con el PP, y debe entender que no puede seguir entregando a sus socios todo lo que le exigen. El orden constitucional no se protege por partes. Seguiremos defendiendo los intereses generales y el Estado de derecho», escribió en redes sociales.

«No es posible»

Los populares, según las mismas fuentes, recalcan que «no es posible despolitizar la Justicia mientras indultas a políticos que han cometido delitos graves contra el Estado y preparas el terreno para que puedan volver a hacerlo». Se da la circunstancia de que, por ejemplo, el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras (ERC) podría concurrir a las elecciones generales de finales de 2023 si el Gobierno de Sánchez rebaja la pena del delito de sedición a cinco años.

Entretanto, el Grupo Parlamentario Popular registró el lunes en el Congreso la petición de comparecencia de Sánchez en el Pleno de la Cámara para que explique «los acuerdos propuestos al fugado Carles Puigdemont para sortear su situación judicial».

Una eventual reforma del delito de sedición para rebajar la pena, que llega ahora hasta los 15 años, podría afectar a Puigdemont y el resto de fugados en lo tocante a las medidas cautelares y la posible condena, pero también en lo que respecta a los plazos de prescripción de los hechos presuntamente delictivos, que se podrían ver acortados a hasta cinco años. Con todo, el ex president no se libraría de pasar por prisión y tendría que ser juzgado por el Supremo. Sería entonces cuando entraría en juego la opción del indulto.