El PP aceptará regularizar inmigrantes residentes si no tienen antecedentes penales y demuestran arraigo

El PP condiciona la regularización de inmigrantes residentes en España (se habla de medio millón en relación con la ILP que se tramita en el Congreso) a que estas personas no tengan antecedentes penales y demuestren «arraigo». Así consta en las enmiendas registradas por el Grupo Popular a esta Iniciativa Legislativa Popular, según fuentes parlamentarias.

Los populares abogan por que «el proceso de regularización se realice de forma individualizada y no generalizada y beneficie a personas que deseen residir legalmente en España para poder trabajar». De esta manera, según las enmiendas del partido de Alberto Núñez Feijóo, los extranjeros que puedan adherirse al proceso de regularización «deben carecer de antecedentes penales, no ser reincidentes y no tener prohibida la entrada en España».

Asimismo, según el PP, las personas inmigrantes que quieran adherirse al proceso de regularización han de «asumir el compromiso expreso con los valores constitucionales y democráticos de la sociedad española y europea». También deberán demostrar «inserción y arraigo en nuestro país»

Desde el PP reclaman además que se dote de más medios humanos, materiales y económicos a las oficinas de Extranjería para garantizar que los trámites previstos en la ILP puedan «llevarse a cabo de manera efectiva por parte de los solicitantes»

Estos requisitos, apuntan las fuentes parlamentarias, están contemplados ya en la legislación vigente española y en el Pacto de Migración y Asilo de la UE y «son muy similares» a los que ya se introdujeron en los Reales Decretos de regularización de inmigrantes de gobiernos anteriores.

Los populares destacan además que las enmiendas registradas están en consonancia con la política migratoria que defiende el Partido Popular y que «debe de ser de Estado, integral, consensuada, responsable, respetuosa con los Derechos Humanos y firme en el control de fronteras».

Ante las críticas de Vox, el PP subraya que el partido de Feijóo «nunca ha apoyado una regularización de extranjeros sin condiciones, ya que eso convertiría la norma en un coladero, lo que sería inasumible en cualquier circunstancia, pero todavía más teniendo en cuenta la crisis migratoria que España arrastra en los últimos años», sentencian fuentes parlamentarias.

El voto favorable del PP a la toma en consideración siempre estuvo condicionado a introducir una serie de obligaciones, como así se trasladó a las asociaciones y entidades promotoras de la ILP, recuerdan desde el Grupo Popular.

Durante el debate de la toma en consideración de la iniciativa el pasado abril, el PP ya avanzó que enmendaría este texto con requisitos para los inmigrantes residentes. Así, los populares abogaron por tratar este asunto «con responsabilidad» porque «Cáritas y otras entidades que cuidan y trabajan con los inmigrantes nos han pedido que abordemos esta cuestión; porque también nos lo han pedido los empleadores, que necesitan imperiosamente mano de obra, y nos lo han pedido muchos ciudadanos que han firmado esta iniciativa legislativa popular, y debemos escucharlos».

«Debe hablarse de esta cuestión, y así lo hacemos en el PP, como de una cuestión de Estado, con una posición equilibrada entre el limbo jurídico en el que se encuentran, por esa irregularidad sobrevenida, muchas personas extranjeras que ya están en España perfectamente integradas, el control de fronteras y la expulsión de los inmigrantes que tienen un expediente de retorno a su país frente al que el Gobierno se esconde para no ejecutarlo», manifestó la diputada del PP Sofía Acedo.

«Cualquier iniciativa de estas características y de este calado requiere una visión global de país, con medidas estructurales que combinen el control de fronteras y de llegadas irregulares, por un lado, y el fomento de las vías legales de entrada, por otro lado», incidió Acedo.

Los socios de Sánchez

Por su parte, ERC, BNG, Bildu y Podemos, socios del PSOE de Pedro Sánchez, han presentado en el Congreso de los Diputados una enmienda conjunta a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización extraordinaria de inmigrantes para incluir a todas las personas que hayan llegado a España hasta la fecha de entrada en vigor de la iniciativa, que se encuentra en tramitación parlamentaria, eliminando el límite que recoge ahora el texto y que se fija en noviembre de 2021.

En este sentido, la ILP pide regularizar a medio millón de personas extranjeras que calcula que ya se encontraban en España desde antes del 1 de noviembre de 2021. Sin embargo, ERC, BNG, Bildu y Podemos quieren que se regularice «a las personas que se encuentren en territorio español en el momento de la entrada en vigor de la presente norma». Es decir, todas aquellas que hayan llegado o estén llegando en estos momentos, hasta que la norma culmine su tramitación parlamentaria y se publique en el BOE, según informa Ep.

Para los socios del PSOE, el límite temporal previsto en la ILP «resulta insuficiente y limitado y no se ajusta a la realidad actual de las personas inmigrantes que viven y trabajan en el Estado español».

La Mesa del Congreso desbloqueó el martes la tramitación parlamentaria de la ILP que insta a regular a medio millón de inmigrantes residentes en España. El órgano de gobierno de la Cámara puso fin a las prórrogas del plazo de enmiendas que se han venido sucediendo semana tras semana durante meses.

Siguiente paso

Tras concluir este miércoles el plazo de presentación de enmiendas al articulado de la ILP, el siguiente paso será debatir la ley y las enmiendas en ponencia y comisión para después elevar un dictamen al Pleno del Congreso para su aprobación, lo que se calcula para la segunda quincena de octubre.

La iniciativa fue respaldada por 700.000 firmas, llegó al Congreso la pasada legislatura y fue calificada por la Mesa del Congreso el 14 de diciembre de 2021. En abril de este año fue tomada en consideración por el Pleno, con el respaldo del 90% de la cámara, incluyendo el voto del PP (que anunció que la enmendaría con sus condiciones) y el del PSOE. El 13 de junio superó otro debate de totalidad rechazándose un texto alternativo de Vox.