Podemos señala públicamente a los policías que han investigado sus escándalos

Podemos ha ido marcando sistemáticamente a todos aquellos agentes que han intervenido en las investigaciones de sus organizaciones paralelas, sociedades o caja B. Si el primer paso en esta estrategia de presión fue el marcado de los jueces, ahora los hombres de Pablo Iglesias pasan al señalamiento público de los policías que han intervenido en el seguimiento de todos aquellos comportamientos de la formación morada que han acabado pasando por los tribunales. Se trata de la misma estrategia que ha seguido paso a paso y en los últimos tiempos el separatismo catalán.

El nuevo objetivo de los ataques de los podemitas se llama a Pedro Agudo. Se trata de un comisario que acaba de ser enviado a Galicia, pero que en su último destino intervino de forma decisiva en las investigaciones de la asociación ligada a Podemos Infancia Libre. Esta asociación colaboró con Podemos en su programa ultrafeminista y certificó sus trabajos de forma totalmente oficial firmando contratos de colaboración y asesoría con la formación morada.

El resultado final de esta asociación es conocido: la presidenta de Infancia Libre, María Sevilla, ha acabado condenada a dos años y cuatro meses de prisión, más retirada durante cuatro años de la patria potestad, por sustraer en 2019 a su hijo y tener al menor secuestrado en una finca de Cuenca sin escolarizar y sin contacto con su padre. El cuerpo policial que encabezaba en aquel momento Pedro Agudo logró, no sólo encontrar a ese niño y a otros con denuncias similares por secuestro, sino que, además, demostró que todo un largo listado de casos asesorados por Infancia Libre había acabado con similar resultado. Podemos nunca se lo perdonó, y ello, pese a que la Justicia certificó el más que acertado comportamiento de la Policía Judicial.

Por si fuera poco, policías compañeros y antiguos subordinados de Pedro Agudo han desarrollado una labor similar en la investigación de la caja B de Podemos, caso que ha llevado a la imputación de buena parte de la cúpula del partido morado y a similar situación para el conjunto de la formación de Pablo Iglesias: Podemos ha sido imputado en su conjunto como partido por este caso que atormenta al vicepresidente social y que ha sido respaldado por las denuncias de su ex jefe jurídico José Manuel Calvente. Y de ello, culpan de nuevo al comisario Agudo. Y, por supuesto, ha incrementado la ira de los radicales contra el policía.

Señalamiento desde el panfleto de Dina

El resultado ha sido la utilización del panfleto podemita La Última Hora para marcar, señalar y calumniar al policía. Todo un aviso a navegantes de las posibles consecuencias que esperan a los policías que osen investigar y aplicar la ley que rige para todos los españoles a los que antaño acusaban al resto de políticos de ser “la casta”. Y ese comportamiento no ha merecido ni un reproche público del partido que pacta con ellos y les permite mantener su poder en el Gobierno: el PSOE.

El panfleto de los podemitas, en el que Iglesias ha colocado como directora a la polémica Dina Bousselham -justo en medio de la investigación judicial del caso que llevó a Iglesias a quedarse el móvil de Bousselham con información sensible y privada-, ha publicado estos pasados días referencias al policía afirmando de él que se trata de “un inspector jefe clave para entender la policía política del PP”, ha afirmado que “dirige desde hace meses una investigación contra Podemos”, que “nada escapa a su control en los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla” -cuando lo cierto es que ya ni se encuentra en ese destino-, que su unidad es “poco transparente y con capacidad de desarrollar operaciones de distinta naturaleza”, y que Agudo, en primera persona, “siempre ha estado vinculado al PP y a las cloacas del Estado”.

Las calumnias sobre el policía van a más y afirman que “en esas cloacas manejadas por Cosidó, con Agudo como mano derecha, se fabricó, por ejemplo, el falso informe PISA contra Podemos y Pablo Iglesias”.

Amenazas de muerte al juez

La campaña de presión se centra ahora en el policía. Pero la dinámica es conocida. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, de hecho, sufrió ataques continuos en redes sociales, hasta que puso en conocimiento de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional la materialización directa de «amenazas de muerte» por parte de seguidores de ultraizquierda. Todo ocurrió tras haber instado el juez al Tribunal Supremo para que investigara al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por tres delitos cometidos en el caso Dina-Iglesias.

Así, la campaña de acoso y derribo iniciada contra el magistrado que ha apuntalado los tres posibles delitos de Pablo Iglesias pasó, directamente, a la categoría de amenazas de muerte.

Así lo denunció el propio magistrado ante miembros de la Comisaría de Información de la Policía Nacional, que ya investigan la procedencia de dichas amenazas. Según fuentes policiales consultadas por OKDIARIO, estas amenazas y episodios de acoso los venía sufriendo el juez desde hacía tiempo, pero se intensificaron con motivo de la decisión judicial que adoptó con respecto a Pablo Iglesias. En concreto, desde que García-Castellón elevó al Supremo una exposición razonada de motivos por los que imputar hasta tres delitos al vicepresidente Iglesias.

Según denunció ante los agentes de Policía, el instructor observaba muchas semejanzas en el modus operandi de los acosadores que le han puesto en la diana con los que le relató y describió el ex coordinador jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, en su declaración como testigo en el caso Dina-Iglesias.

No es la primera vez que ocurre ni que se denuncia un acoso semejante. El ex coordinador jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, reveló en su declaración ante el juez Manuel García-Castellón que «Podemos tiene a sueldo a un equipo», conocido como «las guerrillas de Podemos», que tiene el único objetivo de «cargarse a todos los jueces y a todas las personas» que son críticos con la formación morada.

«Te vas a arrepentir de haber hablado»

Llegado el final del interrogatorio a Calvente, tras más de tres horas explicando cómo urdió Pablo Iglesias un plan para convertirse en víctima del supuesto robo del teléfono móvil de su ex asesora Dina Bousselham, el instructor le preguntó sobre las coacciones que ha recibido por parte de miembros de Podemos.

En ese momento, Calvente rompió a llorar. Los presentes en la Sala guardaron silencio. Calvente confesó que estaba siendo víctima de amenazas, muy similares a las que denunció el magistrado García-Castellón. Él, su mujer, su hija y sus padres. «Temo que algún radical pase de las amenazas a lo físico», confesó con un nudo en la garganta.

Calvente, de hecho, recibió mensajes en los que le advertían: «Si declaras no sabes la que te espera, te van a machacar, te van a hacer la vida imposible y te vas a arrepentir de haber hablado».

Otros juez en la diana

Y un marcado público ha sufrido igualmente el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que investiga la corrupción del partido que dirige Pablo Iglesias.

Tras tomar declaración al abogado José Manuel Calvente (al que Podemos despidió con una falsa acusación de acoso sexual para intentar silenciarle, como ha acreditado la Justicia), el juez decidió imputar a Podemos como persona jurídica; al responsable de sus campañas electorales, Juanma del Olmo; al tesorero Daniel Frutos y a la gerente del partido, Rocío Val.

Y, de nuevo través del panfleto que dirige Dina Bousselham, ex asesora de Pablo Iglesias, Podemos señaló en aquel momento al juez Escalonilla afirmando que utiliza métodos propios de la «Alemania nazi» en su investigación sobre la financiación ilegal del partido morado.

Una semana después de que el juez imputara a Podemos por los presuntos delitos de malversación y administración desleal, el panfleto de Dina publicó un artículo en el que afirmaba, además, que Escalonilla está llevando a cabo una «investigación prospectiva» prohibida por el ordenamiento jurídico español y «vinculada al denominado Derecho Penal de autor, que no persigue hechos o actos delictivos concretos sino personas u organizaciones concretas, que convierte en sospechosas por ser quienes son».

Y a continuación puntualizó, en referencia a la actuación del juez Escalonilla: «El Derecho Penal de autor es incompatible con el principio de legalidad penal y con la seguridad jurídica y está vinculado sobre todo a la Alemania nazi pero también a la España franquista, por lo que en las democracias está prohibido terminantemente, al menos en teoría».