Podemos exige en el Congreso el fin de Muface y el resto de mutuas de los funcionarios

Podemos ya tiene nuevo objetivo: acabar paulatinamente con el sistema de mutuas de los funcionarios. El principal socio del Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para acabar con la entrada de nuevos mutualistas en Muface y el resto de mutuas que permiten a los funcionarios poder disfrutar de una mejor asistencia sanitaria.

El objetivo de la proposición no de ley es que se debata en la Comisión de Sanidad y Consumo. Y la propuesta plantea la integración de los nuevos mutualistas en la sanidad pública. Es decir, sentenciar a muerte paulatinamente al sistema actual de mutualidades (Muface, Mugeju e Isfas) del que disfrutan los funcionarios. «La defensa de un modelo de sanidad pública y universal resulta incompatible con reservar una atención diferenciada a dos millones de personas», afirma Podemos en su texto.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las acciones necesarias para avanzar en la cohesión, equidad, la organización unificada y gestión pública directa del sistema sanitario atendiendo al interés general», señala el texto de los morados. Todo ello, con el fin de que «las nuevas incorporaciones hasta hoy protegidas por el mutualismo administrativo se incluyan en el régimen general del Sistema Nacional de Salud, respetando, si los hubiere, derechos adquiridos».

La proposición de Podemos no duda en señalar con el dedo a la sanidad privada. Según el texto, esas mutuas se basan en «emplear proveedores privados con financiación pública para la cobertura sanitaria» de los funcionarios. Y, efectivamente, ese sistema permite a los funcionarios elegir libremente el sistema sanitario a su alcance.

El resultado es un uso masivo del esquema privado que ha llevado a Muface a atender a 1.473.641 personas (984.867 titulares y el resto beneficiarios). Muface tiene conciertos, con este fin, con aseguradoras como Segurcaixa Adeslas, DKV e Igualatorio de Cantabria, que a su vez tienen acuerdos con centros como Quironsalud o Vithas. La mutua del Ejército, Isfas, atiende a otras 592.106 personas, y Mugeju -de los funcionarios de Justicia- da cobertura a 91.714 personas más. Y todo ello ha servido para mejorar la atención sanitaria de los empleados públicos, algo que a Podemos le molesta por no formar parte del sistema de sanidad pública.

Sistema de mutualismo sanitario

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha reclamado ya al Gobierno que garantice el mantenimiento del sistema de mutualismo sanitario de los funcionarios y que paralice el enésimo ataque contra este sistema de cobertura.

Desde CSIF lamentan “las presiones de Unidas Podemos que, a través de su grupo parlamentario en el Congreso, ha presentado una proposición no de Ley en la que pone en cuestión este modelo y pretende eliminarlo de manera progresiva”. Por ello, los funcionarios reclaman “una reunión a la ministra de Hacienda y Función Pública para aclarar esta situación planteada por sus socios de Gobierno, ante la incertidumbre generada entre el colectivo de funcionarios que, dicho sea de paso, durante todos estos meses de pandemia han garantizado, con muchas dificultades y responsabilidad, el funcionamiento de la Administración”.

CSIF también reclama a Hacienda que cierre el nuevo concierto sanitario con las mutuas para los próximos años estableciendo unas condiciones que hagan sostenible el modelo y la atención que reciben a diario en torno a 2,1 millones de personas (entre mutualistas y familiares beneficiados) en toda España. De lo contrario, estas personas pueden quedar en una situación muy comprometida, teniendo en cuenta, además, las dificultades y los recursos limitados del Sistema Nacional de Salud, seriamente tensionado por la pandemia.

Desde CSIF destacan que “el mutualismo administrativo se constituyó en un momento en el que los funcionarios carecían de Seguridad Social y tenían que costear de forma privada un seguro de atención sanitaria. Además, la atención sanitaria se presta bajo las condiciones que establece la Administración Pública en el concierto con las aseguradoras, que son diferentes a las ofertadas en un seguro privado y con prestaciones de la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud. Estas coberturas, incluso, están a veces mermadas en relación con las que ofrecen las propias comunidades autónomas al resto de habitantes de su territorio».

Esta iniciativa de Podemos se suma a la decisión del Gobierno de traspasar la gestión de Muface a la Seguridad Social, recientemente anulada por el Tribunal Constitucional.

El 22 de abril del año pasado, tal y como publicó OKDIARIO, el Gobierno aprovechó este real decreto para traspasar la gestión de Clases Pasivas a la Seguridad Social. Así, modificó de manera unilateral la gestión de las prestaciones y pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo.

CSIF inició una interlocución con los diferentes grupos parlamentarios y el propio Gobierno para frenar esta iniciativa y solicitó al Ministerio de Seguridad Social una aclaración sobre las consecuencias de dicho traspaso de gestión y en su contestación generó más dudas. En aquel momento, el Gobierno aseguró a CSIF que, “si bien se trataba de un cambio en la gestión de las pensiones, las consecuencias de este traslado serían abordadas ‘más adelante’”. Ahora es Podemos el que ataca al sistema.