El PP para los pies a Pedro Sánchez: no habrá reforma constitucional en temas clave

El Gobierno no está dispuesto a ceder en asuntos de relevancia jurídica y claves en materia constitucional. El mensaje ha sido ya trasladado al Partido Popular y ha llegado al Partido Socialista. La reforma constitucional que acepta negociar el Ejecutivo se centrará en asuntos que no puedan tener efecto jurídico real sobre el eje constitucional. Esta cautela será prioritaria, pero, en especial, en materia del Título Octavo de la Carta Magna, el que recoge la regulación de las competencias autonómicas y estatales.

Fuentes oficiales señalan que el Gobierno no tiene problema en iniciar negociaciones en materia de permanencia o relevo en los altos cargos públicos o de limitación del número de aforados, por poner dos ejemplos. Pero destacan que se mantendrá un bloqueo pleno «en toda materia que pueda afectar al eje de la unidad de España y a cualquier cesión de competencias que pueda desvirtuar la igualdad de trato entre los distintos territorios».

El punto de encuentro con el PSOE será, por lo tanto, más que complicado. Porque los socialistas no buscan una reforma cosmética en asuntos territoriales. Todo lo contrario. Los equipos de Sánchez llevan meses trabajando en una ruta negociadora de amplio calado capaz de, creen ellos, atraer a ERC a un ámbito de negociación constitucional.

La propuesta socialista incluye una reforma de la financiación autonómica con un avance, en mayor o menor grado, hacia el principio de ordinalidad, y, por supuesto, en la creación de una ruta penal «asumible» para los posibles condenados por el golpe de estado de la Generalitat, puesto que, según sus tesis, no se podría negociar con una corriente cuyos representantes máximos se encuentren en prisión o inhabilitados. Los socialistas no acaban ahí. Buscan que el conjunto del Estado asuma un nuevo aumento de la inversión destinada a esta región y la conversión de la deuda autonómica catalana en deuda puramente nacional, lo que supondría asumir 76.000 millones de deuda. Además, los socialistas pretenden avanzar en el reconocimiento del término nación de alguna manera, pero dentro de la Constitución. De hecho, han hablado ya de la incorporación en la Constitución de las denominaciones regionales «con la denominación por ellas elegidas en sus Estatutos».

La postura del Gobierno frente a todo ello es clara: no avanzar en nada que pueda suponer un premio al separatismo catalán frente al resto de territorios y no aceptar ninguna denominación o cambio que pueda poner en peligro la eficacia jurídica de la unidad de España.

Por lo tanto, el Gobierno no se niega a debatir una reforma de la financiación o de una mejora de las condiciones de financiación de todos los entes territoriales. Pero partiendo de la base evidente de que Cataluña pesa un 19% del PIB español y que, por lo tanto, cualquier privilegio extra podría, literalmente, tumbar la sostenibilidad del sistema de solidaridad entre regiones.

Y todo ello, además, nunca se podría hablar antes de medio año. Porque ese es el plazo de tiempo que se ha marcado el Gobierno para empezar a hablar de la reforma constitucional. Un plazo, tras el cual, la postura del PSOE con respecto al respaldo efectivo en el 155 se habrá comprobado ya. Y, por lo tanto, los supuestos precios a pagar, estarán más claros.