El gran sindicato de los funcionarios prepara movilizaciones contra el Gobierno para salvar Muface

El ataque a Muface del Gobierno tendrá respuesta de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE). CSIF propondrá al resto de sindicatos un calendario de movilizaciones ante el incumplimiento por parte del Gobierno del IV Convenio Único del Personal Laboral de la Administración General del Estado.

Aunque ese será el fin principal, a nadie se le escapa que la polémica por el intento del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de desmantelar Muface y obligar a los funcionarios a prescindir de su modelo de asistencia sanitaria, late de fondo. Todas esas afrentas estarán presentes en las movilizaciones si el Gobierno no cumple con sus promesas ante los funcionarios y si insiste en anular el modelo de mutuas encabezado por Muface.

El IV Convenio Único fue suscrito el 4 de marzo de 2019 y afecta a cerca de 40.000 personas. El documento, con fuerza de ley y publicado en el BOE, contempla un nuevo encuadramiento legal de las funciones de todo este colectivo y lleva aparejada una subida salarial anual, según los cálculos de CSIF, en una horquilla de entre 357 y 1.325 euros, con efectos de 1 de enero de 2019. El colectivo afectado de 40.000 personas son mileuristas.

Desde CSIF señalan que “el Ministerio de Función Pública y Política Territorial nos dice que esta subida, pese a estar cuantificada y autorizada por el Ministerio de Hacienda, no se podrá llevar a cabo hasta que no vean la luz los nuevos Presupuestos Generales del Estado”.

“CSIF ha estado en contacto con el Ministerio para que reconsidere su postura. Ya nos hemos cansado de esperar. En nuestra opinión, ante las evidentes dificultades que supondrá acordar unos próximos presupuestos, CSIF entiende que el Gobierno vuelve a situar a los/as empleados públicos como rehenes del acuerdo político”, destacan desde el sindicato.

A la vista de que la Administración sigue sin dar una solución definitiva al encuadramiento y al abono de los atrasos con efectos 1 de enero de 2019, dilatando su abono “sine die” y condicionándolo a la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, “CSIF considera que ha llegado el momento de dar una respuesta conjunta y contundente en defensa de los derechos de las plantillas”.

Para CSIF “la posición actual de la Administración de ‘escudarse’ en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, supone una deslealtad con el Personal Laboral y una gran injusticia que deja palpable una vez más la desconsideración que la Administración tiene con este colectivo y el desprecio absoluto a la negociación colectiva”.

Por ello, desde CSIF señalan que «en la reunión mantenida con la Ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, el pasado 2 de julio, CSIF ya señaló diferentes problemas que se deben afrontar cuanto antes para fortalecer nuestras administraciones públicas y garantizar la reconstrucción del país tras los efectos del coronavirus”. Según el sindicato, “hace falta un refuerzo urgente de las plantillas en diferentes ámbitos que dependen tanto del Gobierno (Seguridad Social, SEPE, Prisiones, Justicia) como de las Comunidades Autónomas (Sanidad, Asuntos Sociales, Educación) y que requieren del impulso y coordinación del Ejecutivo”.

Además, “nos encontramos con que la temporalidad en las Administraciones Públicas se sitúa en la cifra récord del 27,8 por ciento (cifras EPA). Según datos de CSIF, el 64 por ciento de las ofertas de empleo público aprobadas desde 2017 están sin ejecutar”.

Golpe a la joya de los funcionarios

No se trata del único golpe recibido en los últimos meses por los funcionarios de manos del Gobierno socialcomunista. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han puesto en su punto de mira a las tres mutuas de los empleados públicos, tal y como anunció el 28 de abril OKDIARIO. La más conocida de estas entidades es Muface, la joya de los funcionarios. El Gobierno socialcomunista quiere controlarlas y cortar el pago que destina cada mes para que los empleados públicos puedan disfrutar de una sanidad privada. Pero el Gobierno no es consciente de un pequeño problema del que sí se ha percatado CSIF: al retirar esos servicios sanitarios, dos millones de funcionarios pasarán al sistema de sanidad pública. El colapso está servido.

El Gobierno socialcomunista de PSOE y Podemos pretende asestar un nuevo hachazo tanto a la Sanidad privada, como a la industria farmacéutica con la excusa de reforzar el sistema sanitario público. Los «expertos» del Ministerio de Sanidad apuestan por recortar al máximo la factura en medicamentos, integrar a los funcionarios en la Sanidad pública e incluso amputar cualquier influencia de los laboratorios en la formación del personal sanitario. Y ese plan incluye la integración de las tres mutuas de los empleados públicos en el sistema general de salud pública. Las tres entidades son Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y Mugeju (Mutualidad General Judicial).

De momento, se trata de un «documento dinámico» titulado Plan de Acción para la Transformación del Sistema Nacional de Salud en la era Post-Covid19. Y el mismo señala que la crisis del coronavirus «ha evidenciado que nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) presenta ciertas debilidades que es necesario atender con premura si quiere aspirar a seguir siendo una referencia para todos ciudadanos y profesionales».

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha dirigido ya una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que informe sobre sus planes sobre el sistema de mutualismo administrativo y en todo caso “garantice su mantenimiento y la actual cobertura sanitaria del colectivo de funcionarios”.

“CSIF se hace eco de la inquietud que ha generado un documento en el que trabaja el Ministerio de Sanidad donde se anuncia la intención de abordar la financiación de las mutuas”, señala la misiva. Y el mismo sindicato señala también que “la medida supondría la retirada de la financiación del Estado destinada a una asistencia sanitaria a la que se acogen dos millones de funcionarios”. Traducido: que esos “dos millones de usuarios de servicios médicos pasarían a entrar en el sistema público de salud”. Toda una garantía de colapso en plena era del coronavirus.