Vox recurre el auto de la juez de la DANA que rechaza investigar al Gobierno de Sánchez

La representante jurídica de Vox en el caso de la DANA, Marta Castro, ha presentado este viernes ante la titular de Instrucción 3 de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra recurso de reforma contra la decisión de este 16 de abril de la magistrada de rechazar que se librase escrito a la Presidencia del Gobierno y al Consejo de Seguridad Nacional para que ambos certificaran si Pedro Sánchez convocó o no el Consejo de Seguridad Nacional en el día de la devastadora riada. Liberum pedía, además, que, en el caso de que el Consejo de Seguridad Nacional hubiera sido convocado, se requiriese a ese mismo consejo cuantas comunicaciones se produjeron con la Presidencia del Gobierno y, en especial, «si hubo o no la redacción de cualquier informe o dictamen».

La magistrada argumentaba en su resolución que «queda extramuros completamente del procedimiento penal el análisis de la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional». Y agregaba que la petición de prueba, «el requerimiento de aportación de cuantas comunicaciones se produjeran entre Presidencia del Gobierno y el Consejo de Seguridad Nacional, supone analizar la actuación del Gobierno de la Nación en materia de Seguridad Nacional», a su juicio, «carece de nexo causal alguno con los fallecimientos y las lesiones producidas el 29 de octubre». Añadía, además, que su juzgado «carece de competencia al objeto de analizar si el Presidente del Gobierno convocó el Consejo de Seguridad Nacional».

En su recurso, Vox sostiene que no comparte el criterio expuesto por la juez en la citada resolución. Y añade que el artículo 6 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, «establece un principio de cooperación del Consejo de Seguridad Nacional con las Comunidades Autónomas».

Agrega Vox que, para ello, «estaría prevista la figura de la Conferencia Sectorial para asuntos de la Seguridad Nacional» que, según refleja en su escrito Vox, dice en el apartado 2º del referido artículo que «en particular correspondería a la Conferencia, como órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, el tratamiento y resolución con arreglo al principio de cooperación de aquellas cuestiones de interés común referidas con la seguridad Nacional, como las siguientes».

Entiende Vox que si se da por «asentada» la existencia de ese deber de coordinación entre Consejo Nacional de Seguridad y Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial para asuntos de Seguridad Nacional y que ésta, a su vez, tiene conferidas competencias en materia de establecimiento de procedimientos técnicos para asegurar la recepción de la información sobre Seguridad Nacional de carácter general por parte de las Comunidades Autónomas y la articulación de la información que éstas han de aportar al Estado, no resultaría, por consiguiente desproporcionada la idea de conocer, tal como solicita Liberum, qué mecanismos de coordinación de la información existieron entre el Consejo de Seguridad Nacional y la Generalitat Valenciana».

Máxime, según refleja también Vox, «si tenemos en cuenta que buena parte de la información que recibía la Generalitat Valenciana provenía de la AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar» que, según agrega Vox «como resulta notorio» son entidades «dependientes del Ministerio de Transición Ecológica».