Podemos exige a Sánchez derogar la Ley de Amnistía del 77 y abrir juicio a colaboradores del franquismo

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Pedro Sánchez recibe a Pablo Iglesias en La Moncloa.

Tocar la Ley de Amnistía de 1977 no es cualquier cosa en España. Se trata de la ley de 15 de octubre de 1977 donde se eximía de responsabilidad penal a todos los presos políticos de la dictadura, así como a todo un abanico de afectados por delitos en actos políticos o de rebelión y sedición o, sólo por indicar otro apartado, los cometidos por la banda terrorista ETA.

Podemos sigue con su obsesión por revertir la historia y ha exigido al PSOE, como parte de los acuerdos de gobernabilidad, la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, una de las piezas clave de la Transición española. La primera consecuencia directa de esta medida sería la apertura de juicios contra protagonistas y colaboradores del franquismo.

La Ley de Amnistía no lo fue sólo para los apoyos de la dictadura que podrían haber sido acusados en la democracia. También benefició a presos de ETA. Pero Podemos busca una reapertura parcial: los únicos juicios que quiere abrir son los del bando franquista.

Podemos asegura que busca hacer justicia a “nuestra memoria democrática”. Su explicación para por afirmar que somos una “excepcionalidad europea en términos de impunidad” y que, por lo tanto, no se puede seguir en esta situación.

El eje que asegura buscar el partido de Pablo Iglesias se apoya en tres pilares argumentales: el primero, según sus palabras, hacer justicia, lo que incluye llevar a los responsables de actos pasados ante los tribunales. El segundo punto tendría una consecuencia presupuestaria: la reparación de los daños ocasionados a las víctimas. El tercero, según sus propias palabras, suena un tanto extraño: la no repetición, algo un tanto difícil, teniendo en cuenta que ya no hay dictadura.

Entre los actos que pretenden impulsar para acompañar esta derogación de la Ley de Amnistía se encuentra, por ejemplo, la retirada de “las medallas concedidas a Billy el Niño y a otros torturadores del franquismo”. Pero todo ello tendrá como colofón la modificación de esa Ley de Amnistía “para que se puedan juzgar los crímenes de lesa humanidad del fascismo, tal como hace ineludible el derecho internacional —que se incumple ahora en España—, y anularemos los juicios del franquismo. También declararemos nulas las condenas y sanciones de tribunales, jurados y otros órganos penales, administrativos o militares dictadas durante la guerra civil española o la dictadura por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual, identidad o expresión de género”, tal y como señalan desde Podemos.

Tocar la Ley de Amnistía de 1977 no es cualquier cosa en España. Se trata de la ley de 15 de octubre de 1977 donde se eximía de responsabilidad penal a todos los presos políticos de la dictadura, así como a todo un abanico de afectados por delitos en actos políticos o de rebelión y sedición o, sólo por indicar otro apartado, los cometidos por la banda terrorista ETA.

Su objetivo no era otro que evitar obstáculos por parte de todos a la llegada de la Transición y a la implantación pacífica de la democracia. Su objetivo era, en resumen, evitar rencores que pudieran torpedear el camino a un sistema democrático. Ahora Podemos quiere tumbar eso.

No se trata de la primera vez que se pretende reabrir este asunto. Y ha sido el propio PSOE el que en algunas ocasiones ha compartido este plan. En febrero de 2012, de hecho, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió a España la derogación de esta ley por la supuesta violación de las normas internacionales de derechos humanos.

Pero, desde España, el argumento constitucional siempre ha dado por sentado que no se puede admitir esa derogación porque se iría en contra del principio de irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables en materia penal, algo que regula en el artículo 9.3 la Constitución Española. Pese a ello, en marzo de 2018 Podemos, Compromís y partidos separatistas presentaron ya en el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma legal para tumbar la Ley de Amnistía. En aquella ocasión, el PSOE votó en contra.

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