Reforma sanitaria

La reforma sanitaria de Sánchez: eliminar las mutuas de funcionarios y recortar 8.000 millones en medicamentos

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Ministerio de Sanidad

El Gobierno socialcomunista de PSOE y Podemos pretende, como ha hecho siempre que ha accedido al poder, asestar un nuevo hachazo tanto a la Sanidad privada como a la industria farmacéutica con la excusa de reforzar el sistema sanitario público. Una vez más, los «expertos» del Ministerio de Sanidad apuestan por recortar al máximo la factura en medicamentos, integrar a los funcionarios en la Sanidad pública e incluso amputar cualquier influencia de los laboratorios en la formación del personal sanitario.

Por supuesto, tampoco falta la eliminación de las desgravaciones fiscales de los seguros privados de salud, una amenaza siempre latente cada vez que la izquierda accede al poder.

De momento, se trata de un «documento dinámico» titulado Plan de Acción para la Transformación del Sistema Nacional de Salud en la era Post-Covid 19, una crisis que «ha evidenciado que nuestro SNS presenta ciertas debilidades que es necesario atender con premura si quiere aspirar a seguir siendo una referencia para todos ciudadanos y profesionales».

Los otros «expertos» que se han encargado de elaborar dicho plan, a las órdenes directas del ministro Salvador Illa,  están coordinados por el Secretario General de Sanidad (SGS). Se trata de «20 profesionales destacados conocedores del SNS de distintos ámbitos y áreas de conocimiento (sanitarios, economistas, politólogos, gestores, investigadores…), y por toda la estructura directiva del Ministerio de Sanidad (Directores Generales de Ordenación Profesional, Salud Pública, Calidad e Innovación y de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia), así como profesionales de los Gabinetes del Ministro y del SGS».

«Ventana de oportunidad»

El objetivo es aprovechar «la ventana de oportunidad transformadora que supone» la crisis provocada por la aparición del coronavirus para intentar asestar otro golpe de gracia a la Sanidad privada y, por supuesto, a la industria farmacéutica.

Tampoco se salvan los profesionales sanitarios, a los que se promete una relación laboral más estable pero cuya formación -esencial en una Medicina en constante avance a nivel científico y tecnológico- debe estar «alejada de las influencias de la industria» que, precisamente, promueve esa modernización.

De hecho, en el campo de la investigación se afirma que «son conocidos los sesgos relacionados con la participación de la industria en el desarrollo de los ensayos clínicos y la publicación de resultados, y en la elección de los objetos de investigación, orientados hacia el logro de resultados patentables que puedan dar lugar a productos comercializables. Por ello es deseable un mayor impulso a una investigación objetiva y soportada en una evaluación independiente y propiciar líneas de investigación diversas, con control público por parte de un SNS abierto y trasparente».

El capítulo más importante es el dedicado a «mejorar la financiación del SNS», debilitado por los recortes derivados de la crisis de 2008.

Gasto farmacéutico

Por supuesto, el énfasis se pone en el gasto farmacéutico «que supone más del 25% del gasto sanitario público total, y que sería mayor si no se hubiera trasladado parte del gasto a los pacientes, puede poner en riesgo la estabilidad económica del sistema. Este problema va a aumentar por los elevados precios que reclama la industria farmacéutica para los nuevos medicamentos», afirman los expertos.

Es más, afirman los expertos del Ministerio que «el gasto por sobre-precio (por encima de los costes de fabricación y de investigación) supone en España más de 8.000 millones de euros, que deberían revertir en el SNS para cubrir diferentes necesidades que se han desgranado en este informe».

Entre las medidas que se proponen para garantizar la financiación de la Sanidad pública destaca «abordar, en el sentido que orienta la Ley 14/1986, General de Sanidad, la situación de las mutualidades con financiación pública directa (MUFACE, MUGEJU e ISFAS)», es decir, la integración de la asistencia sanitaria de los funcionarios, actualmente a cargo del sector privado, que es la opción mayoritariamente elegida por los empleados públicos.

También se señala a «la financiación indirecta mediante desgravaciones a seguros comerciales de salud», cuya eliminación siempre ha sido uno de los principales caballos de batalla de la izquierda en el ámbito sanitario.

 

 

 

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