La Policía alerta de la entrada de las mafias en el fenómeno ‘okupa’ que ampara Podemos

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Alfonso Egea
  • Alfonso Egea
  • Jefe de Investigación en OKDIARIO. Anteriormente fui responsable de la sección de Actualidad y Sucesos en Espejo Público, en Atresmedia. He publicado cuatro libros y actualmente colaboro en programas de televisión en Mediaset y en Telemadrid. Agradecido por tener el reconocimiento de la Policía Nacional de Madrid y la medalla al mérito de la Guardia Civil.

En los últimos meses las estadísticas policiales demuestran que el fenómeno ‘okupa’ se ha disparado, pero entrando al detalle todas las ocupaciones indebidas de viviendas no son iguales. Las que han experimentado un aumento significativo con aquellas que están directamente relacionadas con la comisión de delitos. Se trata fundamentalmente de ocupaciones que han acabado en cultivos de interior de droga o que sirven para esconder botines provenientes de robos. Esta situación ha llevado a la Policía a activar un protocolo especial contra estos delitos mientras el vicepresidente del Gobierno ofrece una gatera legal para estas situaciones siempre que aparezca en escena una persona vulnerable.

Que existe una realidad complicada en nuestro país relacionada con la necesidad ocupacional debido a las penurias económicas es algo innegable y evidente. Que el fenómeno de la ocupación no es algo que afecte exclusivamente a personas con necesidades habitacionales extremas es otra verdad que rara vez se destaca.

De hecho hace pocas horas se ha conocido el acuerdo entre Podemos y PSOE que blinda al okupa “vulnerable”, lo que a afectos reales es además de una ayuda a personas necesitadas una gatera de dimensiones bíblicas para los okupas profesionales. Porque de eso se trata la problemática actual, de que la mayoría de la okupación que se está experimentando en nuestro país es delictiva y profesional, en el fondo y en la forma.

Si no es así es muy difícil entender que la Dirección General de la Policía a través de su Dirección Adjunta Operativa haya activado un plan operativo que desde el 27 de noviembre está en poder ya de todas las jefaturas de España. Ese plan está estudiado y diseñado para combatir “la ocupación ilegal de inmuebles”, y pretende dar respuesta al incremento estadístico de este tipo de delitos.

En el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO y que reproducimos en este artículo, la policía no menciona la vulnerabilidad de los protagonistas de la ocupación, habla de “necesidad” del ocupante, para, a renglón seguido, especificar que es una situación que, sea cual sea su causa, “está generando una grave sensación de inseguridad entre los ciudadanos” y tiene explicación.

En los operativos policiales que se vienen sucediendo durante los últimos meses los agentes de a pie, los que están en la calle ejecutando desahucios, han percibido que en el manual del perfecto ‘okupa’ aparece el cambio de cerradura, el alta en los servicios como luz y agua y la presencia de personas vulnerables en la vivienda ocupada. Bueno, para ser muy concretos, en las diferentes webs en las que se aconseja cómo ocupar más que de ser o no ser personas vulnerables se habla de alegar vulnerabilidad, y ahí es dónde la iniciativa proteger a todos los aparentemente vulnerables se topa con una realidad incómoda: tener que diferenciar la vulnerabilidad real, de la alegada y de la usada por determinadas mafias para blindar las ocupaciones delictivas.

Contra los manuales de ‘okupación’

En el documento policial al que ha tenido acceso OKDIARIO la Policía argumenta la necesidad de darle respuesta a una situación que requiere garantizar “el derecho fundamental a la inviolabilidad domiciliaria”, lo que genera un problema operativo muy grave: ¿el derecho de quién?, ¿del propietario?, ¿del morador? Por la incapacidad de trazar una línea definida que responda a esa pregunta el plan operativo propuesto por la Policía pretende atacar el problema en origen y además de lo obvio, la lucha delincuencial contra mafias que organizan ocupaciones a cambio de dinero, que ofertan sin recato pisos vacíos en Internet para “okupar”, o aquellos que buscan casas vacías para llevar a cabo otro tipo de actividades delictivas, este protocolo se quiere centrar ahora en las organizaciones que difunden a través de las redes “manuales de ocupación”. Consultamos algunos de esos manuales y sorprende que alegar vulnerabilidad es uno de los recursos más aconsejados por estas plataformas. ¿Qué se consigue con el reconocimiento de esa condición? Blindar la vivienda, independientemente de quien la ocupe, de ningún desahucio, al menos durante dos meses desde la solicitud del certificado de vulnerabilidad que deberá expedir Servicios Sociales. Páginas webs que contengan consejos como este para convertir en viable una ocupación ilegal serán a partir de ya objeto de persecución policial.

En esta nueva ofensiva policial también cumplirán un papel especial la comunicación con los otros afectados por las ocupaciones ilegales más allá de los legítimos propietarios de los inmuebles usurpados. La Policía tendrá a partir de ahora mayor contacto con las comunidades de vecinos y las promotoras inmobiliarias, dos de las víctimas colaterales del fenómeno de la ocupación ilegal a las que menos se han venido atendiendo.

Las fuentes policiales consultadas por OKDIARIO asumen que el protocolo se intentará aplicar al pie de la letra, pero mientras existan recovecos legales a los que asirse, como la consolidación de la morada o la vulnerabilidad empleada exclusivamente para alargar la ocupación, será muy difícil atajar un fenómeno que crece año a año.

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