Podemos exigió al Gobierno el pasado mes de febrero acabar con Muface

Irene Montero
Pablo Iglesias e Irene Montero. (Foto: Europa Press)
Carlos Cuesta

Recién formado el Gobierno socialcomunista Podemos encendió la mecha contra Muface y todo el sistema de mutuas de los empleados públicos. El partido de Pablo Iglesias mostró internamente su rechazo al sistema conformado por tres entidades -Muface (de los funcionarios civiles), Isfas (Fuerzas Armadas) y Mugeju (Juticia)-: la tres mutuas que permiten a los empleados públicos elegir entre una sanidad pública y una asistencia hospitalaria por medio de aseguradoras privadas. Así se lo transmitió la formación morada en los primeros compases del Gobierno al partido de Pedro Sánchez, donde unas voces fueron más contrarias y otras muchas más favorables a la reforma.

El argumento de los podemitas fue el mismo que muchos socialistas traían ya preparado desde las distintas federaciones del PSOE: que lo necesario era fortalecer el sistema público de sanidad y no permitir asistencia en hospitales privados gracias a la gestión de las tres mutuas de los funcionarios. Porque, según esas voces, Muface incentiva la “desigualdad entre la población”.

Esas voces simplemente olvidaron que los funcionarios no van a dejar de necesitar sistemas de asistencia sanitaria -no van a dejar de enfermar, ni de necesitar acudir a urgencias, ni de realizar revisiones médicas, etc.-, por lo que, en caso de eliminar Muface y el resto de mutuas, los más de dos millones de empleados públicos y familiares que utilizan el modelo Muface tendrían que pasar en bloque al sistema sanitario público, colapsando los servicios de forma obvia.

Unidas Podemos parece tener una espina clavada con Muface. Ya en diciembre de 2019, justo antes de la formación del Gobierno socialcomunista, la formación morada abrió fuego internamente con sus deseos de eliminar la libre elección de servicios sanitarios de los empleados públicos, tal y como recuerda Antonio Román, senador del PP que se ha encargado del seguimiento de este tema. Podemos lo hizo, pese a tramar un nuevo engaño: porque no recogió esta reforma en ninguno de los puntos del programa electoral de Podemos. Por cierto, tampoco aparece en el programa de Gobierno que pactó con el PSOE.

Román ha preguntado al Gobierno por medio del Senado si piensa aceptar estas presiones y eliminar Muface. A lo que el Gobierno ha contestado con una negativa: “El Gobierno no prevé la supresión de los regímenes especiales de las mutualidades administrativas”. Eso sí, no descarta cambios en su respuesta por escrito a la que ha tenido acceso OKDIARIO: “El Gobierno manifiesta, en todo caso, su sensibilidad para valorar cualesquiera medidas que puedan sugerirse para la mejora de los servicio”.

Acabar con Muface

La contestación por escrito, y a través del Senado, se realizó el 13 de mayo. Y después de esa fecha ha llegado el informe “dinámico” de los expertos de Salvador Illa que sí abre la puerta a la eliminación de Muface, tal y como ya ha publicado OKDIARIO y ha denunciado el principal sindicato de la función pública, CSIF. Traducido: que las presiones de Podemos y los sectores más radicales del PSOE siguen vivas y la necesidad de fondos del Gobierno en plena crisis del coronavirus ha engrasado los ataques internos a Muface.

Es más, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pactaron un Real Decreto en abril que ponía oficialmente en su punto de mira a las tres mutuas de los empleados públicos, tal y como publicó el 28 de abril OKDIARIO. La más conocida de estas entidades es Muface, la joya de los funcionarios. El Gobierno socialcomunista quiere controlarlas y reducir el pago que destina cada mes para que los empleados públicos puedan disfrutar de una sanidad privada.

Pero ese mismo Gobierno no es consciente de un pequeño problema del que sí se ha percatado CSIF: al retirar esos servicios sanitarios, más de dos millones de funcionarios pasarán al sistema de sanidad pública. El colapso está servido.

Colapso de la sanidad pública

Los «expertos» del Ministerio de Sanidad apuestan en el citado informe por recortar al máximo la factura en medicamentos, integrar a los funcionarios en la Sanidad pública e incluso amputar cualquier influencia de los laboratorios en la formación del personal sanitario. Y ese plan incluye, efectivamente, la integración de las tres mutuas de los empleados públicos en el sistema general de salud pública. Las tres entidades son Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y Mugeju (Mutualidad General Judicial).
De momento, se trata de un «documento dinámico» titulado Plan de Acción para la Transformación del Sistema Nacional de Salud en la era Post-Covid 19. Y el documento señala que la crisis del coronavirus «ha evidenciado que nuestro SNS [Sistema Nacional de Salud] presenta ciertas debilidades que es necesario atender con premura si quiere aspirar a seguir siendo una referencia para todos ciudadanos y profesionales».

El documento apunta que su objetivo es aprovechar «la ventana de oportunidad transformadora que supone» la crisis provocada por la aparición del coronavirus. Pero la ventana se abre para intentar asestar otro golpe de gracia a Muface, la Sanidad privada y, por supuesto, a la industria farmacéutica.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha dirigido ya una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que informe sobre sus planes sobre el sistema de mutualismo administrativo y en todo caso “garantice su mantenimiento y la actual cobertura sanitaria del colectivo de funcionarios”.

“CSIF se hace eco de la inquietud que ha generado un documento en el que trabaja el Ministerio de Sanidad donde se anuncia la intención de abordar la financiación de las mutuas”. Y el mismo sindicato señala también que “la medida supondría la retirada de la financiación del Estado destinada a una asistencia sanitaria a la que se acogen dos millones de funcionarios”. Traducido: que esos “dos millones de usarlos de servicios médicos pasarían a entrar en el sistema público de salud”. Toda una garantía de colapso en plena era del coronavirus.

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