Decreto de "ahorro energético"

Los policías avisan ante el caos del decretazo: «Vigilarlo es perder el tiempo y no tenemos agentes”

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Agentes de la Policía Local en Baleares.

El decreto de «ahorro energético» impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez delega en las comunidades autónomas la vigilancia sobre su cumplimiento. No obstante, aún no está claro quién se encargará exactamente de inspeccionar los establecimientos y, en su caso, imponer las sanciones, que pueden llegar hasta los 60.000 euros en el caso de las infracciones leves. Los policías aseguran que no han recibido instrucciones al respecto pero consideran que esa labor sería una «pérdida de tiempo en trámites administrativos» para unas plantillas ya muy mermadas que se ven en dificultades para atender las labores policiales del día a día, según denuncian desde el sindicato policial mayoritario, Jupol, en declaraciones a OKDIARIO.

Pablo Pérez, su portavoz, advierte además sobre la posibilidad de que el Tribunal Constitucional acabe tumbando el decreto, como ocurrió con el estado de alarma. «Y entonces sería trabajo en vano», subraya. Sólo en el primer estado de alarma, declarado inconstitucional, se propusieron más de 1,14 millones de multas, por 115 millones de euros, que el Gobierno se ha visto obligado a devolver.

«La Policía Local de Sevilla, a día de hoy, no tiene ninguna instrucción para hacer útil el decreto de ahorro energético que ha aprobado el Gobierno. No obstante, con la carencia de efectivos que tenemos vemos imposible que se puedan realizar controles en los establecimientos para ver si realmente están cumpliendo con lo que dicta el decreto», coincide Santiago Raposo, delegado del CSIF en la Policía Local de Sevilla.

Como Pérez, recuerda el «trabajo en balde» por las sanciones durante el estado de alarma. Una ingente labor que, en muchos casos, generó incluso «conflictos con los ciudadanos».

El propio Ejecutivo asume las dificultades para asegurar el cumplimiento. El lunes, en la reunión del Ministerio para la Transición Ecológica con las autonomías, estas ya manifestaron las dificultades. Las regiones gobernadas por el Partido Popular, además, solicitaron directamente la retirada del decreto, una petición ignorada por la ministra Teresa Ribera. Ante esta circunstancia, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional. Otras comunidades populares podrían seguir el mismo camino.

No queda claro si serán los inspectores municipales o los agentes los encargados de vigilar los miles de establecimientos comerciales y de hostelería de todo el país.

El conseller de Economía de la Comunidad Valenciana, Rafael Climent, ya ha avanzado que en esta región no se creará ningún cuerpo de inspectores específico para garantizar que el decreto se cumple. Según Climent, «desde los municipios, desde la Policía Local o desde las inspecciones de cualquier ámbito se hará de manera rutinaria aquello que sea necesario para que se cumpla el real decreto y muchísimas otras normativas».

Desde el Ayuntamiento de Madrid se muestran críticos y han trasladado una petición al Gobierno para que se aumente la tasa de reposición de policías municipales. Desde el Consistorio subrayan que el decreto crea incertidumbres por la «improvisación» y avisan que no cuentan con un agente «por cada comercio». Cabe recordar que el decreto entró en vigor el pasado miércoles y obliga a ajustar la temperatura del aire acondicionado entre los 25 y los 27 grados -en función del local- así como el apagado del alumbrado de escaparates y de edificios públicos desocupados desde las 22 horas.

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