El PP no descarta ir al Constitucional si Sánchez no retira su plan de asalto a la Justicia

El Partido Popular no descarta acudir al Tribunal Constitucional si finamente Pedro Sánchez no retira su plan de asalto a la Justicia trazado para las próximas semanas mediante una proposición de ley con la que los socialistas pretenden una contrarreforma de la ley CGPJ que les lleve a tener el control del máximo intérprete de la Carga Magna. Así lo señalan a OKDIARIO fuentes de la dirección nacional del PP, que avanzan que esta cuestión será abordada en el Comité de Dirección de este lunes.

Con todo, en el equipo de Alberto Núñez Feijóo, según tales fuentes de Génova, sospecha que con este movimiento unilateral, Sánchez estaría más bien tratando de desviar la atención de su «batacazo» en las elecciones de Andalucía. Una estrategia en la que también enmarcan las últimas injerencias del Gobierno en Indra y en el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De hecho, la secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, calificó el sábado de «cacicada» la toma de control de Indra, «echando a sus consejeros independientes como si fuera su Monopoly particular». «Así entiende Sánchez la política: quiere máximos poderes con mínimos controles», subrayó en la Intermunicipal del PP de Aragón. Además, Gamarra denunció que Sánchez también quiere controlar el INE porque «no acepta que sus datos desvelen que las previsiones del Gobierno fallan».

Además, el hecho de que Sánchez no haya consensuado previamente esta reforma con sus socios de gobierno, con Podemos -a diferencia de la proposición de 202o por la que el CGPJ no puede realizar en funciones nombramientos de cargos judiciales- hace pensar en Génova que la verdadera pretensión del jefe del Ejecutivo es aquí atacar al PP y provocarle con acusaciones de «bloqueo». Por ello, en la dirección nacional, según el relato de las mismas fuentes, hay serias dudas de que Sánchez vaya a materializar finalmente este atropello en el mes de julio. Esa misma proposición de 2020 es la que ahora el PSOE quiere revertir por la vía rápida (sin escuchar al propio CGPJ), de ahí el calificativo de contrarreforma.

«Incompleta»

Podemos se ha desmarcado de esta iniciativa del ala socialista del Gobierno y la ha calificado de «incompleta», pues considera que debe incluir una serie de modificaciones para facilitar el relevo de todos los órganos constitucionales, incluido el CGPJ. Precisamente, el PP iba a remitir al Ejecutivo en estas semanas una propuesta de «reforma, renovación y regeneración» del órgano de gobierno de los jueces, después de que se emplazase con Moncloa a continuar las conversaciones tras las elecciones andaluzas. De hecho, cuando Sánchez se reunió con Feijóo el pasado abril le pidió que le facilitaran un interlocutor en esta materia para la renovación del CGPJ y el propuesto por el PP fue su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons.

Hay que tener en cuenta, además, que esta contrarreforma del CGPJ impulsada por el PSOE podría quedar paralizada en el propio Pleno del Consejo General del Poder Judicial si ninguno de los candidatos a ocupar plaza en el TC alcanza los 12 votos favorables que se necesitan. De hecho, fuentes del CGPJ no han acogido de buen grado este sorpresivo anuncio del Gobierno, lo consideran una maniobra «perturbadora» y creen que tal y como se ha planteado, sólo contribuye a «cronificar» el bloqueo arrastrado desde hace 36 meses.

Fondos UE

A todo ello se une además la derivada europea. En el PP no pierden de vista que si el Gobierno finalmente acomete la citada contrarreforma, puede encontrarse con problemas en Bruselas. Fuentes de Génova recuerdan que la disponibilidad de los fondos está condicionada al cumplimiento de los hitos económicos y al respeto del Estado de Derecho. Así, sobre esta última condición, citan el caso de Polonia y Hungría, que ya han sido sancionados, mientras que Bulgaria, Eslovenia y la República Checa también están en el punto de mira, indican dichas fuentes.

Los populares temen que llegado el caso la presión se eleve sobre España -perteneciente a la Europa Occidental- fundamentalmente por parte de estos Estados miembros como «contrapeso» a las sanciones que se han dirigido por las autoridades comunitarias contra tales países de la Europa oriental.

De momento, resulta llamativo que el Gobierno de Sánchez filtrara su controvertida reforma del Poder Judicial apenas 48 después -y no antes- de que la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Valores y Transparencia, Vera Jourova, compareciera en el Congreso de los Diputados e insistiera en que es «clave» que España renueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para evitar que se perciba como un órgano «politizado». Justo lo que quiere hacer ahora el PSOE con el Tribunal Constitucional vía contrarreforma del CGPJ, controlarlo.

«Infracción»

Se da la circunstancia de que tanto Jourova como el comisario de Justicia, Didier Reynders, forman parte de la familia de los liberales europeos, la misma que Ciudadanos. Este lunes, justamente, está prevista una reunión de Reynders con la presidenta naranja, Inés Arrimadas, el jefe de delegación de Cs en el Parlamento europeo, Luis Garicano, y la vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), Maite Pagaza. En esta cita, los dirigentes de Cs expondrán a Reynders las vulneraciones del Estado de Derecho que, a su juicio, se están produciendo en España.

Entretanto, la propia eurodiputada Maite Pagaza registró el viernes una iniciativa en la que emplaza a la Comisión a dar un «paso más para proteger al Estado de Derecho en España, y en la Unión, y utilizar todos los mecanismos de protección a su alcance, incluido el procedimiento de infracción» sobre la contrarreforma del CGPJ que pretende acometer el Ejecutivo de Sánchez en julio por la vía exprés.