Congreso de los Diputados

Podemos dice en el debate de los delitos de odio que llamar ‘marqués de Galapagar’ a Iglesias es «ofensivo»

Enrique Santiago exigió censurar a dos diputados de Vox por el uso de este término en sede parlamentaria

PSOE y Podemos aprueban en el Congreso que el Gobierno persiga "discursos de odio" en las redes

El diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago exigencia la censura del Congreso a un parlamentario de Vox.

El grupo parlamentario de Unidas Podemos no quiere que ningún diputado del Congreso llame «marqués de Galapagar» al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en alusión a su casoplón en este municipio de Madrid, cuya compra reveló en exclusiva OKDIARIO.

Durante la celebración este lunes de una sesión de la Comisión de Interior donde se debatía una iniciativa de Unidas Podemos para que el Gobierno persiga «mensajes de odio» en las redes sociales, el diputado del grupo confederal y líder del Partido Comunista (PCE), Enrique Santiago, calificó de «ofensivo» referirse de esta manera al vicepresidente del Ejecutivo. Dos diputados de Vox, primero Lourdes Méndez Monasterio, y después Manuel Mariscal, emplearon este término sobre el líder morado.

Pero Santiago, que ha sido abogado de las guerrillas colombianas de las FARC, fue más allá y exigió a la presidenta de la Comisión, la diputada socialista Ana Botella, que pidiera al diputado de Vox Manuel Mariscal la retirada del calificativo «marqués de Galapagar» por ser «ofensivo».

Previamente, había hecho lo propio con Lourdes Méndez Monasterio, también de Vox, que sí accedió a la retirada del mismo. El dirigente comunista, que otra veces apela a la libertad de expresión de los suyos, dijo que «estos títulos nobiliarios no son propios de esta época y nos parece que son insultantes».

«Decoro de la dignidad»

Después, en la intervención de Mariscal, Enrique Santiago señaló: «Afecta (la alusión) al decoro de un grupo parlamentario, al decoro de la dignidad. En nuestro grupo parlamentario no hay ningún marqués de Galapagar. El vicepresidente del Gobierno no es ningún marqués de Galapagar y nos parece además que calificar de esa forma al vicepresidente del Gobierno obviamente tiene un intento ofensivo cuando probablemente la casa del vicepresidente del Gobierno no vale ni la mitad de lo que vale la casa del secretario general de estos señores», dijo el dirigente del PCE sobre Santiago Abascal.

En su caso, y ante tal intento de amordazar a la oposición por parte del parlamentarios de Unidas Podemos, Mariscal criticó que los socialcomunistas quieran imponer la «censura» sobre el término «marqués de Galapagar». «¿Saben de dónde no van a poder retirarlo todavía? De YouTube. Y digo todavía, porque con esta proposición de ley  (la de Unidos Podemos para perseguir desde el Gobierno «mensajes de odio») su objetivo no es sólo censurar a esta diputada aquí, sino también en las redes sociales», subrayó Mariscal.

Así mismo, el diputado de Vox se negó a retirar la alusión y dijo también que Pablo Iglesias es «hijo de un terrorista». Las mismas palabras que pronunció hace unos meses también en sede parlamentaria la ex portavoz del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, recordando en el Pleno de la Cámara Baja que el padre de Pablo Iglesias militó en el FRAP.

La socialista Ana Botella, como presidenta de la Comisión, ordenó la retirada del diario de sesiones de esta última afirmación siguiendo los mismos pasos que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, también del PSOE, en el caso de Álvarez de Toledo.

En la misma sesión de este lunes en la Comisión de Interior, salió adelante con los votos de PSOE y ERC una iniciativa de Unidas Podemos que precisamente insta al Gobierno a regular la persecución, al margen de los jueces, de aquello que los socialcomunistas consideren como «mensajes de odio» susceptibles de delito. Y aquí enmarca Unidos Podemos el uso de «marqués de Galapagar» para referirse a Iglesias, un calificativo «insultante» y «ofensivo» para Enrique Santiago.

En concreto, la iniciativa de Podemos y sus confluencias -que tuvo 19 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones- sostiene que la irrupción del Covid ha generado, a su entender, «una creciente polarización» en la opinión pública que, organizada por diferentes grupos de presión, utiliza las redes sociales, portales digitales u otras plataformas virtuales para «señalar a determinados individuos o a grupos específicos como los causantes y responsables de la crisis sanitaria».

La formación del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, afirma que «el dolor colectivo derivado del coronavirus se ha estado instrumentalizando con fines ideológicos». En concreto, el grupo confederal de Unidas Podemos ha emplazado al Gobierno a garantizar que los usuarios de las empresas tecnológicas dispongan de la información necesaria sobre «cómo denunciar los contenidos que inciten al odio».

Eliminarlos en 24 horas

Al salir aprobada, esta proposición no ley tiene ahora el rango de ser un mandato parlamentario del Congreso al Ejecutivo. La iniciativa exige que se acelere la actuación contra estos mensajes, es decir, que se simplifiquen los mecanismos para denunciar este tipo de mensajes de odio o de violencia; que se reduzca el tiempo de procesamiento de esos contenidos y que los operadores de las empresas dispongan de 24 horas para eliminarlos de la Red y de solo una cuando las víctimas sean menores.

Además, el partido de Iglesias quiere el Gobierno regule la obligatoriedad de que los operadores almacenen temporalmente el contenido de incitación al odio denunciado y de ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

En los últimos meses, el PSOE de Pedro Sánchez ha atacado a Vox por este flanco, atribuyéndole supuestos delitos de injuria y de odio en las redes sociales que luego ha desmentido la Justicia. Así, ocurrió el pasado septiembre cuando la Fiscalía Provincial de Madrid archivó diligencias de investigación derivadas de una denuncia presentada por el PSOE contra Vox por una serie de tuits en los que el partido de Santiago Abascal acusaba al Gobierno de «ocultar» las consecuencias de la pandemia de coronavirus. Según el Ministerio Público, «a pesar de lo criticable», tales mensajes no constituían delito.

Lo último en España

Últimas noticias