Sánchez rebaña impuestos con el virus: se queda 450 millones de IVA de la reserva estratégica anticovid

Nada escapa al ansia recaudatoria de Pedro Sánchez: ni la reserva estratégica de material contra el coronavirus. Mientras las críticas arrecian por lo escaso y tardío de esa reserva de tests, mascarillas, guantes o gel anticovid, el pliego del contrato desvela que el mordisco fiscal al contrato se eleva a nada menos que 447,55 millones de euros.

Se trata de la recaudación en concepto de IVA a la que no renuncia el Gobierno y que fuerza a que el material de protección adquirido sea menor para hacer hueco al pago de los impuestos.

La reserva estratégica de material de protección frente al COVID-19 llegará tarde y será escasa. En primer lugar, su tardanza está motivada porque el Gobierno no previó el nuevo avance del virus -de hecho, sigue negándose a admitir de forma oficial el rebrote y la segunda ola de coronavirus-.

Además, su retraso se produjo por decisión oficial: la evidencia del «riesgo de falta de abastecimiento» en algunas comunidades autónomas, llevó al mismo Ejecutivo central que niega la segunda ola de coronavirus, a paralizar la puesta en marcha del contrato y atrasarlo para que se incorporaran comunidades que no habían solicitado inicialmente material urgente. Entre esos territorios estaban las dos comunidades de más marcado carácter separatista: la Cataluña de Quim Torra y el País Vasco de Iñigo Urkullu.

Galicia y Murcia también se sumaron a las compras centralizadas.
Pero, quizás, lo más llamativo es que la Generalitat no hubiese querido entrar desde el primer momento en las compras centralizadas pese a ser el principal foco de contagios de toda España en estos momentos.

50.000 pruebas diarias

Además, tal y como ha publicado ya OKDIARIO, la dotación de material adquirido en esta reserva estratégica hace que sólo se vaya a poder mantener, por ejemplo, en materia de test PCR, un ritmo de 50.000 pruebas diarias durante un máximo de 15 días: un volumen literalmente ridículo para un rebrote como el esperado en invierno. En estos momentos, y en pleno verano, de hecho, se están realizando ya 40.000 test por día.

El plan del Gobierno de Pedro Sánchez para crear una reserva de material de cara a un rebrote fuerte de coronavirus fija, de este modo, la reserva de test con una dotación para 15 días con un nivel de realización de 50.000 pruebas diarias. Eso significa que, a lo sumo, la reserva permitiría realizar test al 1,6% de la población española. Y ello, contando con que no se tengan que realizar varios test a la misma persona, cosa más que improbable.

Y uno de los motivos de lo escaso del material contra el coronavirus comprado por el Gobierno de Pedro Sánchez, obviamente, es el coste económico. Un coste en el que se ha hecho hueco, una vez más, al pago fiscal, en concreto del IVA. Los pliegos de la megalicitación pública de compra de material para la reserva estratégica recogen un importe total de la licitación de «2.578.739.505,65 euros». Pero ese «importe (sin impuestos)» queda en «2.131.189.674,09 euros».

Traducido: de todo el volumen teóricamente dispuesto por el Gobierno para compra de material anticovid, lo cierto es que casi 450 millones de euros son de ida y vuelta. Porque el IVA hará que la compra real de material se minore en, exactamente, 447,55 millones de euros.
Y todo ese dinero volverá a las arcas de Sánchez para ser destinado a otros fines.

Megacontrato

Hay que recordar que el megacontrato para comprar el material anticovid con el que crear la reserva estratégica española de mascarillas, batas, test, guantes, etc. comenzó ya rodeado de polémica. El Gobierno lo ha lanzado cuando el rebrote es ya más que evidente y las compras, por pura lógica, deberían haber estado ya cursadas.

Por si fuera poco, lo paró una semana después de lanzarlo porque, según su propia explicación, las cantidades pedidas no cubrían las necesidades de todas las comunidades y había «riesgo de desabastecimiento», con lo que habrá que esperar más para ampliar el pedido.

Pero, para terminar el cúmulo de imprevisiones, una de sus cláusulas expulsaba del contrato a la inmensa mayoría de empresas españolas: exigía contar con una facturación equivalente al importe de los lotes -los lotes oscilan entre los 19,5 millones de euros y los 359 millones- y la práctica totalidad de las compañías españolas no alcanzan esos niveles de facturación anual. Todo un despropósito que levantó el enfado de la industria española y que, encima, volvía a entregar el control de nuestro aprovisionamiento a empresas chinas.

La cláusula que expulsaba ya ha sido corregida en la versión definitiva del contrato, tras denunciar OKDIARIO semejante locura. Esa cláusula se recogía en el ‘Criterio de Solvencia Económica-Financiera’, donde se señalaba que la «cifra anual de negocio» tenía que respetar «lo establecido en la cláusula 8 del PCAP».

Allí se señalaba el «Umbral Mínimo requerido: el importe que deberán acreditar referido al mejor ejercicio deberá ser igual o superior de la suma del valor estimado de los lotes en que participe. (Impuestos excluidos)».

Los lotes sacados a concurso oscilaban desde los 19,5 millones hasta los 359 millones. Por lo tanto, para poder concurrir, las empresas deberían haber facturado esas cantidades anualmente.

El sector español de este tipo de productos es pequeño y, por lo tanto, la condición impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, volvía a dejar las compras de material anti COVID en manos de las grandes del sector: las compañías chinas.

Tras la denuncia de este diario, ese punto ha sido corregido.