PP y C’s de Baleares apoyan una ley que obliga a enseñar Memoria Histórica y va contra la propiedad privada

El Parlamento balear ha aprobado, con el apoyo del PP y Ciudadanos, la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos impulsada por los grupos de la izquierda (Podemos, PSOE,  Més y Gent per Formentera) y que, entre otras medidas, obliga a los particulares a retirar de sus propiedades cualquier vestigio del franquismo, como escudos, placas o esculturas. Entre otras medidas, se establece también que los centros escolares tendrán que impartir materias relacionadas con la Memoria Histórica  y los profesores, instruirse en este tema. La ley establece además un régimen sancionador, del que sí se han desmarcado tanto PP como Ciudadanos.

Así, el texto aprobado considera contrario a lo que denomina ‘Memoria Democrática’ la «exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como inscripciones y otros elementos en edificios públicos o situados en la vía  pública» en favor del franquismo y sus dirigentes, «la celebración de actos y homenajes»  o la promoción de «distinciones o reconocimientos de personas, entidades u organizaciones que sustentan el régimen dictatorial».

Una comisión creada al efecto deberá realizar en el plazo de un año un censo de símbolos, leyendas y menciones «que han de ser retiradas o eliminadas». En el caso de que estén colocados en edificios privados, la administración se reserva la posibilidad de intervenir para obligar a sus propietarios que «serán responsables de retirarlos o eliminarlos».  «No habiéndose producido esa retirada de manera voluntaria», se añade, la consellería podrá iniciar el procedimiento correspondiente para obligar al propietario y si aún así se resiste, el Gobierno o la administración «colaboradora» podrá, finalmente, «efectuar la retirada».

La ley recoge también la obligación de incluir contenidos educativos sobre ‘Memoria Democrática’ en los centros escolares dirigidos a «reforzar los valores democráticos» y que se extenderán durante todo el itinerario, desde primaria hasta Bachillerato. Los profesores también estarán obligados a realizar cursos sobre el «tratamiento escolar de la Memoria Democrática en las Islas Baleares».

Además, la nueva normativa contempla un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura en las islas, algo que no existe a nivel nacional, y compromete a las autoridades baleares a adoptar las actuaciones necesarias para «la identificación de las víctimas que hayan sido ejecutadas, que hayan sufrido la represión, además de sus familiares».

Se considerarán también víctimas las organizaciones, partidos políticos, sindicatos, logias, movimientos feministas o LGTBI que «hayan sufrido la persecución del régimen franquista», los ciudadanos de baleares que hayan «padecido las mismas circunstancias fuera del territorio de la comunidad autónoma» y sus familiares hasta el tercer grado.

Además, se determina la «anulación de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales» de «personas que participaron en el bando golpista y/o activamente durante la represión» realizándose las correspondientes diligencias, que serán trasladadas al Gobierno central.

La ley incluye también lo que denomina «espacios e itinerarios de la Memoria», referidos a «espacios inmuebles o parajes que tengan interés para la comunidad autónoma por haberse desarrollado en ellos hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o repercusión en la memoria colectiva de la lucha de la ciudadanía de las Islas Baleares por sus derechos y libertades democráticas». El apartado recoge la posibilidad de expropiar estas propiedades si incumplen determinadas obligaciones. 

La ley recoge sanciones económicas que van de los 200 a los 150.000 euros en el caso de infracciones «muy graves». Estas son «la realización de daños a espacios o mobiliario de los Espacios de la Memoria y Reconocimiento Democrático’, «incumplir la orden de retirada de escudos, insignias, esculturas, placas y otros objetos o menciones, como la guía de calles y otras inscripciones o elementos, conmemorativos o de exaltación, enaltecimiento individual o colectivo del franquismo, sus dirigentes o las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial», además de la «realización de obras o intervenciones en un Espacio de la Memoria sin autorización».

El diputado y portavoz del grupo nacionalista MÉS per Mallorca, David Abril, destacóque el Parlament «sigue haciendo historia» y sitúa a Baleares como una comunidad «pionera» en la defensa de las personas represaliadas y sus familiares.

Por parte del PP, el diputado Juan Manuel Lafuente se refirió al «desgraciado hecho histórico» que supuso la guerra civil, que «no se debería utilizar» para el «enfrentamiento político, ni para lograr votos a corto plazo, ni para crear mitos que se impongan en la historia, como precisamente se hizo durante los cuarenta años de la dictadura».

El PP agradeció los cambios introducidos en el texto original para reconocer a «todas las víctimas», sin «distinguir» a las de uno u otro bando: «Los muertos son de todos y forman parte de nuestra historia», defendió.

La diputada socialista Silvia Cano manifestó que esta ley es una «respuesta» para saldar una «deuda pendiente» con las mujeres y hombres que fueron «asesinados» por defender la democracia tras el «golpe franquista».