A Podemos tampoco le gusta ya la energía solar: exige límites por ser “depredadora del entorno”

Podemos no sólo no quiere la energía nuclear o el gas. Es que tampoco quiere vía libre ni a la energía solar. El partido de Belarra y Montero acaba de registrar un documento en el Congreso de los Diputados en el que reclama topes al desarrollo de la energía fotovoltaica por su peligro de ser “depredadora del entorno”. Podemos considera en su texto que existe una “necesidad de desarrollar la implantación de fuentes de energías renovables en nuestro país es, sin lugar a duda”; que se trata de “una prioridad evidente en la lucha contra la emergencia climática”; que “las energías fósiles, […] hoy son un problema “que hay que resolver buscándoles alternativas”.

Los morados también consideran que “así las cosas, la urgencia de apostar decididamente por las energías renovables está fuera de toda duda y desde todos los ámbitos se debe hacer un esfuerzo por la sustitución de las viejas energías contaminantes por las energías limpias que nos llegan del agua, del viento y del sol”. E, incluso, que “lo debemos hacer con prontitud, agilizando los procesos de tramitación y con plenas garantías para la defensa del interés general”.

Pero para Podemos, eso no es un cheque en blanco: “Hay que celebrar la existencia de proyectos concretos para avanzar en este imprescindible desarrollo de las energías renovables, pero, al mismo tiempo, debemos ser muy cuidadosos para que su desarrollo no acabe resultando contraproducente, ni se haga a costa de otros valores medioambientales básicos para luchar en contra de cambio climático como son la preservación del territorio, la protección del suelo, la defensa de la biodiversidad o la preservación de los espacios de producción agrícola extensiva y los puestos de trabajo que esta representa”. Traducido: “Demos la bienvenida a la “revolución verde”, pero asegurémonos de que no acabe en un nuevo capítulo de depredación ambiental”, señala el documento energético de Podemos.

La explicación de los morados alerta de que “en estos dos últimos años, mientras el común de las ciudadanas y los ciudadanos de este país vivía el confinamiento por la covid-19, estábamos asistiendo, sin saberlo, a una ofensiva de los promotores de plantas de energía fotovoltaica. Una ofensiva que amenaza, más allá de su papel en la lucha contra el cambio climático, con convertirse en una nueva e insostenible agresión al territorio”. Porque, según la versión de los comunistas, “el desarrollo de las energías fotovoltaicas no puede depender de agresivos movimientos del capital especulativo bajo el paraguas de la lucha contra el cambio climático. Los entornos rurales no deben convertirse en un océano de placas solares como si de un monocultivo se tratara”.

Podemos cree que “estamos ante una multiplicación de proyectos, en ocasiones superpuestos y redundantes, que, siempre promovidos por pocas empresas aunque a veces lo hagan con distintos nombres, aprovechan los precios bajos de las zonas de interior para grandes instalaciones pensando en las necesidades de las grandes urbes y zonas industriales”.
“Las grandes empresas eléctricas y las corporaciones financieras que las acompañan se han movido rápido, pero en estos momentos ya es también un clamor la resistencia de colectivos de todo tipo a este proceso descontrolado de proyectos”, aclaran dejando en evidencia su oposición, también, al desarrollo de la energía solar.

Para Podemos, ni el empleo generado justifica ese desarrollo: “Tampoco la creación de puestos de trabajo justifica, en el supuesto de que de alguna manera lo pudiera hacer, este alud de proyectos. Las mismas compañías promotoras acaban reconociendo que, una vez finalizadas las obras de construcción, una gran planta de placas fotovoltaicas supone no más de 3 puestos de trabajo”.

Por ello, Podemos quiere controlar los nuevos proyectos: “Es necesario establecer unos criterios para la selección de ubicaciones a partir de la propia capacidad del territorio. Hay que establecer claramente los objetivos y encajarlos con un desarrollo urgente pero ordenado que garantice la salvaguarda de los valores medioambientales, el mantenimiento y mejora de las actividades rurales tradicionales y la calidad de los suelos”.
Y, por todo ello, pide limitar la competencia de las comunidades autónomas en esta materia: “En España, las competencias en planificación territorial están en manos de las comunidades autónomas, pero esto no exonera de responsabilidad al Estado, ya que la Directiva (UE) 2019/944, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, establece claramente la responsabilidad estatal en cuanto a la protección del medioambiente, la utilización del suelo y la posibilidad de alternativas a los proyectos planteados”.